Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia. La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.
Así lo consigna el periodista J. Jesús Lemus en su libro de reciente publicación “México a Cielo Abierto”, del que se presenta aquí un revelador capítulo para los lectores de SinEmbargo.
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Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La minería es uno de los negocios más jugosos para las empresas que operan en México, en su mayoría extranjeras, pero no para los trabajadores o las comunidades donde se desarrolla. Deja una utilidad anual de 200 mil millones de dólares, de los cuales muy pocos se ven reflejados en la calidad de vida de la sociedad mexicana que, en cambio, sí sufre los estragos de la explotación desmesurada, plantea una investigación publicada por el periodistas J. Jesús Lemus.
Solapadas por el Gobierno federal desde hace al menos 25 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cerca de 267 compañías –principalmente canadienses y estadounidenses– operan en México sin escrúpulos ni restricciones, afirma. Lo peor de todo es que a su alrededor convergen los peores males que aquejan a nuestro país: corrupción, desgobierno, narcotráfico, violencia, pobreza y desplazamiento, se destaca en el texto.
Esta investigación, que el reportero J. Jesús Lemus realizó por los cuatro rincones del país, revela por primera vez las operaciones ilegales de la industria minera en México que, por increíble que parezca, opacan la brutalidad del narcotráfico, y lanza una alerta urgente sobre los peligros que representan para la soberanía y la supervivencia de nuestro país.
Por cortesía de Grijalbo y Penguin Random House, a continuación se presenta a los lectores de SinEmbargo el Capítulo 3 del libro “México a Cielo Abierto”.
Fragmento del libro México a cielo abierto, de J.J.Lemus, publicado con autorización de Grijalbo y Penguin Random House
Capítulo 3
La tierra es de nuestros hijos, no nos pertenece a nosotros,
mucho menos a las mineras.
–José Trinidad de la Cruz Crisóstomo,
activista social asesinado.
EL NARCO, ALIADO DE LOS MINEROS
El caso más evidente de la perversa alianza de las empresas mineras con el crimen organizado para contrarrestar las protestas contra sus proyectos ocurre en Michoacán. Ahí la empresa Ternium, que explota la mina de hierro más grande de México, se alió con Los Caballeros Templarios para proteger sus intereses, denuncian activistas.
Según los señalamientos, las células del cártel inicialmente pactaron con Ternium garantizar la seguridad de la periferia de la mina —que extrae a diario más de mil toneladas de hierro—, operada por la subsidiaria Las Encinas. El objetivo era desalentar a los comuneros que insistían en el reclamo de regalías y que varias veces cerraron el acceso a las instalaciones. Ternium, en su afán por apagar la protesta social, también se valió de la presencia de las fuerzas federales y estatales.
Así se desató una serie de persecuciones y amenazas contra los líderes comunales que encabezaron las manifestaciones. Se llegó al asesinato de algunos de los defensores de la tierra que se habían tornado incómodos para la trasnacional; los homicidios de al menos cinco de esos líderes comunales han quedado impunes, pues las autoridades ministeriales de Michoacán desviaron las investigaciones asegurando que eran otros los móviles de los crímenes.
El caso más representativo es el de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado el 7 de diciembre de 2011 cuando se dirigía a una reunión para organizar una protesta contra Ternium. A José Trinidad lo ejecutó un comando en el predio Barranca de Los Reyes. Su cuerpo fue encontrado por marinos que hacían rondines de vigilancia en la zona y también ayudaban en las labores de vigilancia perimetral de la mina de hierro.
José Trinidad de la Cruz, de 72 años, era el organizador del movimiento Marcha por la Paz, que en no menos de 15 ocasiones había tomado las calles del municipio de Aquila para denunciar la presencia de Los Caballeros Templarios como grupo de seguridad de Ternium.
El cuerpo del líder comunal fue encontrado a bordo de su camioneta; presentaba cuatro impactos de bala de al menos tres calibres distintos. Tenía una bala —el tiro de gracia— disparada de una pistola calibre .9 milímetros; en el pecho recibió un impacto de calibre .38 súper, y el hombro izquierdo tenía otros dos tiros de arma larga, del tipo del fusil AK-47, que comúnmente utilizan los grupos del crimen organizado.
En la averiguación previa 215/2011-U que abrió el agente del Ministerio Público del fuero común se estableció como principal línea de investigación un problema familiar: se dijo que el líder comunal tenía una disputa con otros ejidatarios por las colindancias de sus predios; en ningún momento se manifestó la posibilidad de que su homicidio fuera resultado de la confrontación directa con la empresa minera, a la que mantuvo en jaque con sus actos de resistencia.
La alianza entre Los Caballeros Templarios y Ternium también se evidenció en la persecución de Cemeí Verdía Zepeda, líder comunal que se alzó contra la explotación irracional que ha perpetrado Ternium en Aquila. Cemeí finalmente se convirtió en el comandante de los grupos de autodefensa en esa parte de Michoacán, donde “alguien” ofreció 500 mil pesos por su cabeza, lo que hizo que las células del crimen organizado buscaran cazarlo.
Tras dos atentados en su contra, Cemeí Verdía Zepeda terminó encarcelado, acusado por el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, de haber robado dos rollos de alambre propiedad del gobierno municipal. A ello se sumó la acusación del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por delitos electorales, y una más, de la Procuraduría de Justicia, que lo responsabilizaba de un asesinato. Las acusaciones en su contra nunca prosperaron prosperaron, pero lo hicieron pasar más de cinco meses en el penal David Franco Rodríguez, de Morelia, de donde finalmente salió absuelto.
