Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La agresión de la que fueron víctimas el pasado miércoles cinco jóvenes sin hogar por parte de encapuchados en el primer cuadro de la Ciudad de México no es la primera que se registra en la capital del país, donde desde febrero pasado, defensores de los derechos humanos advirtieron a las autoridades sobre la existencia de grupos que atacan a la población callejera.
Según la organización social El Caracol, el Distrito Federal está entre las nueve entidades donde se discrimina a las poblaciones callejeras en el país. En el año 2012 al ponerse en macha el Programa de Rescate de Espacios Públicos, al menos 900 personas fueron retiradas de las calles de la capital.
Luis Enrique Hernández Aguilar, integrante de la organización expuso en una conferencia en febrero pasado que en el año 2010, en la Plaza Zarco, se registraron 11 muertes de jóvenes de la calle que fueron agredidos por un grupo de policías, por el sólo hecho de no tener un lugar donde pernoctar.
«Hubo 11 muertes en un grupo que fue muy violentado por la policía; hubo represión y luego muertes», dijo.
En el 2010, también, trabajadoras sexuales realizaron el 29 de febrero una marcha para denunciar una presunta “limpieza social” en su contra por parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
En esa ocasión denunciaron operativos violentos para quitarlas de las principales vialidades de la ciudad para las celebraciones del bicentenario y centenario de la Independencia y Revolución Mexicana, respectivamente.
Juan Martín Pérez García, de la Red de los derechos de la infancia, detalló en febrero cómo el GDF ha «institucionalizado» la limpieza social.
«El caso de la Ciudad de México es paradigmático porque ha institucionalizado la limpieza social a partir de la legislación del artículo 492, que menciona la tutela por desamparo, el cual consiste en retirar o separar a las familias callejeras porque no están en condiciones de apoyo».
Además de los artículos 124 y 125 de la Ley de Cultura Cívica, que señalan que el espacio público no puede tener fines privados. Pero, «obviamente, la ley es discrecional ya que sólo se aplica a los callejeros de la calle Artículo 123, en el Centro, o a quienes estaban en los bajopuentes de Circuito Interior que fueron concesionados a particulares».
CASO POR CASO
De 2009 a 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó 65 quejas por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en situación de calle. En el mismo lapso emitió 6 Recomendaciones por hechos relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales.
Pero este tipo de acciones se remontan al menos 15 años atrás, según los registros de El Caracol.
En 1998, trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal soldaron las tapaderas de las alcantarillas de La Alameda con 17 niños de la calle adentro; en julio de 2002, la Arquidiócesis de México y el gobierno capitalino habrían desalojado y encerrado en una bodega durante dos semanas a unos 250 indigentes para evitar que la gente los viera durante la visita del Papa Juan Pablo II.
Nuevamente, el gobierno capitalino habría retirado en febrero de 2003 a la población callejera de la Alameda Central, durante la inauguración del Hotel Hilton.
En abril de 2007, indigentes que vivían en el perímetro de la colonia Morelos, en la Delegación Venustiano Carranza, habrían sido intimidados por personal de la delegación y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes arrojaron sus pertenencias a botes de basura y fueron llevados al Ministerio Público en contra de su voluntad.
Tres meses después, un grupo de entre 10 y 15 jóvenes de la calle Artículo 123 habrían sido levantados por elementos de la SSP de la calle Artículo 123 para ser abandonados en la carretera México-Cuernavaca.
En noviembre de 2009, un grupo de vendedores callejeros de la calle Congreso de la Unión fue agredido durante tres días por personal de la Delegación Venustiano Carranza quienes los mojaron con pipas de agua, tiraron sus pertenencias a la basura y los llevaron contra su voluntad al Centro de Asistencia e Integración Social Coruña.
OTRAS CIUDADES “LIMPIAS”
En mayo de 2012, un conjunto de organizaciones civiles denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además del Distrito Federal existían casos documentados de limpieza social en Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Acapulco, Xalapa y Chiapas.
Ese año, la CIDH hizo un llamado al entonces Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Cassaubon para que atendiera distintos casos de violaciones a los derechos de la población callejera, sin embargo, no fue atentido.
Desde a finales de 2012, varias organizaciones manifestaron su preocupación por las acciones de “limpieza social” que emprendió el edil de San Cristóbal de las Casas, Francisco Martínez Pedrero en contra de familias indígenas tzotziles, que son acompañados por más de 2 mil 400 niños que se dedican a la venta de artesanías en el centro histórico.
De acuerdo con testimonios de niñas y niños trabajadores ambulantes y sus familias”, agentes de la Policía Municipal los “amenazan” y “hostigan” para que se retiren del primer cuadro de la ciudad, ya que en caso de no hacerlo “les quitarán su mercancía o se los llevarán detenidos” a la prisión.
Una de las primeras acciones de hostigamiento fue la cancelación de permisos para 300 familias de indígenas que se instalaban en la plaza central, entre las 20:30 y la 1:00 horas, para la venta de sus artesanías y sólo les permitieron hacerlo en la madrugada, cuando ya no hay visitantes en el área.
Durante 2011, en Guadalajara, con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos, organizaciones civiles como el Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (Mama, AC) denunciaron un plan de Reordenamiento Humano para “retirar” a las poblaciones callejeras del primer cuadro de Guadalajara previo y durante la realización de la justa deportiva.
