Esperanza Reyes Aguillón, madre de familia, ganaba 500 pesos a la semana trabajando en casas de la capital potosina. Un día su hija le pidió un cuaderno, así que fue a comprárselo a una papelería. Pagó con un billete de cien pesos que resultó falso. La dueña de la papelería le dijo a su esposo que llamara a la policía y ahí empezó el tormento. Hoy Esperanza cumple una condena de 6 años en las Islas Marías.
Su proceso, como los que se enderezan contra los más pobres, ha sido irregular e injusto. Eréndira Reyes dice que el único fundamento para acusar a su hermana Esperanza fue la palabra de la dueña de la papelería y que Esperanza se puso nerviosa cuando vio a los agentes llegar al negocio, hecho que ellos reportaron como “actitud sospechosa”. Pero si son especialistas en infundir miedo, ¡lo sospechoso sería no asustarse con ellos! El 27 de enero de 2012 el juzgado Tercero confirmó la sentencia a Esperanza, cuyo abogado de oficio realmente no la defendió.
Hoy convive en las Islas Marías con más de dos mil delincuentes reales. Pudiéramos decir que está ahí por cien pesos, pero realmente es por ser pobre. Obvio, no es el único caso en que el aparato mexicano encargado de administrar la justicia es usado por sus agentes, quienes ignoran o tuercen la ley para descargar sus amarguras personales contra el más débil.
Y no se trata de noticias, sino de personas a quienes se les roban días de vida, soles, juegos con sus hijos. ¿Con qué se repara la pérdida de los abrazos, los paseos, los atardeceres, el gallo que nos despierta y el viento que juega a despeinarnos? ¿Cómo puede el sistema de justicia enmendar el error de encarcelar a los inocentes durante esos años, que una prisión convierte en décadas?
Varias organizaciones potosinas y nacionales, como el Centro de Atención a Víctimas del Delito, se han acercado a este caso que está a punto de resolverse por la salida fácil del indulto; fácil para los poderes judiciales, pero aún así injusta. El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Daniel del Río Loaiza, opinó que el juzgado tercero no tenía elementos para fincarle responsabilidad a Esperanza; y como el caso ya era “cosa juzgada”, se pudo solicitar el indulto presidencial. El recurso se recibió en la Presidencia de la República el jueves de la semana pasada.
El abogado defensor de Esperanza Reyes, Mario de la Garza, miembro de la Barra de Abogados estatal, menciona como referencia que cuando alguien entrega un billete falso, incluso en un banco, normalmente se le avisa al portador, se le da un comprobante y se destruye el billete. Incluso en cajeros automáticos a veces se reciben billetes falsos. En esto se basa Garza Marroquín para calificar la situación de Esperanza de “desmedida, injusta e inequitativa”.
Es muy posible que a Esperanza Reyes pronto se le conceda el indulto, que es un perdón presidencial; y cabe preguntarnos: ¿De qué tiene que pedir perdón Esperanza Reyes? Perdón deberían pedirles a ella y a Alberto Patishtán por el tramo de vida que les robaron -nada más porque se les dio la gana- los policías, jueces y ministerios que no cumplieron con su deber civil de actuar dentro del marco de la ley para impartir justicia.
Víctimas como ellos no son delincuentes. Sus únicas culpas son su falta de dinero, de escuela y ser diferentes. El Arzobispo de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, se lamentó de que en México sea “más fácil castigar la pobreza, la desigualdad y la ignorancia”.
