Sanjuana Martínez
17/06/2013 - 12:00 am
Granier y la punta del iceberg
La justicia estilo Enrique Peña Nieto pretende un beneficio político, en lugar del imperio del estado de Derecho. Es una justicia selectiva, partidista, simuladora, oportunista, falsa… El caso de Andrés Granier Melo es un botón de muestra. El ex Gobernador de Tabasco que quería ser Presidente, hoy está arraigado en un hospital privado al sur […]
La justicia estilo Enrique Peña Nieto pretende un beneficio político, en lugar del imperio del estado de Derecho. Es una justicia selectiva, partidista, simuladora, oportunista, falsa…
El caso de Andrés Granier Melo es un botón de muestra. El ex Gobernador de Tabasco que quería ser Presidente, hoy está arraigado en un hospital privado al sur de la Ciudad de México, acusado de desfalco al erario público y ejercicio indebido del servicio.
La historia de Granier Melo es muy parecida a la de muchos gobernadores. El sistema político mexicano permite a los ejecutivos estatales gobernar sin limites ni contrapesos. No hay quien los fiscalice eficazmente porque la separación de poderes es una ilusión. En algunos casos el Congreso está dominado por la misma fuerza política gobernante, con lo cual es ilusorio esperar una verdadera democracia si además el Poder Judicial funciona a través del sometimiento al Gobernador en turno.
A los gobernadores, robar les sale muy barato. Casi todos saquean las arcas públicas, algunos más que otros. Muy pocos temen a la acción de la justicia. Durante décadas hemos visto “irse de rositas” a decenas de gobernadores corruptos que luego se pasean como “hombres honorables” de negocios.
Los gobernadores roban a manos llenas, sin disimulo, con cinismo y absoluta impunidad. El sistema los protege, el partido los arropa, la justicia los ignora. Se convierten en amos y señores. En un poder absoluto que puede ir saqueando junto a sus “operadores” los recursos del pueblo.
Los gobernadores no tienen vergüenza de convertirse en vulgares ladrones, pillos de cuello blanco, rateros en turno. Tampoco la sociedad los castiga. Se pasean por la calle, los restaurantes, las plazas, sin que nadie los increpe y les reclame en su cara sus fechorías financieras.
Es como si parte de la idiosincrasia del mexicano considerara que ser un político corrupto es sinónimo de ser un político normal. Nos hemos acostumbrado a ver las transas y los escándalos multimillonarios como algo cotidiano, hechos “tradicionales” que nunca reciben castigo. La invitación perpetua a la repetición del delito: roba, roba todo lo que quieras, que nada te pasará o el clásico: “No me des, ponme donde haya”.
La multiplicación de los gobernadores rateros se extiende a lo largo y ancho de la República. La siguen la multiplicación de los senadores, diputados, alcaldes, regidores y funcionarios de quinta rateros, que siguen por la tradicional línea inquebrantable de la corrupción.
Y es que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas son pura simulación. También los corruptos en cuestión los controlan. ¿Qué Gobernador será capaz de permitir transparentar sus cuentas si ha robado a manos llenas? ¿Cuántos cómplices tiene un Gobernador corrupto? ¿Quién o qué instituciones protegen el robo descarado de los gobernadores? La mayoría de ellos transparentan lo mínimo, rinden cuentas con la mentira por delante y se ríen a carcajadas de los mecanismos anticorrupción.
El saqueo de los recursos públicos de los gobernadores sucede a la luz del día y en descampado. Los ciudadanos asistimos de forma cotidiana a la revelación periodística de casos innumerables de corrupción. Y no pasa nada: vivimos en el país donde difícilmente un político caerá por ratero o por robarse unos cuantos miles de millones de pesos.
Los casos abundan: Humberto Moreira, Mario Marín, Ulises Ruiz, Arturo Montiel, Tomás Yarrington, Juan José Sabines, Marco Antonio Adame, Mario Villanueva, Guillermo Padrés Elías, Rodrigo Medina, José Natividad González Parás, Sergio Estrada Cajigal, Emilio González Márquez, Patricio Patrón Laviada, Leonel Godoy Rangel…
La lista de los gobernadores corruptos que se fueron impunes es tan grande como el país, al igual que la lista de los gobernadores corruptos en funciones o la lista de los que son ahora candidatos provenientes de otros puestos de elección popular como alcaldes, diputados, senadores y regidores, donde han mostrado ampliamente sus aptitudes para ser ladrones.
En definitiva, a los mexicanos nos queda claro que las cualidades requeridas para ser Gobernador son: saber robar a manos llenas; disimular que rinden cuentas; colocar como operadores a sus familiares y amigos; tener varias cuentas bancarias en paraísos fiscales; comprar casas, coches, yates o aviones a nombre de testaferros; fomentar un sistema de pagos extras a cambio de jugosos contratos con el gobierno; cobrar el 15 o 20 por ciento de todo lo que entra a las arcas públicas; tener la suficiente creatividad para innovar negocios alrededor de las oficinas de gobierno; ser cínico, no tener ética y desconocer la palabra decencia; tener suficientes amigos poderosos para conseguir evadir siempre la acción de la justicia; pertenecer a un grupo de poder dentro del partido… etcétera, etcétera.
La justicia estilo Peña Nieto nos deja claro que existen dos tipos de personas en este país: los ciudadanos comunes, simples mortales sujetos al imperio de la ley y los gobernadores y demás funcionarios públicos a quienes casi nunca alcanzará la justicia. Granier Melo es un ejemplo: sólo se le acusa de ejercicio indebido del servicio público y de peculado, cuando todos sabemos que robó 1,800 millones de dólares al Estado.
La justicia estilo Peña Nieto estimula a los ciudadanos a la corrupción, desalienta las reglas del juego en una democracia y finalmente mantiene a México sumida en la posición de “república bananera”.
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