La mayoría es gente anónima; simples navegantes de la Red. Pero ellos (ustedes) han hecho la diferencia: muchas causas que antes de las redes sociales habrían concluido en injusticias, tuvieron un final feliz. O más satisfactorio. En los últimos pocos meses, una serie de eventos probaron la efectividad del colectivo en Twitter, Facebook y Youtube en México. Los siguientes hashtags y las historias que los acompañan son una razón más por la que la censura en Internet simplemente suena a viejo, anquilosado, podrido

Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos… –Mohandas Karamchand Gandhi

#MardukLibre

Marduk Chimalli Hernández Castro, estudiante de Comunicación de La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), fue detenido el 15 de marzo de 2013 por presunto robo a transeúnte. Aquel día caminaba a unas cuadras de su casa en compañía de sus padres cuando elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) lo increparon y lo acusaron del hurto de un celular y un par de anillos a una señora que lo señaló por ir vestido de forma similar a la persona que lo asaltó.

Posteriormente, en las redes sociales comenzó a circular su caso. Estudiantes de la UACM, así como de otras universidades, demandaron la libertad de su compañero. A un día de su detención, el hashtag #MardukLibre se hizo viral en Twitter.

El 21 de mayo de 2013, el rector de la UACM, Enrique Dussel Ambrosini, intervino en el caso y visitó al joven en el reclusorio. Dussel explicó que en aquella ocasión “le pregunté cómo se sentía y cómo asimilaba su experiencia tras vivir una injusticia”. “Le dije que ahora es responsable de luchar en favor de la justicia”, declaró el entonces rector interino de esa casa de estudios.

Ese día, Federico Anaya Gallardo, encargado del despacho de la Oficina del Abogado General de la UACM, informó que la institución presentó un amicus curiae ante el Juzgado 7 Penal en el Reclusorio Norte, recurso que sirvió para apelar por la inocencia de Marduck, ya que se traba de una opinión técnica sobre las violaciones a los derechos humanos, incluidas violaciones al debido proceso, cometidas contra el estudiante.

Tras dos meses y medio de protestas a través de las redes sociales y diversos procesos jurídicos, el 27 de mayo el estudiante fue liberado “por falta de pruebas”, según indicó el Juez 7 Penal del Reclusorio Norte.

#LiberÁDMe

El 11 de julio de 2013, Ángel de María Soto Zárate, de 23 años y oriunda de Xalapa, Veracruz, abordó un vuelo hacia Lima, Perú, donde transbordaría para llegar a su destino final: la jornada mundial de la juventud con el Papa Francisco en Brasil. En Lima, la joven maestra fue detenida por extraviar su pasaporte. Las autoridades decidieron regresarla a la Ciudad de México donde comenzó su pesadilla: le cambiaron el ticket de su maleta y le entregaron un equipaje con cocaína.

Fue consignada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit por tráfico de drogas.

Desde que se dio a conocer el caso, cientos de ciudadanos e integrantes del grupo católico Comunidad Incienso de Dios (CID) lanzaron una intensa campaña en redes sociales para exigir la liberación de la joven. Crearon una cuenta de Facebook y el hastahg #LiberÁDMe a través de Twitter, donde promovieron la inocencia de Ángel de María.

Días después la movilización causó efecto y su situación fue retomada por la Procuraduría General de la República (PGR). Luego de una semana, el Procurador Jesús Murillo Karam anunció que la maestra sería liberada al no haberse encontrado pruebas en su contra. “Fue un milagro divino a través de las redes sociales”, afirmó la maestra.

#TodosSomosManuelito

La historia de Feliciano impactó a la sociedad mexicana luego de que través de las redes sociales se divulgara en julio del año pasado un video en donde se veía al ex inspector Juan Diego López Jiménez obligando al menor a tirar su mercancía que vendía en una de las calles de Zona Luz del centro de Villahermosa, Tabasco.

Después de la agresión, el entonces encargado de la “autoridad” se retira y se lleva tres cajetillas de cigarros que al parecer sacó de la canasta del pequeño, quien se queda llorando en el piso.

Ante los miles de reclamos a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, las autoridades de Tabasco cesaron inmediatamente al inspector López Jiménez.

Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tabasco giró dos órdenes de localización y presentación contra Juan Diego López Jiménez y Carmen Torres Díaz, funcionaria que fue testigo de los hechos, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y robo con violencia moral, quien fue liberada tras pagar una fianza.

Hasta la fecha, el hashtag #TodosSomosManuelito –con el que fue promovido el caso– sigue vigente en Twitter como un ejemplo de justicia… a medias. A Feliciano le fue ofrecida ayuda por los gobiernos de Tabasco y Chiapas. Esa ayuda no le llegó.

