El actual proceso electoral, fundamentalmente el que tiene que ver con el relevo en la Presidencia, está marcado por la agenda de seguridad pública. La presencia del crimen organizado y el temor de la incidencia del narcotráfico, han sido puestos en la mesa por voces muy calificadas en las que se incluyen organismos muy influyentes, que van desde La Internacional Socialista, las Naciones Unidas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, medios de comunicación poderosos y hasta el Tribunal Electoral de la Federación.

Todo parece indicar que el mantra de la narcopolítica ronda por prácticamente todo el país. En ese contexto se publicó el documento “Compromiso por la Paz”, emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y otras corporaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil.

En el arranque de la campaña presidencial, esta convocatoria contó con la presencia de los tres candidatos registrados. La fuerza no alcanzó para que esta presencia fuera simultánea, sino que fue escalonada y en tiempos diferentes para que no se cruzaran en el mismo lugar, particularmente Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que son las que realmente están en la contienda.

Reconozco que el documento emitido es un esfuerzo que se centra en la paz y que da pie a la apertura del diálogo en un país altamente polarizado, en el que deliberar y hacerlo en público es algo que se va estrechando peligrosa y lamentablemente.

De esta manera, el que haya habido una convergencia de los actores políticos, llama la atención, aunque no deslumbra. El documento realmente fue consultado y consensuado ampliamente en todo el país, a través de las redes muy tupidas de la Iglesia católica, exaltándose por algunos analistas que la presencia de la Compañía de Jesús le da la presunción de certeza dado el rigor intelectual de algunos de los soldados de Ignacio de Loyola.

Empero, bien mirado el documento, no es más que un extenso manojo de propuestas que ya se han presentado en otras ocasiones, convirtiéndose en letra muerta porque nunca se asumen los compromisos implícitos en una agenda gubernamental, de hechos tangibles y medibles.

Pero aún así, valen las propuestas. Tanto es así que los aspirantes presidenciales lo suscribieron, más como una muestra de buena intención que como una plataforma a tomar en cuenta a la hora de diseñar el Plan Nacional de Desarrollo, en este delicado tema de la seguridad pública que mantiene al país literalmente en llamas y que no se puede remediar sin el respeto integral de los derechos humanos.

Las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez llegaron al evento acompañadas de parte de sus respectivos equipos y asesores de campaña, quizás algunos integrantes de lo que se denomina “cuartos de guerra”, en esta ocasión atinadamente, pues lo que tenemos en presencia es una guerra.

Menudearon las presencias de personajes impresentables a estas alturas de la crisis de México, como la mala compañía de “Alito” Moreno con Xóchitl, y Eruviel Ávila con Claudia. Son dos políticos que en los hechos ya demostraron que no están a la altura de las circunstancias que reclama México en este momento. Pero a final de cuentas, vale pronunciar el conocido refrán, “dime con quién andas, y te diré quién eres”.

En toda esta parafernalia, ni siquiera los candidatos se han percatado de que esas presencias son absolutamente innecesarias, que la forma en que se hacen las cosas revela el fondo que a la postre se va imponiendo en compromisos y trabas para encarar graves problemas nacionales, uno en especial: la seguridad del país, pero sobre todo de su gente.

El documento de la CEM está redactado con la finalidad de obtener consensos, y ahí está su debilidad. Y esa debilidad la mostró al reseñar, y sólo pongo un ejemplo, el tema de la militarización creciente y la impunidad que se ampara en deficientes aparatos de justicia, fiscalías de todo nivel y poderes judiciales también de todo nivel.

Claudia Sheinbaum le puso algunos sinembargos al documento. Subrayó sus “no coincidencias” y además pidió que su texto denominado “Sigamos Dialogando” se anexara al de “Compromisos por la Paz”. En otras palabras, que corran en paralelo ambas visiones, con sus coincidencias, divergencias y disensos.

No podía ser de otra manera si tenemos presente que Claudia Sheinbaum es la candidata del oficialismo, de la continuidad, de quien pretende seguir “haciendo historia”, en la línea del que a todas luces aparece como el coordinador de su campaña: Andrés Manuel López Obrador.

No obstante eso, hay una lógica que explica que la señora Sheinbaum haya reaccionado de la manera que lo hizo: en primer lugar, su corresponsabilidad en lo que actualmente tenemos, aunque ella presuma, en exclusividad, lo que hizo en la Ciudad de México.

La fábula habla de ella, y por tanto es explicable que respingue en temas tales como el futuro de la Guardia Nacional, el sentido de la militarización del país, el continuar en la línea de responsabilizar a Felipe Calderón, y en general al pasado neoliberal, desentendiéndose de que si llegaron al poder fue para corregir las cosas, y esto no ha sucedido.

Sheinbaum tuvo que hacer lo que a su juicio es el Debe y el Haber, pues ella es parte sustancial de lo que tenemos ahora. En otras palabras, ella es parte del problema. Por eso se opone a que haya mecanismos internacionales de supervisión de la impunidad, atrocidades y corrupción que subsisten en el país y que se han agravado.

Hasta ahora es obvio que ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, han sido tocados por el brazo de una justicia que se ofreció como implacable.

Finalmente, conviene enfatizar dos aspectos: explícitamente o entre líneas está refrendando que el proceso de militarización continuará y que la destrucción del Poder Judicial de la Federación, que ciertamente requiere reformas a fondo, contarán con su venia para que jueces, magistrados y ministros hasta eventualmente sean producto de la tómbolacracia.

Hay ceguera en la visión de Claudia Sheinbaum cuando afirma en su documento que México inició un proceso democrático en 2018. Es el regateo a reconocer que la ruptura sucedió en 1988, precedida por la de Chihuahua en 1983, y que desde entonces el régimen de partido de Estado se vio condenado a la desaparición inevitable, y que ahora se quiere reeditar al abrigo del uso ventajoso de la historia.

En todo esto no está de más reivindicar el principio histórico de la separación de las iglesias y el Estado, obra de Juárez y los liberales del siglo XIX, pero que no llegó sola sino de la mano de separarlo también del poder castrense, que ahora recorre como fantasma todo el país.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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