Llama la atención que la primera de las acusaciones contra Ceme Verdía proviniera del alcalde priista Juan Hernández Ramírez, quien luego habría de ser exhibido públicamente por una serie de fotografías en las que aparece reunido con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, la Tuta; eso le permitió a la PGR abrir un expediente penal contra el edil por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio y encubrimiento, demostrándose posteriormente que él había ordenado en dos ocasiones los atentados contra Verdía Zepeda.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el alcalde de Aquila era la conexión con las células del crimen organizado y directivos de Ternium, por lo que se había comprometido “a las acciones necesarias” para desarticular las manifestaciones contra la minera en esa parte de Michoacán.
El alcalde fue tan celoso de su deber que solicitó la presencia del Ejército para disolver la manifestación de comuneros que protestaba por la detención de Verdía, la que terminó con disparos de los militares contra la población civil y con la muerte de tres personas: Heriberto Reyes García, Melesio Cristiano y la niña de seis años Neymi Natali Pineda Reyes.
Desde la federación se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre los tres homicidios. Todas las actuaciones fueron contra el edil, pero no se actuó contra los militares que dispararon ni contra los ejecutivos de Ternium, que supuestamente solicitaron el sofocamiento de la protesta de acuerdo con la declaración ministerial de Juan Hernández Ramírez.
En Michoacán hay otro caso similar al anteriormente señalado y que también vale la pena analizar el de la empresa Minera del Norte, S. A., que opera las minas de hierro El Conejo, Palos Bobos y Pinalopa, en los municipios de Tepalcatepec y Coalcomán.
Desde hace al menos cinco años Minera del Norte, S. A., subsidiaria de Altos Hornos de México —a la que envía el hierro extraído en Michoacán para su refinamiento a la planta de Minerales Monclova, S. A. (Mimosa), propiedad de Alonso Ancira—, ha venido pagando al cártel de Los Caballeros Templarios dos dólares por cada tonelada de hierro que logra extraer de acuerdo con activistas. Según esos señalamientos, los pagos se hacen en función del “servicios de seguridad” que las células del cártel hacen para la empresa.
Este hecho fue denunciado en su momento —mediante actas circunstanciadas presentadas al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo— por quien fuera vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, quien dijo que los fondos aportados por la minera para el crimen organizado que le han “permitido al cártel de Los Caballeros Templarios mantenerse activo”. De acuerdo con las cuentas hechas por Mireles Valverde, Los Caballeros Templarios recibirían una suma cercana a los 20 mil dólares semanales, algo así como 400 mil pesos al tipo de cambio promedio de 2017.
Otra empresa que ha comprado los servicios (siempre según las versiones de los autodefensas) no sólo de Los Caballeros Templarios sino de otros grupos delincuenciales que actúan en Michoacán —como La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la Tercera Hermandad (H3)— es Mittal Steel, que trabaja las instalaciones que alguna vez fueron de la paraestatal Siderúrgica Lázaro Cárdenas y de la trasnacional Pacific Coast Miner. Arcelor mantiene minas en activo y trabaja en por lo menos una docena de proyectos de exploración.
TODOS LOS CÁRTELES EN EL NEGOCIO
Si se ha de creer a las fuentes consultadas y a la observación directa de la violencia, a nivel nacional la lista de empresas trasnacionales que se valen del crimen organizado para la protección de sus intereses es larga; el recuento alcanzaría a por lo menos 915 regiones de todo el país, donde la protección de los intereses de los corporativos mineros posiblemente recaería en células de los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, Guerreros Unidos y el de los hermanos Beltrán Leyva.
Otro ejemplo se da en la región de Ixtacamaxtitlán, en el norte de Puebla: la empresa Almaden Minerals Ltd., por medio de la subsidiaria Compañía Gorrión, S. A. de C. V., descubrió el yacimiento de oro más grande —y uno de los más importantes de plata— de México, en la cuenca alta del río Apulco, sobre una extensión de más de 88 mil hectáreas. La mayor parte del banco de oro se ubica en la comunidad de Santa María Sotoltepec; tiene una proyección productiva de 130 mil onzas de oro y cerca de 8 mil onzas de plata por año.
En esa localidad, los opositores al proyecto minero han recibido amenazas y persecución por parte de las células de Los Zetas con el presunto respaldo de los gobiernos locales, los cuales supuestamente han puesto a disposición del crimen organizado los cuerpos de la policía municipal; los comandos han llegado hasta las casas de opositores al proyecto para hablarles sin tapujos. Les han marcado las alternativas que tienen: desisten de la resistencia, se marchan del pueblo o serán ejecutados.
La práctica de hostigamiento contra quienes se oponen a las minas de Almaden Minerals Ltd. no se ha limitado a la zona de Ixtacamaxtitlán, también se ha denunciado la presencia del crimen organizado en los municipios poblanos de Libres, Zautla, Ahuazotepec y Xicotepec, donde la minera de capital canadiense realiza proyectos de exploración ejecutables en los próximos cinco años, en algunos casos con la participación de la poderosa empresa canadiense Goldcorp.
En el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde Goldcorp. explora la mina La Preciosa, se ha intensificado también el fenómeno de hostigamiento social. En esta localidad, grupos identificados como parte de Los Zetas han hecho presencia entre la población con prácticas de extorsión; exigen una cuota de cinco pesos diarios a cambio de respetar vidas y propiedades. Obviamente el objeto de la extorsión no es el dinero en sí, sino el terror que siembran entre los habitantes, quienes han comenzado un éxodo silencioso que los obliga a malbaratar sus predios, los ambicionados por Goldcorp.
