Diego Petersen Farah
17/11/2017 - 12:00 am
De la reglamentación publicitaria y sus consecuencias
El gasto en Comunicación Social de los gobiernos tiene una perversión de origen y es que usen nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, en decirnos lo que los gobernantes quieren que sepamos y no para que nos informen lo que nosotros necesitamos saber. Esa pequeña diferencia pervierte de origen el gasto de comunicación, pues terminan generando un beneficio personal, la imagen del gobernante, con dinero ajeno.
El gasto en Comunicación Social de los gobiernos tiene una perversión de origen y es que usen nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, en decirnos lo que los gobernantes quieren que sepamos y no para que nos informen lo que nosotros necesitamos saber. Esa pequeña diferencia pervierte de origen el gasto de comunicación, pues terminan generando un beneficio personal, la imagen del gobernante, con dinero ajeno.
La resolución de la Corte del miércoles pasado pone además el punto sobre la i cuando dice que el gasto discrecional, sin reglas de operación ni control, ha provocado una distorsión que afecta el derecho a la información, pues se alienta la visión pro gobiernista al tiempo que opaca las voces críticas frente al concierto de corifeos en que la publicidad gubernamental ha convertido a muchos medios de comunicación. La resolución pone como fecha límite para que esté aprobada la ley reglamentaria en la materia el 30 de abril, es decir, en plena campaña por la presidencia.
La batalla por la reglamentación será, podemos preverlo, ruda y despiadada. Lo que está en juego no es solo la autoestima de los gobernantes y una forma perversa de mantenerse en el poder, sino la sobrevivencia de muchos medios de comunicación cuyos ingresos dependen fundamentalmente de estos recursos. Son muchos, me atrevería a decir que al menos la mitad, de medios nacionales y regionales que dependen en más de 50 por ciento de sus ingresos de los tres niveles de gobierno. Hoy uno de cada tres pesos que se gasta en publicidad en este país viene del gobierno; a principios de este siglo era solo uno de cada diez. El problema para los medios llamados tradicionales es que la publicidad real, la comercial, se concentra cada vez más en los medios que sí funcionan, es decir que tiene un tiraje o audiencia importante y, además, una parte de esta inversión se ha ido, poco a poco pero consistentemente, a páginas de internet que no necesariamente son de información.
¿Le pasa algo a nuestra democracia si desaparecen de golpe la mitad de los medios de comunicación? Tristemente la respuesta es no, porque lo que vamos a perder no son voces distintas sino miembros del coro. Ante la pauperización de muchas redacciones en el país hoy lo que tenemos son gigantescos aparatos de comunicación social que se convirtieron en los verdaderos productores de contenido. Contenido que, sobra decirlo, nada tiene de informativo sino que es simple y llanamente propagandístico.
Si de algo podemos estar seguros es que el debate por la ley reglamentaria de hoy al 30 de abril será intenso, y que el resultado dejará mucho que desear, pero también podemos estar ciertos que lo que salga será mejor que lo que tenemos ahora.
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