 #LiberenaConcepción

Luego de estar 219 días en prisión, Concepción Galván Escalante obtuvo su libertad en octubre de 2013 gracias a la movilización de internautas que promovieron que se le hiciera justicia a la madre soltera acusada de abortar.

El pasado 25 de febrero del año pasado, Concepción, de entonces 25 años, sintió dolores en su vientre. Acudió a un hospital de la Cruz Roja en el puerto de Veracruz y detectaron que estaba embarazada. Ella no lo sabía. Horas más tarde fue acusada de homicidio doloso.

Aunque tuvieron que pasar más de siete meses para que las autoridades de Veracruz reconocieran que nunca hubo elementos que acreditaran la comisión del delito de homicidio, la organización ASILEGAL nunca quitó el dedo del renglón.

Su caso se dio a conocer bajo el hashtag #LiberenaConcepción. A la causa se sumaron organizaciones e internautas que apoyaron a la madre soltera. Tras la liberación de Concepción, la organización defensora de derechos humanos lanzó un comunicado en el que agradeció el respaldo de la sociedad civil y activistas.

“No hay palabras para agradecer a todas las personas y organizaciones que hicieron suya la demanda de #LiberenaConcepcion. Sin su apoyo, esta mujer inocente seguiría privada de su libertad injustamente”, afirmó ASILEGAL en un comunicado.

#FreeGumalo

Gustavo Maldonado o @gumalo3105, como se le conoce en Twitter, era administrador de un cybercafé y estudiante universitario. A pesar de que no existió un testimonio directo que lo incriminara fue recluido en el penal de El Amate, en Chiapas, acusado de narcomenudeo.

Redes sociales nacionales e internacionales se movilizaron para ayudar a salir de prisión al joven. Además, con las etiquetas o hashtags: #FreeGumalo y #FreeLegionChiapas, los usuarios del microblogging exigían justicia.

De acuerdo con reportes de prensa, el 8 agosto de 2013, Gustavo salió del cibercafé que se encuentra en su domicilio para ir a comprar una hamburguesa. De regreso, una persona vestida de civil lo detuvo. Días después, a pesar de las irregularidades en el caso el Juez Tercero del Penal El Amate, Jesús Aguilar Zúñiga, dictó auto de formal prisión en su contra.

Gustavo recobró su libertad el pasado 7 de octubre, tras estar 90 días en prisión y ante la nula evidencia de venta de drogas. Semanas antes había iniciado una campaña por su libertad en redes sociales, impulsada por Propuesta Cívica y varios activistas que exigían justicia.

#TodosPorPatishtán

Alberto Patishtán Gómez, profesor indígena Tozil bilingüe en el municipio de Huitiupan, Chiapas, fue encarcelado en junio del año 2000 tras haber sido detenido por las autoridades municipales durante una emboscada en Las Lagunas de Las Limas, municipio de Simojovel.

Alberto Patishtán Gómez, fue condenado a 60 años de prisión por haber participado presuntamente en el homicidio de elementos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que cayeron durante aquella emboscada, la cual se informó, había sido provocada por integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y aunque se demostró que aquel día el maestro se encontraba dando clases en un aula, fue llevado preso al Penal de San Cristóbal de las Casas y Villaflores, Chiapas.

Posteriormente, en marzo de 2010 El Movimiento Campesino Independiente (Mocri) de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) al cual pertenecía Patishtán informó sobre el ayuno de 30 de sus militantes presos en cinco penales de Chiapas en demanda de su libertad y poco a poco comenzaron a surgir diversas formas de protesta que demandaron la liberación de los presos.

Hasta enero de 2013 varios de los compañeros de Alberto Patishtán fueron liberados, sin embargo, el maestro tzotzil continuaba en la cárcel por lo que una serie de manifestaciones comenzaron a exigir su liberación.

El caso se volvió viral en las redes sociales por lo que en poco tiempo el trending topic con el hashtag #TodosPorPatishtán acaparó la atención de todos hasta lograr que varios usuarios de la red se opinaran por aquella injusticia.

El 31 de octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto, concedió el indulto a Alberto Patishtán y el caso quedó cerrado, pero registrado en la memoria colectiva.

#CircoSinAnimales

El hasthag #CircoSinAnimales surge a partir de que la asociación protectora de animales Anima Naturalis convocó a través de Twitter a los usuarios de la red a realizar protestas en distintos estados del país para exigir que los circos no utilicen animales en los espectáculos que ofrecen.

#CircoSinAnimales fue retomado por los tuiteros quienes fervientemente expresaron su apoyo a la campaña que, a través de diversas manifestaciones, como las que se han llevado acabo en el Distrito Federal, ha logrado sumar seguidores para exigir a las autoridades que sancionen el maltrato animal en esos centros de entretenimiento.

Aunque la iniciativa aún está “atorada” por los legisladores del DF, el #CircoSinAnimales ya es un hecho en estados como Jalisco, Michoacán y Querétaro.