El mismo fenómeno ocurre en Tlatlauquitepec, Puebla; desde 2014 la federación ha entregado concesiones para la exploración y explotación de nueve minas de oro, plata, cobre, zinc, plomo y manganeso en casi la mitad del territorio de esa localidad, a cuyos habitantes se les ha dicho que los proyectos mineros serán para impulsar el desarrollo de la zona y mejorar su condición económica.
Con la llegada de las mineras a Tlatlauquitepec, ocho canadienses y una china, también llegaron los grupos del crimen organizado que han amenazado a los opositores y los han forzado a desplazarse. La delincuencia se hace presente entre los vecinos de este municipio con actos de intimidación cada vez que hay manifestaciones públicas de repudio a la exploración minera de la zona, la cual se realiza en una superficie de casi 10 mil hectáreas.
Los vecinos de Tlatlauquitepec han denunciado que comandos, a veces acompañados por la Policía Municipal, se han convertido en emisarios de las empresas mineras para disuadir las protestas; en al menos tres ocasiones se han tenido que suspender las manifestaciones por las amenazas a los dirigentes del movimiento.
Aquí el Grupo Ferrominero, S. A. de C. V., es el de mayor presencia. Tiene dos concesiones para explotar hasta 50 años cualquier yacimiento de metal encontrado en una extensión de 915 hectáreas, dentro de los predios identificados como Atexaco III, Guadalupe y Guadalupe II, con permisos oficiales que fueron entregados sin importar que en la zona haya población rural.
La Compañía Minera Autlán, subsidiaria del Grupo Ferrominero, S. A. de C. V., también obtuvo dos concesiones para la explotación del subsuelo de Tlatlauquitepec; se le otorgó derecho de dominio sobre los predios La Galera, Tecopizacta, Calatepec y El Canal, donde se asentaban varias familias, al menos una docena, que finalmente han sido desplazadas por la extorsión y las amenazas de secuestro del crimen organizado, que llegó a cobrar “derecho de piso” a razón de dos pesos por persona.
Los predios conocidos como La Joya y La Joya I, en las inmediaciones de los poblados de Tlatlauquitepec, Acamalotla y Tepeícan, ricos en zinc, plomo y cuarzo, fueron entregados en concesión a la minera Mexican Silicates, S. A. de C. V., donde se permite la explotación de cuarzo y zinc y “toda sustancia permisible que se encuentre en el subsuelo”.
Frente a la resistencia de los vecinos, que se niegan a la entrega de sus predios y viviendas, surgió el llamado Grupo Negro, un comando que en la práctica vela por los intereses de la minera y que en primera instancia “dialoga” con los inconformes, luego amenaza y finalmente ejecuta a los opositores, según denuncia el Movimiento por Tlatlauquitepec.
A Minas Santa Martha, S. A., el gobierno federal le otorgó la concesión para explorar y extraer todo el oro, plata, cobre, plomo y zinc del predio conocido como Macuilquila, donde también hay un manto profundo de gas, por lo cual no se descarta que se use la técnica de fractura hidráulica, lo que ha provocado el rechazo de los vecinos. En respuesta, células de Los Zetas han comenzado a realizar recorridos nocturnos para “convencer” a los pobladores de los “beneficios del proyecto”; esto ha generado un lento éxodo, reconocido por la autoridad municipal como “un fenómeno de migración hacia Estados Unidos, de familias que buscan una mejora económica”.
En esta misma localidad de la Sierra Norte de Puebla, la empresa Real de Gemas, S. A. de C. V. tiene permiso para explotar el predio denominado Paraíso, en el cual hay reservas probadas de oro, plata, cobre, plomo y zinc. La minera también se ha valido de grupos del crimen organizado para empujar a la población a irse, según denuncias de pobladores. No es fortuito que en los últimos dos años se hayan incrementado, según datos de la Fiscalía General del Estado, los delitos de secuestro y extorsión a razón de 12 denuncias por mes. Los habitantes de esta parte del municipio de Tlatlauquitepec no sólo se han opuesto a la exploración y explotación minera, sino también a las intenciones de construir una hidroeléctrica en Tahictic, comunidad del municipio de Zacapoaxtla, obra que eventualmente dejaría sin agua para uso doméstico a cerca de 20 mil personas.
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El conflicto social en torno a las minas se agrava con el silencio de la autoridad estatal poblana y el desplazamiento forzado de la población no es reconocido por el gobierno federal. Ni por error las autoridades mencionan la posibilidad de que detrás de los grupos criminales esté la protección de los intereses de las mineras.
La zona norte de Puebla se ha convertido en un foco rojo de violencia. Oficialmente se sabe que en los municipios poblanos que limitan con Veracruz las células actuantes pertenecen a los cárteles de Los Zetas y del Golfo, pero la región ni siquiera está considerada zona de producción de drogas ni es paso para el trasiego de éstas hacia la frontera norte, por lo que especialistas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no conocen una causa que justifique ahí la intensa actividad del crimen organizado.
Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado revelan que el mayor índice de violencia —extorsiones, secuestros, lesiones y cobros de piso— se da en las regiones de la zona norte de Puebla: Ixtaca, Rosa, Torrerillo, Zapotec y Tuligtic, donde se asientan precisamente las minas con esos nombres, todas propiedad de Almaden Mineral Ltd., que explora yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno.
También los índices de violencia se han disparado en los últimos dos años en la zona de la Caldera, donde Almaden Mineral Ltd., de la mano de la subsidiaria Windstorm Resources, hace labores de exploración en el yacimiento de oro y plata que se encuentra en la zona. Lo mismo ocurre en el predio conocido como La Preciosa, donde se ubicará la mina del mismo nombre, sitio que es una gran reserva de oro y plata y que los vecinos se niegan a entregar.
