¿Y ahora qué hacemos con el ejército? O peor aún, ¿y cómo le hacemos sin el ejército? El crimen organizado ha barrido con todas las instituciones del Estado en muchas regiones del país; ni siquiera las fuerzas armadas han podido en contra de los cárteles, aunque constituyen el único recurso que al menos ofrece una medida de contención, aun cuando sea momentánea. El problema es que tras diez años en las calles, los inevitables excesos que supone un ejército de ocupación han terminado por convertirse en una factura política para el régimen y en motivo de resentimiento entre la oficialía.

Nadie lo explica mejor que la cabeza de todos ellos. En una entrevista publicada en SinEmbargo.mx el 16 de marzo, el Secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, lo dijo sin medias tintas: “ El Ejército no está destinado para las labores que hoy hace. Ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la institución, nos preparamos para hacer funciones de policía, no lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función, hoy lo reitero, pero también digo que estamos conscientes que si no lo hacemos nosotros, no hay quién lo haga en este momento, y es una orden que tenemos del Presidente, respaldada por la propia Constitución, estamos cumpliendo con la orden, y cuando a nosotros se nos da una orden, la cumplimos de la mejor manera en que podamos, es lo que estamos haciendo, no somos de la idea de seguir siendo policías, pero mientras no esté capacitada en la responsabilidad que deben de tener los cuerpos policiacos, seguramente, tendremos que seguir en esto”.

Y “esto” es algo que comienza a convertirse en una dura lápida para una institución que se había acostumbrado a ser objeto del respeto y la admiración de los mexicanos.

El video de la tortura de una mujer de 22 años, Elvira Santibañez, a manos de dos militares (uno de ellos mujer) y una policía federal sacudió a la opinión pública nacional e internacional. La última cuenta de un rosario cada vez más vergonzante para las fuerzas armadas.

Bueno, no solo vergonzante, también peligroso. Entre los oficiales comienza a cundir el temor de ser objeto de investigaciones judiciales en el futuro y ser llevados ante tribunales nacionales o internacionales. En su lógica, acuden por órdenes de los políticos a limpiar de secuestradores y narcos a una región del país, es decir, a hacer el trabajo sucio del combate a los cárteles. Y están convencidos de que esos mismos políticos, o los que sigan, no dudarán en sacrificarlos ante los tribunales para salvar su propio pellejo.

El problema de fondo es que los soldados carecen del entrenamiento para la investigación policiaca como tal. Y en efecto, aterrizan en una población literalmente en carácter de ejército de ocupación a participar en una guerra donde el enemigo se mimetiza entre los vecinos. Es decir, un contexto que potencia excesos, abusos y, eventualmente, infamias como las que exhibe el video o la tragedia de Ayotzinapa.

El sábado el General Cienfuegos ofreció una disculpa pública por estás prácticas y exhortó a todos los militares a respetar los derechos humanos. Pero en el fondo, los generales se sienten atrapados. Imposible vigilar el comportamiento de 60 o 70 mil elementos desplegados en todo el territorio, muchos de ellos inmersos en una lucha salvaje y brutal en contra de un enemigo despiadado.

Los militares saben que están en una batalla que no habrán de ganar. Peor aún, una batalla en la que tienen mucho que perder, tanto en lo individual algunos de ellos, como en términos de institucionales todo ellos.

El Ejército ha sido junto con la Iglesia y las universidades, la entidad que genera mayor confianza en la opinión pública nacional. En septiembre de 2007, diez meses después de haber sido involucrados en la guerra contra los cárteles, constituían la institución con mayor aprobación, según una encuesta que Mitofsky levanta anualmente: recibía una calificación de 8 (en una escala del 1 al 10). En 2015, en la encuesta más reciente ocupa el tercer lugar, y su calificación ha descendido a 7.

En el fondo el ejército está pagando los platos rotos de una estrategia equivocada del Gobierno Federal en el combate a las drogas. Recurrir al último de los recursos, como lo hizo Calderón, y fallar en el intento, nos deja vulnerables e impotentes. No existe una solución militar para vencer al narcotráfico. Pero todo indica que, con la actual estrategia, sin lo soldados tampoco estamos en condiciones de hacerles frente. E incluso si quisiéramos regresarlos a los cuarteles, ¿cómo se hace? ¿cómo se vuelve a meter la pasta de dientes al tubo del que salió?

@jorgezepedap
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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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