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Martín Moreno-Durán

17/03/2021 - 12:05 am

AMLO vs. jueces: la sombra de la dictadura política

La furia en Palacio Nacional contra un Juez independiente ha exhibido el talante autoritario del Presidente.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del 15 de marzo de 2021.
“López Obrador piensa y pretende que los poderes deben estar bajo las órdenes y caprichos del Presidente de la República, que los jueces actúen como si fueran sus empleados o subordinados”. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

+ Acto de intimidación

+ Democracia en riesgo

En el pasado, el crimen organizado amenazaba a los jueces incómodos. Hoy, los amenaza el Presidente de la República.

Porque la intimidación pública que desde Palacio Nacional emprendió López Obrador contra el Juez Juan Pablo Gómez Fierro – quien emitió una suspensión provisional en la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en favor de dos empresas de energías renovables-, es un signo claro e inequívoco de lo que se pretende implantar en México: una dictadura política que elimine cualquier contrapeso o dique que contenga la desaforada carrera de AMLO en su intentona de asumirse como el depositario de una ley absoluta, única, indivisible y autoritaria que prive en el país.

“Se ha confirmado un llamado buró jurídico para ir en contra de las acciones que hemos emprendido para transformar al país”, acusó López Obrador el lunes pasado sobre la suspensión momentánea de la LIE. ¿De qué está hablando? ¿Cuál buró jurídico? ¿Quién se lo ha confirmado? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son las pruebas? En realidad, lo dicho por AMLO al respecto carece de bases o de alguna investigación confiable. No nos debe extrañar. Es el patrón de conducta presidencial: mentir y difamar sin sustento.

“Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial estuviera al servicio de particulares”, dijo AMLO el viernes 12 de marzo durante la mañanera. Inverosímil. ¡Por supuesto que los jueces están al servicio de particulares, de los ciudadanos y de las instituciones del Estado mexicano! Su función es dirimir y resolver controversias legales a petición de cualquier parte. Empero, López Obrador piensa y pretende que los poderes deben estar bajo las órdenes y caprichos del Presidente de la República, que los jueces actúen como si fueran sus empleados o subordinados. Que todos se apelliden Nahle. Es una visión tan torcida como preocupante reflejada desde los balcones del poder obradorista.

La furia en Palacio Nacional contra un Juez independiente ha exhibido el talante autoritario del Presidente. Es la sombra de una dictadura política que cada vez toma mayor forma, sin recato ni pudor alguno. ¡Fuera máscaras!, como dice el propio AMLO. Es, sin duda, la manifestación stalinesca que arropa a un político atado a los años setentas, que añora y pretende volver a los días de la Presidencia imperial.

Sin embargo, la petición autoritaria de López Obrador para que el Poder Judicial investigue y someta al Juez Gómez Fierro – quien, debemos decirlo, no se ha achicado ante la brutal ofensiva y amenazas en su contra emitidas desde Palacio Nacional y apoyadas por las plumas y voces fanáticas de AMLO-, es un asunto más político que legal. Es enviar el mensaje para amedrentar a cualquier opositor al Régimen. O conmigo o contra mí. Signos inequívocos de la dictadura.

Hoy por hoy, la democracia mexicana está en grave riesgo ante la embestida presidencial para asumirse como el poder único del Estado.

Y ante ello, algunas posturas han ubicado al Presidente para que no se le olvide respetar la división de poderes:

“En relación a expresiones que ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, respondió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Ante el envío de la carta de AMLO a la Corte (redactada de manera burda y silvestre) para investigar al Juez Gómez Fierro, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar – a quien se le ha cuestionado su extrema cercanía con el Ejecutivo-, respondió textual: “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal…”. Es decir: no habrá trato preferencial por tratarse del Presidente.

Y más:

La sección para México de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), advirtió que espera una ola de demandas, apelaciones legales y paneles internacionales de disputas de inversionistas ante la reforma a la LIE. “Se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma eléctrica”, dijo el Presidente de la sección mexicana de la cámara, Claud von Wobeser. “Todas las empresas afectadas impugnarán”.

Es decir: Estados Unidos no será ajeno al conflicto que ha estallado por una nueva ley, a todas luces demostrado, violatoria a la Constitución y a los tratados internacionales sobre la materia.

¿Qué dicen los especialistas en Derecho?

“He leído el acuerdo (del Juez Gómez Fierro) y es una decisión con los mejores estándares de la buena judicatura. Notable”, dictaminó el profesor en Derecho Administrativo del CIDE, José Roldán Xopa.

Y fiel a su estilo: difamar sin pruebas, AMLO arremetió también contra el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, acusándolo de votar en contra de la justicia para las víctimas cuando estaba en la Corte. Cossío le tuvo que aclarar: “Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de Derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución”. En pocas palabras, Cossío le dijo ignorante a López Obrador.

Pero más allá de cuestiones legales y comerciales, el punto central que nos debe preocupar, y mucho, es uno: la sombra de esa dictadura política que pretende eliminar cualquier contrapeso, poder, ley o reglamento que signifique oposición a los planes socializantes del régimen obradorista y que giran sobre un propósito déspota: someter a todos los poderes a los designios del Presidente.

Ese es el riesgo de fondo: la dictadura que hoy amenaza a la democracia nacional.

*****

“Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”. La frase es de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Hoy, AMLO piensa diferente.

El poder lo ha desquiciado.

Ahora, anhela la dictadura.

TW @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

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Martín Moreno-Durán
Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.

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