La región de Pórfido, también en la zona norte de Puebla, está catalogada por la Fiscalía General del Estado como sitio de violencia, pero lo único extraordinario que ha ocurrido en esa región en los últimos cinco años es el hallazgo de un yacimiento de oro, concesionado a la minera Minaurum Gold Inc., la cual se ha confrontado con los pobladores de la región. Lo mismo ocurre en el sitio del Cerro de los Dolores, donde las mineras Starcore International Mines y Goldcorp iniciaron hace dos años la exploración de un banco de plata, plomo y zinc. Caso similar es el de la región de La Lupe, en la comunidad de Zautla. La empresa china JDC Minerals insiste ahí en la exploración de un yacimiento de oro y tiene el permiso federal para hacerse de los predios particulares que se extienden sobre las vetas.
Y esa violencia no es privativa de Michoacán o Puebla. Se extiende a entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca, donde tienen proyectos operativos al menos 15 mineras, muchas de ellas subsidiarias de la canadiense Almaden Minerals Ltd.
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SILENCIO Y COMPLICIDAD OFICIAL
La violencia contra la población civil asentada en las zonas mineras del país, desatada tanto por las empresas como por los grupos del crimen organizado, ha sido insistentemente denunciada por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), que ha identificado al menos 15 casos muy graves.
Entre los casos que evidencian la violencia desatada por las mineras, focalizada sobre los líderes comunales que se oponen a sus proyectos, destaca el de David Pérez Sosa, un luchador social que desapareció de la noche a la mañana luego de iniciar la resistencia contra el proyecto Los Cardones, de la empresa Desarrollo Zapal, S. A. de C. V., que proyecta una mina de oro a cielo abierto, autorizada por el gobierno federal, en el corazón del Área Natural Protegida Sierra La Laguna, en Baja California Sur. El proyecto minero pretende 58% de esa reserva de la biosfera reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
David Pérez Sosa fue el impulsor del movimiento antiminero, mediante la agrupación Sociedad Organizada Sudcaliforniana (SOS), con la que varias veces logró frenar los trabajos de exploración que Desarrollo Zapal realizaba por conducto de subsidiarias: primero la empresa Paredones Amarillos y después Minera Concordia, la que finalmente puso en marcha una parte del proyecto programado a 20 años.
La tierra que defendió David Pérez Sosa es una extensión de más de 44 mil hectáreas de suelo protegido en el municipio de La Paz, en las inmediaciones del Mar de Cortés, que la Secretaría de Energía entregó en concesión a la canadiense Pediment Incorporated.
Tras la desaparición de David Pérez Sosa y ante el silencio oficial del gobierno mexicano, el OCMAL ha sido incisivo: desde su página de internet no inquiere al gobierno mexicano por el paradero de David Pérez Sosa, sino que le pregunta cuáles fueron las razones por las que desapareció al activista, que se distinguió por movilizar a toda la sociedad contra los intereses económicos de la minera canadiense. Ésta no ha sido mencionada en la investigación abierta por la desaparición del ecologista y defensor de la tierra.
Otro caso denunciado por el OCMAL es el de Ramón Corrales Vega, cuya muerte se atribuye a la lucha frontal que tuvo con la minera Paradox Xingye, explotadora de un banco de hierro en el predio Cuauhtémoc, municipio de Choix, Sinaloa. El terreno era propiedad de María Hermila Márquez Rodríguez y Rodrigo Herrera Franco, quienes habían acordado que hubiera regalías para los vecinos del lugar, beneficios que nunca fueron entregados.
Paradox Xingye es un consorcio minero chino que se asentó en Choix con la coparticipación de inversionistas mexicanos. Recibieron el aval para sus operaciones de parte del gobierno estatal de Mario López Valdez, a quien habitantes de la entidad acusan de haber establecido nexos con miembros del Cártel de Sinaloa para sofocar las protestas de los ejidatarios opuestos a la extracción semanal de más de 350 mil toneladas de tierra de una extensión de 29 hectáreas.
El activismo de Ramón Corrales Vega obligó a la minera a dialogar. Se llegó a un acuerdo para el pago de cinco millones de pesos a la comunidad, además del compromiso de mejorar la clínica de salud y repavimentar las calles, en compensación por los daños ambientales ocasionados. Pero esos acuerdos nunca fueron cumplidos.
El 22 de mayo de 2014 a Corrales Vega lo secuestró un comando, identificado por los vecinos como parte de la estructura delictiva del Cártel de Sinaloa; el activista fue ejecutado con disparos de AK-47 y R-15. Su cuerpo, con signos de tortura, fue encontrado en la comunidad Huizachapoa casi 18 horas después de su desaparición. En la carpeta de averiguación abierta por la procuraduría sinaloense se manejó como principal móvil del asesinato el secuestro, pero los deudos de Corrales Vega nunca recibieron una llamada que exigiera el pago de un rescate.
Las represalias de Paradox Xingye contra los pobladores de Choix no terminaron; una treintena de campesinos, entre ellos el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región, Gervasio Osuna Contreras, fueron encarcelados, acusados de causar daños económicos a la minera.
Ese modus operandi se replicó en el municipio poblano de Huehuetlán El Grande. Unos 50 campesinos que protestaban por los trabajos de la Minera Autlán —la que explota un yacimiento de manganeso bajo una superficie de mil 100 hectáreas— fueron reprimidos por las fuerzas estatales. Los inconformes exigían que la minera dejara de usar dinamita en sus procesos de excavación, para no afectar los mantos freáticos. Pero su manifestación fue disuelta a base de golpes y gas lacrimógeno.
