Las relaciones entre los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador están en su peor momento en todo lo que va del actual Gobierno, me dijo en entrevista Vidulfo Rosales, abogado que acompaña a los familiares de los estudiantes desaparecidos desde 2014. 

Una muestra palpable y trágica de esta pésima relación, es el asesinato del estudiante de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta a manos de policías estatales de Guerrero el pasado 7 de marzo, y el intento de culpar a los estudiantes de iniciar la agresión contra los uniformados. El episodio se agravó cuando además se encubrió inicialmente a los policías agresores que derivó en la fuga del policía responsable de disparar en contra de Yanqui Kothan Gómez Peralta.

La relación entre López Obrador y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, si bien no ha estado exenta de controversias, no era mala como lo es hoy en día. De hecho, como Presidente electo y ya en su primer año de Gobierno, el Presidente recibía a los padres, madres y a sus abogados y representantes al menos una vez al mes. Ahora ya ha transcurrido medio año sin un encuentro entre el mandatario y los padres que exigen saber qué pasó con sus hijos hace casi diez años.

En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara, Vidulfo Rosales precisó los tres momentos que en dos años han fracturado la relación. Un primer momento fue cuando se empezó a exigir la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cuando los padres señalaron directamente a militares, al menos por encubrimiento, pero el mandatario defendió a las Fuerzas Armadas. 

Un segundo momento de tensión fue en agosto de 2022 cuando el entonces Fiscal de la Unidad Especial para la Litigación e Investigación del caso Ayotzinapa (UELICA), Omar Gómez Trejo, anuncia una consignación de casi 180 personas que incluye a varios funcionarios, policías estatales y federales y 20 militares. Fue entonces cuando López Obrador dijo que era “un intento de dinamitar las investigaciones” y que “se quería provocar una asonada dentro de las Fuerzas Armadas”. Son “elucubraciones que hizo entonces y reproduce ahora”, señala el abogado Rosales. “Esa fue una crisis muy dura y ahí empezó el desmantelamiento de este gran mecanismo extraordinario de justicia que se creo para resolver el caso Ayotzinapa que era la UELICA y la Comisión de la Verdad”.

El tercer momento de tensión ocurrió el año pasado. Vidulfo Rosales explicó que el Comité de Padres se dedicó en 2023 a exigir la reactivación de las órdenes de aprehensión que, finalmente, se lograron en junio de 2023. A partir de entonces se centraron en exigir la entrega de 866 folios de la Sedena y la información relacionada con 17 jóvenes normalista que fueron trasladados de barandilla municipal de Iguala a otro lugar. Pero el Gobierno no entregó la información y hay total cerrazón de parte de las Fuerzas Armadas. “Y desde septiembre de 2023 llegó a este nivel de crisis que ha resquebrajado y provocado una ruptura con el Gobierno y esto nos tiene así sin diálogo con el Presidente”. 

Pero la situación es más tensa que antes, como se demostró cuando en más de diez días que los padres estuvieron en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, ni el Presidente ni ningún funcionario del Gobierno federal los recibió.

Lo peor es que desde el comité de padres creen que el Presidente alienta la estigmatización contra los normalistas y provoca encono, y se generan “marcos permisibles para la agresión en contra de los normalistas”, sostuvo Vidulfo Rosales.

Es muy preocupante este clima porque la estigmatización desde el poder alienta posibles hechos de represión y eso es algo que los normalistas de Ayotzinapa han padecido a lo largo de su historia. Vidulfo Rosales sostuvo que desde de octubre de 1988 al menos once normalistas han sido asesinados por la policía o en episodios donde participan fuerzas armadas. La muerte más reciente de un normalista fue la de Yanqui Kothan el pasado 7 de marzo. 

Es muy preocupante lo que ocurre ahora con los padres y los normalistas porque todo indica que el sexenio terminará sin que el Presidente cumpla con su promesa de encontrar la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa. Por eso el Gobierno de López Obrador debe corregir y debe restablecer el diálogo y reencausar la investigación del caso. Resolver el caso Ayotzinapa fue una de las 100 promesas de su Gobierno, y hasta ahora parece que no cumplirá. 

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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