La minería en México registra todos los días un consumo equivalente al de 3 millones 229 mil mexicanos. En tanto, el “Atlas de Minería en México”, suma mil 189 proyectos mineros en el país en 2013, de éstos, 103 han reportado algún tipo de conflicto en el territorio u estilo de vida de las comunidades que lo habitan.
Mazatlán, Sinaloa, 18 de marzo (Enviado/SinEmbargo).– De acuerdo con la base a datos del Registro Público de Derechos de Agua, la industria minera en México utiliza 437 millones de metros cúbicos de agua al año, cantidad que podría servir para llevar agua a 3 millones 229 mil mexicanos, dijo Manuel Llano Vázquez Prada, investigador de Cartocrítica, organización que busca promover la transparencia y el acceso a la información pública, así como el acercamiento a la tecnología geoespacial y el análisis cartográfico.
El experto expuso que existe opacidad en cuanto al manejo del agua por parte del Gobierno. En este momento la ciudadanía sólo puede saber sobre el monto de agua autorizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero no el volumen real de utilización.
“La Conagua considera que es un dato privado cuánto paga cada concesionario por el agua que consume. Lo que sabemos es que diariamente, bastan 28 minutos del volumen que se extrae para abastecer el derecho humano al agua del país. Y eso hay que considerarlo, ya que uno de cada diez mexicanos no tiene agua en a la vivienda”, alertó Llano.
El investigador detalló que el agua que se extrae en las 23 horas y media restantes está concesionada a diversos usos: agrícolas, industriales, servicios. Y en el caso de las minas, la Secretaría de Economía (SE) tampoco obliga a las empresas del ramo a exhibir permisos de la Conagua para poder operar.
“Lo que hay que hacer es poner orden a los concesionarios. Porque alguien la pide y luego cede sus derechos. Esta deficiencia existe para todos los sectores no sólo para la minería”, criticó.
A la par, en la tesis de la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sol Pérez Jiménez, detalló las empresas que han causado conflictos.
“Las principales causas de conflicto son dos: contaminación y el acaparamiento del agua, que en su mayoría se da en zonas del norte y áridas. Son estados donde el agua que hay también es concesionada a la agricultura de gran escala. Eso pone a las comunidades contra la espada y la pared”, dijo Pérez Jiménez.
La investigadora se refirió al estudio “Atlas de Minería en México”, el cual sumó mil 189 proyectos mineros en el país en 2013, incluyendo sus posibles situaciones actuales de exploración, producción, suspensión o desarrollo. De éstos, 103 han reportado algún tipo de conflicto en el territorio u estilo de vida de las comunidades que lo habitan.
Las minas tienen una fuerte relación con los recursos hídricos, y el estudio de Sol Pérez detalló que el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica.
Por otro lado, el 41 por ciento de zonas de acuíferos con déficit hídrico cuenta con al menos un proyecto minero, una cifra que asciende a 264 minas que operan en esa condición.
“Esta situación agrava especialmente la crisis de comunidades, ya que apenas tienen agua y las empresas son las que utilizan los recursos”, explicó la investigadora.
LOS PROYECTOS
El 11 por ciento de los proyectos mineros corresponden a empresas nacionales, lo que refleja la elevada conflictividad respecto a las empresas extranjeras.
Dentro de los proyectos de capital foráneo, el 68 por ciento es de origen canadiense, el 13 por ciento estadounidense y el resto se divide entre distintas naciones.
La investigadora destacó que compañías como Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco, han sido causantes de serios problemas ambientales, como el derrame de residuos en el Río Sonora, así como denuncias en otros países de Latinoamérica, uno de ellos Perú, por realizar prácticas invasivas de extracción. Sin embargo, dijo, su honorabilidad sigue intacta.
“Creo que las empresas nacionales ejercen mucha presión a nivel federal, ahora a nivel estatal y municipal mucho más. Puede salir una noticia a diario de contaminación y aún así siguen operando”, dijo Pérez Jiménez.
La experta agregó que estas circunstancias son parte de la ola de impunidad que azota al país. México se ubica en el puesto número 95 de 168 países que integran el Índice de Percepción de Corrupción Mundial de Transparencia Internacional.
Las entidades con más conflictos son Chihuahua, Zacatecas, Puebla, Oaxaca y Chiapas, una situación que podría disminuir si se revalúa qué metales son indispensables para la vida y cuáles sólo para la acumulación de capital, planteó la investigación.
En México, el 63 por ciento de las actividades de extracción se destina a metales preciosos, del que a su vez, el 98 por ciento es plata y el 2 por ciento es oro. Por otro lado, la plata en términos de valor monetario representa el 48 por ciento del total y el oro el 52 por ciento.
Francisco Cravioto Lagos, investigador de Fundar, Centro de Análisis, dijo que las autoridades no miden los impactos sociales y ambientales de la minería y que hay un componente de recaudación fiscal que tampoco es redituable.
Los impuestos recaudados a las mineras sólo representan el 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la concesión de terrenos a las empresas ha proliferado y alcanza el 13.5 por ciento del territorio nacional.
“La gente que está defendiendo el agua, la tierra y la naturaleza. Las instituciones están al servicio de las corporaciones. Y las comunidades están en una situación de riesgo. Y entonces, viene toda la criminalización y persecución”, agregó Pérez.
IMPACTOS DE LA MINERÍA
El Comité Nestora Libre contabiliza que en México hay al menos 500 presos políticos, de los cuales muchos son líderes que defienden causas comunitarias.
Julián López, coordinador del Consejo Nayeri, explicó que un conflicto minero empieza a divisarse en su comunidad, asentada en los municipios montañosos de Nayarit: Acaponeta, Rosa Morada, Ruíz y El Nayar.
“Tenemos ahorita las amenazas de las mineras en dos comunidades núcleo que están en la cuenca del Río San Pedro. Las comunidades Rosarito y San Blasito, son las que ya tienen concesiones del 90 por ciento de su territorio. Todo dentro un bloque gigantesco. Pero recién estamos indagando sobre la situación jurídica de este polígono”, explicó López.
La investigadora Sol Pérez explicó que sólo el 4 por ciento de los conflictos inician durante la etapa de exploración de las mineras, pero el 41 por ciento estalla una vez que intentan colocarse en un territorio y el 51 en aquellas que ya están en producción.
De acuerdo con Pérez, las exploraciones no son inofensivas debido a que es común que las perforaciones deriven en contaminación debido a la concentración de arsénicos y otros metaloides en los arroyos.
“Ya se muestreó el terreno y se dice que hay mucho aluminio, oro y plata, aunque no sabemos en qué momento inicie la explotación. Estamos en medio de la incertidumbre. Sabemos cuál es la concesión, pero necesitamos presentarle a la gente información sobre las amenazas y no sólo de los beneficios”, finalizó López.