La protesta de los vecinos fue vista, desde la cúpula del gobierno estatal, entonces encabezado por el priista Mario Marín Torres, como “un atentado a la paz pública y a la posibilidad de la ejecución de proyectos de desarrollo”. Por eso los comuneros que protestaban fueron sometidos a procesos penales.
Una vez sofocada la resistencia social, la minera Autlán, ahora por conducto de la subsidiaria Australian Minerals Group, regresó a los trabajos de explotación de los predios La Luz II, La Luz III y San José, lo que hizo que, a la falta de agua, decenas de familias de Huehuetlán el Grande tuvieran que abandonar la localidad; en eso influyó la presencia del crimen organizado, que comenzó con extorsiones a los vecinos de los predios mineros, a quienes se les obligó a vender sus tierras a la minera a 600 pesos por hectárea.
Un año después, a finales de agosto de 2012, se repitió la situación, con otro escenario y otros actores. Ahora fue el Ejército el que reprimió la manifestación de un grupo de ejidatarios que plantaron cara a la minera Excellon de México, S. A. de C. V., filial de la canadiense Excellon Resources Inc., a la que le fue entregada la concesión para explotar la mina La Platosa, con yacimientos de plata, plomo y zinc —de donde se extraen anualmente unas 72 mil toneladas de minerales—, en los municipios de Bermejillo y Mapimí, Durango.
Allí, los comuneros decidieron cerrar el acceso a la mina, en reclamo por el cumplimiento de los acuerdos establecidos apenas un año antes, cuando la minera se asentó en esa región. Existía el compromiso de generar empleo para los vecinos de la zona, mediante la entrega de concesiones para el acarreo del mineral extraído; además se acordó construir espacios dignos y áreas de descanso y comedores para los trabajadores locales de la mina, además de la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar que los desechos del lavado de minerales fueran a dar a los terrenos de cultivo.
La protesta de los vecinos fue sofocada por el Ejército, que irrumpió en el plantón pacífico de un centenar de habitantes del ejido La Sierrita, respaldados por trabajadores de la sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), quienes también fueron sometidos a golpes no sólo por los militares sino por grupos de la Policía Federal y de la policía estatal de Durango.
Tras la represión, cinco de los organizadores del movimiento fueron detenidos, encarcelados y luego presentados ante el Ministerio Público del fuero común, que inicialmente había fincado los cargos de invasión a la propiedad y despojo. Esos cargos fueron desechados después, cuando la minera decidió no presentarlos a cambio de que se le dejara continuar con los trabajos de explotación.
En el municipio de Soyopa, Sonora, el rostro de la represión se volvió a asomar el 7 de abril de 2013: un comando de policías ministeriales, al lado de militares, disolvió una manifestación de comuneros en el ejido San Antonio de la Huerta que reclamaban por la contaminación provocada por la mina La Libertad, concesionada a las compañías Zaruma Resources, Inc. y Minerales Libertad, S. A. de C. V.
La molestia de los vecinos se fincó en la presencia de derrames de aguas negras sobre las tierras de cultivo, y en la omisión de las dos firmas trasnacionales para sentarse a dialogar con los ejidatarios. Ellos pedían el pago único de 60 mil pesos por persona para permitir la operación de la mina, pero a las trasnacionales les resultó más barato conseguir los servicios de la policía de Sonora y de una partida de militares para disolver la protesta.
Tras la represión, el gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, ordenó la apertura de expedientes penales contra cinco organizadores del movimiento. Se les acusó de daños a la propiedad y se logró el encarcelamiento de todos los integrantes de la mesa directiva del comisariado ejidal de San Antonio La Huerta, entre ellos Sergio Acedo Miranda, presidente del comisariado; Ramón Antonio Acedo Espinoza, secretario, y Manuel Ignacio Yáñez Espinoza, tesorero; así como de David Guadalupe Valenzuela, del Frente Amplio Democrático del Estado de Sonora (FADES), y el abogado Ramsés Valenzuela.
Con los líderes comunales encarcelados y las protestas sofocadas, Zaruma Resources, Inc. y Minerales Libertad, S. A. de C. V., ampliaron más que exponencialmente la superficie de explotación minera en ese ejido. De tener permiso para explorar una superficie de nueve hectáreas, se llegó a la extensión de mil 39 hectáreas y la vigencia de explotación se amplió hasta el 15 de diciembre de 2035.
Las concesiones crecieron en espacio y en tiempo gracias a la ligereza o corrupción de los funcionarios que se entregaron a los intereses de las mineras. Ocurrió así durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando la minería creció en forma desproporcionada y errática en todo el territorio nacional. Un ejemplo es Michoacán, donde de 2004 a 2011 fueron entregadas a empresas trasnacionales un millón 278 mil 444 hectáreas, casi la sexta parte del territorio estatal.
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TERRITORIOS EN VENTA
De acuerdo con la CDI, que encabeza Jaime Martínez Veloz, en 2004 sólo 6.01% de la superficie michoacana estaba entregada en concesiones para la minería; para 2011 ya era 18.49% en manos de al menos 12 trasnacionales.
En Michoacán, 80% de las concesiones para la explotación minera, entregadas sin mayor trámite que la autorización del gobierno federal, fueron para Amarium Mineral Inc. —subsidiaria de Amarium Technologies Inc.—, Calissio Resources Group Inc., Catalyst Copper Corp., China Minerals Resources Group., Endeavour Silver Corp., Geologix Explorations Inc., Rome Resources Ltd., Silver Shield Resources Corp., S2c Global Resources, Ternium Arcelor Mittal Steel Company, Canasia Industries Corporation, Bell Copper Corporation, Cotton & West ern Mining, Terra Nova Gold Corp., Tianjin Binjai Harbor Port., y Us Precious Metals Inc., que según activistas, para poder operar se aliaron primero con La Familia Michoacana y luego con Los Caballeros Templarios.
