Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– Una investigación encontró que los hechos de violencia que han ocurrido en México desde 2000 han tendido a alentar la movilización ciudadana en las calles pero, al mismo tiempo, y en creciente riesgo para el modelo de Gobierno democrático –advierte–, la han desmotivado en las urnas.
Por tanto, advierte la investigación, es necesario que la ciudadanía encuentre la manera de combinar ambas expresiones de descontento o, de lo contrario, se mantendrá el círculo de corrupción, repudio y desgaste de los pocos mecanismos de rendición de cuentas, como el proceso electoral.
“Mientras que la violencia criminal y la victimización deprimen la participación en los procesos electorales, también estimula la participación en protestas. Por tanto, aun cuando la violencia puede reducir las oportunidades de rendición de cuentas a través de la vía electoral, los mecanismos para la rendición de cuentas en la sociedad permanecen viables y disponibles para colocar nuevos temas en la agenda pública”, dice el artículo “Violencia y participación ciudadana en México: de las urnas a las calles”, difundido este mes por el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington, D.C.
“Sin embargo, si la violencia desmoviliza a los votantes mientras que, al mismo tiempo, los empuja a las calles y a arriesgar sus vidas en esa movilización, en el largo plazo, el apoyo para la democracia se puede colapsar en algunas regiones”, advierte.
En entrevista con SinEmbargo, la autora de la investigación, la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke y ahora académica invitada en Notre Dame, Sandra Ley, explicó que, de acuerdo con la medición hecha en su estudio, la participación de la ciudadanía en las urnas será menor este 2015, justo después del año que mayor movilización social se ha registrado.
Esto, dijo, debido a que existe un justificado desgaste en la expectativa que la población tiene de su participación en los procesos electorales y una noción de que las instituciones de ahí emergidas no cumplen su responsabilidad –como proteger la vida– sino todo lo contrario, aparecen, como en el caso de Iguala, como perpetradores de crímenes y de injusticias.
A este ambiente, agregó Ley, se suman en este proceso los escándalos de corrupción difundidos en los meses pasados –como la compra de una casa de más de 80 millones de pesos por parte de la pareja presidencial- que refuerzan la desconfianza ciudadana.
Pero el resultado de esa menor participación en las advirtió, es la extensión de “un cheque en blanco” a los políticos que, en México, no toman como castigo la baja participación en las urnas sino que, por el contrario, terminan haciendo su voluntad, como imponer medidas de seguridad violatorias de los derechos humanos.
“No es una decisión fácil para el votante, saber por quién votar y como castigar, primero porque saber quién es responsable de la seguridad es complicado y, también, porque la elección es un medio limitado de expresión, es distinto a cuando voy a las calles, que es cuando expreso lo que quiero”, dice vía telefónica.
“Pero es importante combinar estas protestas con la rendición de cuentas en las urnas, porque, de otra forma, quienes gobiernan seguirán siendo los mismos (…) no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es importante que diga lo que me molesta en las calles, pero también que en las urnas emita el mensaje, que es el más directo para los políticos”, agrega.
En ese sentido, explicó que el desafío y la solución es contar con un electorado que esté informado y sea capaz de distinguir en lo posible cuál de las autoridades fue la que le falló, por ejemplo, en cuestiones de seguridad y, con ese conocimiento, votar y enviar un mensaje de castigo –aunque el reto que, dice, se dificulta con el control de los Gobiernos sobre diferentes medios de comunicación.
“Es la impunidad y la debilidad de las instituciones políticas mexicanas las que continúan alejando a los votantes de las urnas. La participación electoral sólo aumentará en México si el país es capaz de construir instituciones que sean capaces de controlar la violencia y procurar justicia, particularmente a nivel local”, advierte en las conclusiones.
MICHOACÁN Y GUERRERO: “PRUEBA DE FUEGO”
El análisis encuentra también que, si bien habrá elecciones locales en 17 estados, el Gobierno mexicano debe prestar particular atención a entidades como Guerrero y Michoacán, entidades ambas con ciudadanos armados para su autodefensa, en disputa por grupos de delincuencia organizada, alta tasa de homicidios y, significativamente, con políticos que han sido directamente blanco del crimen organizado.
“Las elecciones en Michoacán serán una prueba crucial para la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Las elecciones tendrán lugar un año y medio después de la intervención federal para retomar el control del estado y la formación de una fuerza de policía rural a partir de los anteriores grupos de autodefensa (…) miembros de la policía rural siguen investigados por vínculos con la delincuencia organizada, alcaldes están también bajo investigación por su colusión con el crimen organizado”, dice.
“Guerrero es el estado con la mayor cantidad de ataques contra figuras políticas en 2014 (…) Más allá, el caso ha mostrado los vínculos entre autoridades locales, policías y crimen organizado. Tal colusión ha resultado en la elección de un ‘narco-candidato’ en Iguala y la reciente desaparición de 43 estudiantes”, agrega.
En la entrevista, Ley menciona que este ambiente de impunidad y corrupción desalientan de manera natural la participación ciudadana de manera tal que la única institución en el país encargada de promover la votación, el Instituto Nacional Electoral, no será suficiente.
“Es fundamental identificar las regiones donde los ciudadanos no pueden votar libremente y empezar a desarrollar ahora soluciones de corto y largo plazo (…) las autoridades electorales deben también monitorear de cerca a los candidatos y las tendencias políticas”, dice.
De otra forma, la participación electoral, junto con la gobernanza, continuará sufriendo grandemente”, agrega.
JUÁREZ, EJEMPLO DEL DECLIVE
La investigación incluye la elaboración de una serie de cálculos y modelos de comparación entre participación electoral desde 2000 y otras variables, como tasa de homicidios, asesinatos o atentados contra políticos o candidatos y aun contra votantes –como ocurrió en 2011 en Michoacán- y participación ciudadana. En otro cálculo, la investigación compara índices de violencia contra número de manifestaciones, encontrando también una correlación en el aumento de ambas.
Un ejemplo de esta correlación, de acuerdo con el análisis, es Chihuahua, que durante el sexenio anterior presentó los más altos indicadores de homicidio y, también, de manifestaciones u otras expresiones públicas de descontento social (224).
Y, en ese contexto de violencia extrema y movilización social, Ciudad Juárez presentó en 2010, también, uno de los niveles de participación más bajos para elegir alcalde: sólo un 30 por ciento del electorado.
“El caso de Juárez es uno en el que los votantes tuvieron que elegir alcalde en medio de uno de los años de mayor violencia que la ciudad había experimentado. Cinco meses antes de la elección, en enero 31 de 2010, la masacre de 16 civiles puso en shock a la ciudad (…) consistente con la descripción, sólo 30 por ciento del electorado fue a votar (…) Interesantemente, durante este mismo año, las protestas contra la inseguridad se incrementaron marcadamente (de 38 a 78 actos)”, dice.
El artículo recién difundido por el Centro Woodrow Wilson es parte de la serie “Construyendo comunidades resistentes en México: Respuestas ciudadanas al crimen y la violencia” y, también, la tesis doctoral de la autora así como la simiente de su proyecto de libro “Ciudadanos en miedo: participación política y comportamiento electoral en medio de la violencia”.
