Por: Ángel Ruiz*

La crisis de desaparición en México es compleja y cada vez se recrudece más. Aunque tiene como agente catalizador a la militarización de la seguridad pública que comenzó con la mal llamada guerra contra el narcotráfico hace más de trece años, tres sexenios después podemos decir con más certeza que la estrategia desplegada —hasta ahora por gobiernos de tres partidos políticos diferentes, el más reciente llegado al poder con un gran ánimo social de cambio— no sólo no funciona ni alcanza, sino que genera incentivos y estructuras proclives a la criminalidad y a la violación de derechos humanos allí donde opera.

Tenemos evidencia y testimonios que nos confirman que las estrategias de militarización de la seguridad pública, ahora enmarcados en la Guardia Nacional, no funcionan: las fuerzas armadas no están —ni estarán— capacitadas para realizar labores de seguridad públicas que sí requieren un enfoque de proximidad y preventivo, al tiempo que los recursos limitados para que las policías funcionen en los territorios no alcanzan para cubrir las estrategias desde la federación, y –por último– observamos que aunque haya periodos de contención en que se “recupera” el territorio, estos son siempre transitorios pues las dinámicas locales y regionales se mantienen, mientras que las estrategias que desde Fundar hemos calificado de maximalistas –definitivas y “desde arriba”– se van o se agotan.

Entretanto, la violencia sigue y las desapariciones aumentan. En enero de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda anunció que el número de personas desaparecidas en el país asciende a más de 60 mil. El panorama es desolador, si se mira desde arriba. Pero, si escuchamos a las víctimas y las iniciativas locales y regionales, sabremos más de cómo operan las desapariciones dentro de los territorios y tal vez desde allí haya más luz que mirando desde la cima.

Gracias a víctimas y organizaciones sabemos que a nivel local llega a pasarse de la connivencia a la simbiosis entre autoridades y fuerzas del narcotráfico. También que, financieramente el crimen opera en circuitos legales desde hace mucho, por lo que la escalada de alianzas, pactos y complicidades entre autoridades permea hasta los niveles más altos, lo que hace que estas relaciones puedan trascender signos políticos y mantenerse en el tiempo. Por eso es importante que existan capacidades locales de prevención, investigación y sanción del crimen sabiendo que éste, para reproducirse, se inserta en la estructura gubernamental. Esto es algo que han insistido organizaciones como Tlachinollan, en Guerrero, quienes desde el 2013 decían que “la crisis de violencia y abusos contra los derechos humanos tiene en las comunidades un impacto diferenciado. En los planos locales, las bandas delincuenciales tienen nexos con la policía, con el ministerio público, con los jueces y con los políticos de peso regional, que les permiten recorrer las calles con impunidad”. También insistían en que “en comunidades pequeñas (…) es factible que la gente sepa con certeza quiénes son los responsables del incremento de la violencia y qué tipo de connivencia guardan respecto de las autoridades estatales, lo que desde luego no está exento de riesgos y dilemas” y que lo que se necesitaba era generar condiciones y capacidades para que estos crímenes se pudieran denunciar, investigar y sancionar.

Casi siete años después, el caso de la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón reveló un patrón de macro-criminalidad donde grupos de la delincuencia, en supuesta colusión con autoridades, desaparecían personas enterrándolas con maquinaria pesada. Un modus operandi diseñado para sofisticar la dificultad de las localizaciones e identificaciones, que, junto con un ambiente de impunidad, impedían la denuncia e investigación de estos delitos en la región de la Montaña durante los últimos años. Fue hasta hace pocos meses que, ante la presión por el esclarecimiento del crimen del defensor de derechos humanos, un grupo nutrido de familiares salió a buscar a sus seres queridos, formando el Colectivo Luciérnaga. En los primeros meses de búsqueda se han dado hallazgos positivos en fosas identificadas, gracias a la información de las y los familiares.

La movilización de colectivos de familiares de personas desaparecidas cobijada por el reclamo de indignación ante la desaparición y asesinato de Arnulfo marcan ahora un camino que las autoridades municipales y estatales pueden seguir para transitar hacia un camino posible para las víctimas; un camino de justicia y verdad que desmonte los pactos de impunidad que sostienen la violencia en la Montaña de Guerrero. Un camino que también deja evidencias para que el Gobierno Federal comprenda las diferentes dinámicas regionales de macro-criminalidad y apoye, en el ámbito de sus competencias, a la desarticulación de las estructuras en que se sostienen. Son retos muy difíciles de lograr, pero ante los que hay vías de solución que precisan acompañarse no sólo de voluntad política, sino también de recursos y capacidades técnicas. Vías que conoce cada región que ha vivido cuando mínimo una década con la violencia golpeando a su puerta: lecciones, diagnósticos, evidencias y testimonios que están allí y no lo están desde hace poco.

La violencia y la impunidad no se dan en el aire y la vía para la justicia tiene que ser desde las bases: desde quien sufre la injusticia, desde quien se organiza para hacerle frente. Este juicio –nos lo han enseñado las víctimas y las organizaciones que se dejan la vida en el terreno– no es meramente ético, político y técnico: no hay solución viable sin escucharles. Para evitar más desapariciones y encontrar a quienes nos faltan, necesitamos escuchar aún más.

*Ángel Ruiz es investigador en el programa de Derechos Humanos y Combate a la Impunidad de Fundar.

Fundar

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