Michoacán ilustra claramente el crecimiento de la entrega de concesiones, que sigue imparable, pues, de acuerdo con el Sistema de Administración Minera (Siam) del gobierno federal, al cierre de 2016 sólo en esta entidad se habían entregado ya mil 933 títulos de concesión.
El fenómeno no se reduce a Michoacán. A los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa se les atribuye la entrega de concesiones que abarcan una extensión de más de 8 millones 346 mil 890 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Si se suma Michoacán, la cuenta llega a 9 millones 721 mil 432 hectáreas, cedidas gracias a 4 mil 952 permisos entregados por la federación entre 2000 y 2011.
Llama la atención la superficie concesionada en el municipio de Ensenada, Baja California —uno de los más grandes del país—, al que le arrebataron 2 millones 288 mil 887 hectáreas para proyectos extractivos, lo que representa casi la mitad de su territorio. Ensenada también cuenta con el récord de mayor número de permisos mineros aplicados, que al cierre de 2016 ya eran 780 concesiones de exploración y explotación de yacimientos minerales; sólo en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han entregado en concesión 295 mil 281 hectáreas en esa entidad.
Los presidentes Fox y Calderón también abrieron de par en par las puertas de Chiapas a las mineras; allí se entregaron, sólo en los dos gobiernos panistas, un millón 78 mil 131 hectáreas, a las que se suman las 54 mil 890 que ha concesionado la administración de Enrique Peña Nieto, todas a favor de empresas con capital canadiense. Lo mismo sucedió en Guerrero, donde al millón 287 mil hectáreas entregadas por las dos administraciones panistas se suman las 32 concesiones del actual gobierno federal, que comprenden 127 mil 760 hectáreas concedidas a mineras canadienses.
En Puebla los gobiernos de Fox y Calderón hicieron entrega de 320 permisos de exploración y explotación de yacimientos minerales, la mayoría de ellos a filiales de la minera Frisco, de Carlos Slim. El total de hectáreas enajenadas en las administraciones panistas en esa entidad fue de 248 mil 323, arrebatadas a sus poseedores originales. A la superficie entregada por los gobiernos panistas se suma la que el actual ha concesionado: al cierre de 2017 son ya poco más de 34 mil 252 hectáreas.
En Chihuahua las administraciones panistas de Fox y Calderón entregaron 2 mil 890 concesiones para el usufructo de 2 millones 734 mil 127 hectáreas, a las que se suman las 182 concesiones otorgadas por Enrique Peña Nieto para explotar una superficie de 223 mil 372 hectáreas, que es un caso muy similar al de Oaxaca, donde los panistas entregaron 267 concesiones para hacer minas en una superficie de 698 mil 198 hectáreas, a las que se suman las 26 concesiones para una superficie de 47 mil 422 hectáreas, entregadas por la administración priista de Peña Nieto.
Para comprender la forma en la que ha venido creciendo la entrega de concesiones en México, basta ver el registro histórico michoacano desde 1940, cuando los primeros títulos de explotación fueron entregados por Lázaro Cárdenas del Río, quien enajenó una superficie de 20 hectáreas para la extracción de hierro. La siguiente entrega de concesiones fue hecha por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que entregó en Michoacán 248 hectáreas con yacimientos minerales. Posteriormente el presidente José López Portillo cedió títulos para la explotación minera en 704 hectáreas. Siguió el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien concesionó mil 12 hectáreas de suelo michoacano.
Carlos Salinas de Gortari hizo entrega de títulos de concesión en suelo michoacano para una superficie de 7 mil 54 hectáreas, ejemplo que fue seguido por la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, que con cesionó 19 mil 206 hectáreas; el panista Vicente Fox entregó 380 mil 709. Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa dio a las mineras internacionales 897 mil 735 hectáreas y, hasta el cierre de 2017, Enrique Peña Nieto ya había entregado títulos de explotación minera para otras 70 mil.
Si bien 80% de las concesiones mineras en Michoacán ha ido a parar a manos de grandes trasnacionales de capital estadounidense, canadiense, indio, chino, australiano, argentino e italiano, también una parte de esos títulos de explotación, principalmente de derivados pétreos, ha quedado en manos de algunos de los jefes de células de los cárteles de drogas que operan en la entidad.
Por eso, ante la facilidad con la que se puede obtener un permiso para la explotación minera, que no requiere mayores trámites que comprar la voluntad de los funcionarios en turno, y ante la rentabilidad económica que representan las minas, se ha dado paso a un nuevo fenómeno dentro del crimen organizado: cada vez son más los cárteles que se alejan del trasiego de drogas para incorporarse a la explotación minera, sin dejar de lado sus operaciones de secuestro, extorsión, cobro de piso y homicidio por encargo.
Sólo en la Tierra Caliente de Michoacán son cerca de 200 las minas —la mayoría de extracción de materiales pétreos— operadas por células escindidas del Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana; en Coahuila, de acuerdo con datos del Cisen, Los Zetas controlan la explotación de por lo menos 18; en Sinaloa, el cártel que una vez fue de Joaquín el Chapo Guzmán, tiene presencia en la explotación de 39 minas de materiales pétreos, mientras que el Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha apropiado de por lo menos 79 de materiales pétreos y metales en Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero. Este cártel domina la extracción mineral y también controla los sistemas de compraventa y ha podido infiltrar el puerto de Manzanillo para hacer más fácil la exportación de los minerales a China.