#YakiriLibre

El 9 de diciembre del año pasado, Yakiri Rubí Rubio Aupart, fue atacada y presuntamente violada en el hotel Alcázar de la colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal. En esa ocasión, la joven de 20 años asesinó a su agresor Miguel Ángel Rodríguez Anaya, con quien presuntamente sostenía una relación.

Un día después, la joven fue acusada de homicidio y fue recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla.

El caso fue dado a conocer de inmediato en internet, por lo que cientos de usuarios de las redes se pronunciaron en lo que denominaron “una injusticia”, ya que, según se argumentaba, la joven asesinó a su violador en defensa propia, sin embargo, la defensa de la víctima tuvo que demostrar que así fue, hecho que demoró varios meses en lo que se reunían las pruebas necesarias que le permitieran a Rubio Aupart salir de prisión.

Con el hashtag #YakiriLibre, familiares y amigos de Rubí salieron a las calles a protestar y lograron colocar como Trending Topic la frase que posteriormente se vio colocada en algunos carteles de la ciudad.

Luego de varias marchas y la polémica sobre si Yakiri merecía que un juez penal le otorgara la libertad o no, la joven logró dejar el penal de Santha Marta, tras haber permanecido cuatro meses en ese lugar.

El 4 de marzo de este año la quinta sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal resolvió que, en el caso, se había cometido un homicidio en legítima defensa, delito que alcanzó una fianza estimada en 423 mil pesos que los familiares de Yakiri reunieron para que quedara libre, sin embargo, se informó que aún quedan procesos jurídicos que la joven debe enfrentar.

 #JusticiaParaLucero

El 12 se septiembre de 2013, María Salcedo Palacios, mejor conocida como Lucero, interpuso una denuncia en contra de su ex pareja sentimental Miguel Ángel Jasso Manríquez, quien la golpeó brutalmente por haberse negado a tener relaciones sexuales.

La denuncia fue hecha ante un Ministerio Público de Guanajuato, lugar de residencia de Lucero, sin embargo, la respuesta de las autoridades en aquel momento no fue convincente para la joven ni para su familila, pues la juez Paulina Iraís Medina Manzano se negó a dictarle prisión preventiva a su agresor porque argumentó que la víctima ya “no corría ningún peligro”.

Lucero colocó en internet las fotografías de los daños en su rosto y cuerpo, y posteriormente, el caso se difundió en internet hasta llegar a cientos de usuarios de la red, lo que de inmediato fue calificado como una injusticia por parte de las autoridades de Guanajuato, ya que de acuerdo con las declaraciones de la joven, la intención de Miguel Ángel Jasso era matarla.

De inmediato comenzó a girar en Twitter el hashtag #JusticiaParaLucero. Los mensajes de los usuarios demandaban que se realizara el juicio correspondiente en contra del agresor de la chica, quien en el primer momento declaró que hizo público “para denunciar la misoginia que existe en Guanajuato y la sociedad de la que somos víctimas todas las mujeres a diario”, dijo Lucero.

De esa manera fue que las autoridades de Guanajuato pusieron mayor atención al caso, sin embargo, el agresor se dio a la fuga y el hashtag #JusticiaParaLucero pasó a la historia hasta que el 30 de marzo de este año, Jasso Manríquez fue detenido en el Distrito Federal.

#CensuraMEXta

Como un tema pendiente se encuentra el caso de #Censura1DMX, debido a que después de que les cerraran y posteriormente restituyeran su sitio web sin motivo aparente, el colectivo hizo un llamado para que otros usuarios que hayan sido “censurados” alcen la voz y mediante el hashtag #CensuraMEXta hagan públicos los temas y portales dados de baja.

El sitio 1DMX puso a disposición de la ciudadanía –desde las protestas del 1D– recursos tecnológicos que permitieron organizar y concentrar las pruebas que circularon en la Internet, especialmente en 2013, el año de las protestas en México.

Esa información permitió desmentir, en no pocas ocasiones, las versiones oficiales y demostró también que el gobierno del DF había fabricado testimonios y pruebas falsas contra los detenidos. Por ejemplo con el hashtag #TodosSomosPresos y la participación de activistas e internautas, lograron liberar a todos los detenidos por las protestas del 1D.

El colectivo explicó que la empresa GoDaddy informó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1DMX.org fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal, que es parte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por ello, el 24 de diciembre pasado se interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, que fue admitido el 17 de enero de este año. El recurso legal ordenaba a 10 dependencias del Distrito Federal y del gobierno federal brindar un informe en que el que debían negar su participación en el hecho, o admitir y justificar la constitucionalidad del acto de censura.

Aunque la página fue restituida no hubo respuesta oficial del gobierno, por lo que el tema sigue pendiente.