El martes en el Senado se aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional para establecer un procedimiento de revocación de mandato para los cargos ejecutivos, un recurso de pretendida democracia directa que encierra enormes riesgos para la consolidación de un orden constitucional representativo estable. No voy a repetir aquí los argumentos que en su artículo de El Universal planteó la mañana misma de la votación José Woldenberg, con los que coincido plenamente. Sólo baste decir que se trata de un paso más en el proceso de deformación de la Constitución que ha avanzado desde que comenzó esta legislatura, impulsado desde la presidencia de la República, pero que ha contado con la condescendencia cómplice de buena parte de los partidos que supuestamente debieron ejercer un papel limitante, precisamente porque la coalición de poder no cuenta con la mayoría calificada necesaria para hacer y deshacer, en materia constitucional. O al menos eso se suponía.

¿Cuál es la lógica racional que ha llevado a la mayoría de los partidos, incluido el otrora todopoderoso PRI, a convertirse en meras comparsas de la voluntad presidencial? Descuento de entrada al Partido del Trabajo y al pretendido Verde, porque esas organizaciones fueron creadas desde el poder durante el Gobierno de Carlos Salinas, precisamente como renuevos de las organizaciones que durante la época clásica del régimen del PRI fungieron como simulacros de pluripartidismo. Como los antiguos Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), meros cascarones subvencionados por el propio régimen para pretender una democracia inexistente, el PT y el Verde nunca han sido otra cosa que instrumentos al servicio del Gobierno en turno, ya sea el PRI, el PAN o ahora Morena.

El PRI, disminuido hasta el borde de convertirse en un partido marginal, a pesar de contar aún con un número nada desdeñable de gobiernos estatales, es un caso que merece un análisis especial para comprender su deriva. Después de su derrota presidencial en 2000 se erigió en un auténtico partido de oposición y actuó como límite y contrapeso de los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Tenía entonces la perspectiva de volver al poder y logró recomponerse incluso después de que en 2006 había sido relegado al tercer lugar de votos. Sin embargo, ahora se ha allanado a la voluntad presidencial, como si en su código memético colectivo fueran dominantes los memes de sumisión al poder omnímodo, como si los priistas no entendieran otra manera de actuar que la disciplina y la sumisión a los dictados del Ejecutivo. Una conducta comprensible en los tiempos en los que la continuidad de la carrera política dependía de la lealtad al Presidente en turno, pero que resulta suicida, al menos por lo que toca al colectivo, en las circunstancias actuales. Tal vez sea racional en términos individuales tratar de quedar bien a los ojos del nuevo Señor del Gran Poder, pero como organización el PRI parece dirigirse a la extinción o a convertirse en un grupo más de la nueva coalición hegemónica.

Decepcionante ha sido, sobre todo, la actuación de Movimiento Ciudadano, incapaz de transformarse en una formación con vocación de futuro, que ha quedado atrapada en su origen como un mero grupo al servicio de los intereses particulares de su dirigente. Nacido como Convergencia Democrática en 1999, el partido en sus comienzos fue producto de una red de antiguas clientelas priistas articuladas por Dante Delgado, ex Gobernador de Veracruz que había roto con Ernesto Zedillo, quien provocó su encarcelamiento, típico mecanismo de castigo a la indisciplina política hasta estos días.

Después de sucesivas metamorfosis, la organización pareció transformarse en un vehículo de participación de nuevos liderazgos locales, que les abría las puertas a expresiones socialdemócratas y feministas, como la candidatura de Patricia Mercado o la invitación a Salomón Chertorivski para que encabezara su consejo consultivo. Su actuación legislativa, empero, ha sido lamentable. Les ha otorgado sus votos a nombramientos abominables –el de Jazmín Esquivel en la Suprema Corte de Justicia es el ejemplo más destacado– y a reformas constitucionales hechas a la medida del capricho presidencial: la reciente de revocación de mandato –aunque se arguya que lograron modificarla para poner en manos de la ciudadanía lo que López Obrador pretendía en manos del Presidente– o el terrible retroceso en materia educativa. Es más: sin necesidad alguna les concedieron sus votos a las leyes secundarias que le devuelven buena parte del poder perdido a los sindicatos corporativos de la educación, ahora aliados del nuevo proyecto hegemónico.

Sólo el PAN parece saber cuál es su papel frente al proceso de desmantelamiento de lo que había avanzado durante las últimas dos décadas en materia de equilibrios y contrapesos. Sólo la derecha conservadora, con su aceda visión de lo social y de la economía, ha tenido la coherencia de sostenerse como oposición, tal vez porque ese ha sido el papel que ha pretendido jugar desde que entró al arreglo del antiguo régimen. La izquierda, en cambio, ha sido fagocitada por el proyecto caudillista o ha claudicado, sin liderazgos ni proyecto propio.

¿Qué necesidad tenían el PRI o MC de concederle a López Obrador sus reformas constitucionales o sus nombramientos a modo? Morena con sus satélites se hizo con una cómoda mayoría legislativa para hacer reformas a la legislación ordinaria. Lo deseable hubiera sido que la supuesta oposición armara un frente de moratoria constitucional, de forma que el presidente pudiera desarrollar un programa legislativo sin deformar a su modo el arreglo constitucional. Sin embargo, la dependencia de la trayectoria presidencialista, arraigada desde el porfiriato, nos ha llevado a este escenario de retroceso a tiempos en los que la Constitución no era más que el espejo de la megalomanía del presidente en turno, convertido en gran reformador. La pesada carga de la herencia de las instituciones informales ha modelado la actuación de unos partidos condenados a ser meros trasuntos de los viejos PPS o PARM, mientras el proteccionismo legal en el que se sustenta su existencia impide el surgimiento de nuevas fuerzas.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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