Para medir la rentabilidad de la minería para el crimen organizado basta saber que en 2015 la PGR decomisó en el puerto de Lázaro Cárdenas 119 mil toneladas de hierro. El cargamento era propiedad de Los Caballeros Templarios y fue tasado en un valor comercial de más de un millón de dólares.
Para entender esa realidad hay que señalar que el monto anual de riqueza que se genera en Michoacán por la explotación de las minas, según un estudio del Servicio Geológico Mexicano, es de más de 5 mil 826 millones 982 mil 900 pesos, casi 10% del presupuesto que aplica el estado en sus 113 municipios. A esa suma que deja la explotación de oro, plata cobre, bronce, zinc, plomo, manganeso y hierro, se deben agregar otros 500 millones de pesos anuales por la explotación de agregados pétreos de arena, barita, calcita, cantera, caolín, yeso y tezontle.
Los ingresos de las mineras en Michoacán están casi exentos de pagos tributarios, pues menos de 1% de las utilidades es lo que se aporta a la federación por el impuesto de la explotación de los yacimientos, y en la práctica no hay obligación de resarcir daños a las comunidades en donde se asientan las minas.
SUELO RICO, GENTE POBRE
La exención fiscal para las mineras es obra de Felipe Calderón Hinojosa, impulsor de la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación de las empresas canadienses asentadas en nuestro país. Eso hizo posible que a esas compañías les baste pagar impuestos en su país de origen para recibir la condonación del gobierno mexicano, aun cuando extraen sus riquezas de nuestro suelo.
De ahí la gran contradicción en México: las regiones con mayor riqueza minera son a la vez las que mayor pobreza registran; los más pobres del país pisan a diario miles de millones de dólares que están en los yacimientos minerales de sus comunidades. Pero no tienen posibilidades de acceder a esa riqueza.
Zacatecas también ilustra esta situación. En el municipio Mazapil, en pleno semidesierto del centro del país, los vecinos viven en una de las pobrezas más extremas, aun cuando, como refiere el director de La Jornada Zacatecas, Raymundo Cárdenas, “esta gente debería vivir como lo hacen los habitantes de Dubái”, simplemente porque dentro de ese municipio está la mina de oro más grande de México, Peñasquito, operada por la canadiense Goldcorp Inc., asociada con Frisco.
Sólo en 2015 Peñasquito logró una producción de 860 mil 300 onzas de oro, que hicieron que los títulos de valor de ambas empresas crecieran casi 95%. El alto rendimiento de esa mina se ha logrado a pesar de las acciones de algunos de sus trabajadores, quienes en reclamo de mejores condiciones de trabajo realizaron entre 2015 y el primer semestre de 2016 al menos tres paros de labores y bloqueos, que fueron disueltos por la intervención del gobierno federal en favor de las trasnacionales.
Aun así, al término de 2016 Frisco y Goldcorp fueron las empresas que mejor cerraron el año en México en lo referente a ese metal, pese a que el valor total de las extracciones de oro cayó, en términos generales, 17% a nivel mundial, lo que hizo que todas las trasnacionales con proyectos mineros no sólo limitaran su inversión en sus propias minas, sino que cerraron todavía más la posibilidad de entregar regalías a los habitantes de las zonas explotadas.
Y pese a las altas utilidades de Peñasquito, en Mazapil no se ha hecho ni la mínima inversión para mejorar las condiciones de vida de sus casi 36 mil habitantes. La obra más trascendental en ese municipio en los últimos cinco años fue la construcción del Monumento al Minero.
Fuera de esa obra, anunciada por la dirigencia local del sindicato minero como parte de los trabajos de mejoramiento urbano de Mazapil, las dos grandes trasnacionales que explotan la zona no han atendido los reclamos de la comunidad, que pide mejoras al alumbrado público y pavimentación de por los menos dos de las principales calles del área urbana. Las empresas sugieren que se haga una gestión directa ante el gobierno federal para que se aporten recursos desde el Fondo Minero de la federación.
La postura de Frisco y Goldcorp no ha sido distinta de la manifestada por Ternium, que en el municipio de Aquila, Michoacán, opera la mina de hierro ubicada en el predio El Tenamaztle, donde se ha negado a entregar recursos para el mejoramiento urbano de la cabecera municipal.
Ternium, de capital argentino e italiano, se ha negado a realizar las obras reclamadas por autoridades locales y los comuneros: mejoras a los caminos vecinales, mantenimiento al sistema de agua potable y rehabilitación ecológica de la zona. La minera aceptó pagar regalías a 467 comuneros, dueños de las tierras explotadas, a quienes se les entregaban mensualmente cantidades que van de 12 mil a 15 mil pesos. Pero esa entrega no se ha cumplido desde hace dos años.
Al contrario, Ternium y su filial Las Encinas extendieron el área original de explotación minera, de 73 a 500 hectáreas, arrebatadas por la fuerza con el supuesto apoyo de Los Caballeros Templarios. Esta práctica comenzó desde la década de los noventa, cuando el gobierno federal entregó la concesión de explotación de hierro a la empresa Hylsa, S. A. de C. V., que posteriormente la vendió a Las Encinas, S. A. de C. V., la cual finalmente se asoció con Ternium.
Y en Cananea, Sonora, el Grupo México tampoco ha derramado utilidades hacia la población local; a los vecinos de ese municipio de nada les sirve que del subsuelo se extraigan anualmente entre 450 mil y 500 mil toneladas de cobre. Los avances en la mejora de la infraestructura urbana vienen sólo del presupuesto municipal y algunas aportaciones extraordinarias que a veces llegan desde los gobiernos estatal y federal.
