Hasta hace poco, hubiera sido inconcebible la actitud que está mostrando el actual gobierno de Guanajuato hacia Lucero Salcedo, una víctima de la violencia de género.

Luego de inaugurarse con discursos humanistas, promesas de participación social y campañas de exaltación de los valores, la gestión de Miguel Márquez ofrecía cambios prometedores.

A diferencia del cerril Juan Manuel Oliva, Márquez aseguraba que en Guanajuato hacía falta “más PAN y menos Yunque”.

Por eso no se logra entender la innegable existencia de la gran molestia que le causa al gobernador Márquez el tema de Lucero, después de que este se le aparece donde menos lo espera.

La bonhomía, la disposición, el bueno modo que había distinguido a Márquez a lo largo de su vida pública, parece abandonarlo a últimas fechas cuando vuelve a emerger el tema de la joven golpeada, mal representada por su ministerio público y promotora de la que quizás es, a estas alturas, la más flagrante exhibición de la misoginia del panismo guanajuatense.

Probablemente, el gobernador Márquez siente que se encuentra frente a una conspiración de la que forman parte periodistas locales, nacionales e internacionales; autoridades federales; organismos de derechos humanos; organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. La paranoia suele ser una salida cuando no se logra comprender la complejidad de un asunto.

No puede explicarse de otra manera la respuesta del mandatario a los reporteros el día de ayer, en medio de la crisis de las tomas de carreteras por los productores de sorgo, algo que a lo mejor contribuye a la tensión que muestra en su ánimo.

Miguel Márquez dijo, de manera tajante, que su gobierno no piensa emprender una acción para sancionar las omisiones e, incluso, equivocaciones cometidas por servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado en el proceso en contra del agresor de Lucero Salcedo, Miguel Ángel Jasso Manríquez. Al parecer, tampoco acepta que los ministerios públicos especializados en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, tengan fallas que deban mejorar.

Seguramente, tampoco tiene los pormenores del caso de Laura Patricia Vázquez, a quien de nada le sirvió romper el silencio y acudir al ministerio público de Guanajuato para denunciar el maltrato de que era objeto. No fue escuchada por la autoridad y lo pagó con su vida.

Con su molestia, con su resignación a soportar temas tan molestos, Márquez está dando respuesta en los hechos a la solicitud que le fuera realizada el sábado pasado por el Instituto Nacional de las Mujeres que expresamente le pedía tomar cartas en el asunto y aplicar sanciones por una causa objetiva: la omisión de los protocolos de perspectiva de género que postulan leyes como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de diversos tratados internacionales signados por el país.

Si lo que el gobernador mostró ayer fue sólo una respuesta un tanto afectada por el fastidio de tener que afrontar el tema durante las pasadas cuatro semanas, podría ser explicable, aunque no justificable. En cambio, si lo que está anunciando es el contenido de su contestación a los oficios de Inmujeres, la situación tomará otro cariz.

Márquez dijo que el gobierno se limitará a acatar lo que plantee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “que es la autoridad en el tema”, lo que deja de lado la petición de Inmujeres y evidencia una actitud muy poco proactiva en la que parece una enorme área de oportunidad para realizar una mejora que abone a los postulados humanistas que gusta ostentar en su discurso.

Lejos de aceptar una evidencia palpable de que las cosas no están bien en la muy sensible área de los ministerios públicos, ha optado por la negación, lo que también equivale a la complicidad.

Todo porque una joven sin más armas que su voz, logró movilizar a la opinión pública como no lo logran ni siquiera campañas publicitarias de millones de pesos. Todo porque la única participación social que quiere el gobierno es la de los consejeros ciudadanos escogidos a modo y  domesticados por sus intereses y su vocación cortesana.

La señal que se está enviando desde el gobierno resulta nefasta. Como bien lo citó hace algunos días en una mesa de La Revista de la Una, en Zona Franca, la regidora leonesa Beatriz Manrique, la respuesta consistente del gobierno a las mujeres afectadas por la violencia de género, es: si denuncias no sirve de nada y, en el peor de los casos, incluso estás en riesgo.

No es una actitud que se quede en la negligencia. Raya en la omisión criminal.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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