Y así como se niega a invertir en el mejoramiento urbano en Cananea, el Grupo México no repara en los montos de inversión para extender sus trabajos de extracción de cobre, pese a la afectación al medio ambiente y a la oposición de algunos grupos defensores de la tierra. Se ha proyectado para los siguientes dos años (hasta 2019) una inversión de 3 mil 500 millones de dólares, con los que se pretende acelerar los trabajos de extracción, que vencen en 2035; se presume que de continuar con el ritmo actual de excavación, ese plazo se cumplirá cuando la mina esté explotada sólo en 70 por ciento.
Por eso a la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, no le ha importado realizar prácticas desleales para cumplir con el cometido de explotación total del subsuelo concesionado. Un ejemplo es la forma en que corrompió a la administración estatal del panista Guillermo Padrés Elías, para poder gestionar, mediante la intervención directa del propio gobernador, una serie de permisos federales con el fin de hacerse de agua para las actividades industriales, sin importar que el de por sí escaso líquido les fuera arrebatado a los vecinos de las áreas de excavación.
MINERAS SEDIENTAS
Con la intervención del gobernador Guillermo Padrés, quien durante su periodo actuó como una especie de garante de los intereses de todas las empresas mineras asentadas en Sonora, Buena Vista del Cobre, del Grupo México, obtuvo 10 concesiones para el uso de agua de los ríos Bacanuchi, Bacoachi y Cuitaca, sobre los que existen decretos de veda para el uso del líquido con fines industriales; en 2013 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo entrega de títulos a la minera para el uso de hasta 21 millones de metros cúbicos de esos cauces, lo que representó un volumen superior en más de 70% al entregado a siete municipios de la zona.
Todas las concesiones que recibió la minera del Grupo México con el fin de hacerse de agua para sus labores industriales, fueron títulos de concesión emitidos bajo el estatus de “uso público urbano”, aunque evidentemente el manejo del líquido no es público ni urbano sino que se destina al tratamiento de los minerales extraídos, y los desechos del proceso industrial son luego arrojados hacia algunas partes de esos mismos cauces.
De tal forma ha sido el apropiamiento del Grupo México del agua en todas las regiones donde actualmente explota algún tipo de yacimiento, que esa empresa es considerada por el OCMAL como una de las más devastadoras del entorno ecológico; sólo en Sonora ha perforado por lo menos 72 pozos de agua potable, sin contar con el debido permiso del gobierno federal y aun cuando se trata de una zona en donde el suministro del líquido está restringido a la población.
Esta situación fue denunciada en su momento por la senadora Silvia Garza Galván, quien fue incisiva en el reclamo a los funcionarios de la Conagua para que explicaran las razones por las que el Grupo México perforaba pozos en áreas vedadas. La legisladora obtuvo la respuesta que siempre emite el gobierno federal cuando se cuestiona a la industria minera: silencio absoluto.
La queja de la senadora por Coahuila ante la Conagua se fincó en el hecho de que el Grupo México pudo hacerse de 93 pozos de agua potable, destinada al uso industrial, pese a tener sólo 14 títulos de explotación, en tanto que de manera ilegal también se apropió de otros 30 pozos —de usos agrícola y pecuario— para el lavado de minerales.
Esa práctica ya no sorprende. Se realiza al amparo de los funcionarios en turno. Sólo en 2015 fueron más de 462 millones de metros cúbicos de agua potable los que utilizó fraudulentamente la industria extractiva del país; es decir, para actividades mineras se utilizó el agua suficiente como para atender la demanda de una población equivalente a la de los estados de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua, al cierre de 2016 eran 536 las empresas del ramo minero que habían logrado un título de concesión del gobierno federal para explotar una o varias partes de un manto freático o el cauce de algún afluente; es decir, mil 321 títulos de explotación, lo que le garantiza a esa industria un suministro de por lo menos 462 millones 382 mil 283.39 metros cúbicos anuales de agua, suficientes para para atender la demanda de una población de por lo menos 12 millones 292 mil 980 personas.
La cifra en sí puede no decir nada, pero cobra dimensión al compararla con la población que actualmente no tiene acceso ni posibilidad remota al suministro del líquido, que se calcula, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 12.9 millones de personas.
Irónicamente la entrega de concesiones de agua potable para la actividad minera se acentúa en los estados en los que es mayor la falta del líquido para la población, lo que convierte en doblemente criminal la acción del gobierno federal.
Según cifras del Registro Público de Derechos del Agua, el mayor volumen de uso del líquido para actividades mineras se registra en Sonora, Zacatecas y Michoacán; son los tres estados que concentran a la mayor parte de la población pobre de todo el país, que tiene como principal carencia la del agua.
J. Jesús Lemus es un periodista desplazado. En mayo de 2008 lo secuestraron y lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad, donde fue procesado y sentenciado por una venganza desde el poder. Lo absolvieron en mayo de 2011. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas acompañaron su caso. A su salida de la prisión, desde donde describió el horror de la cárcel, ganó en Holanda el premio internacional Pluma a la Libertad de Expresión, que otorga la fundación no gubernamental Oxfam Novib / Rory Peck. Actualmente colabora para Reporte Índigo, donde da cobertura a temas de política, seguridad nacional y narcotráfico. Es autor de Los malditos (2013), Cara de Diablo (2014), Michoacán en guerra (2014), Mireles, el rebelde (2014), Tierra sin Dios (2015) y El último infierno. Los malditos 2 (2016), títulos publicados bajo sellos de Penguin Random House.
