Como el rey se pasaba todo el tiempo sentado

ante la puerta de los obsequios (entiéndase, los

obsequios que le entregaban a él), cada vez que

 oía que alguien llamaba a la puerta de las

peticiones se hacía el desentendido

José Saramago, El cuento de la isla desconocida

Comienza a surgir un amplio acuerdo en México sobre la urgencia de construir un auténtico Estado de derecho. Acaso el mayor fracaso de la democratización mexicana es que no ha logrado que la ley esté por encima de todos, que los trate por igual y que se aplique con absoluto rigor a quien la quebrante. Sin embargo, mientras se habla mucho de los beneficios del Estado de derecho, poco se repara en el precio que hay que pagar para que exista.

A quienes exigen que la ley se haga valer, lo mínimo se les debe pedir, en afán de congruencia elemental, es que que no se comporten como el rey que describe José Saramago en El cuento de la isla desconocida: que se concentren tanto en los obsequios propios del Estado de derecho, que terminen por desentenderse de las exigencias que supone.

Un México donde la ley impere conllevaría nuevas obligaciones para todos, desde los más ricos hasta los más depauperados, desde los más poderosos hasta los más débiles. En un México de leyes no habría espacio para el soborno ni para la evasión fiscal ni para monopolios que con su sola existencia violan el orden constitucional ni para trámites que se evitan gracias al favor del amigo ni para el encarcelamiento de alguien, por más culpable que sea, si se violó el debido proceso

Las exigencias de un Estado de derecho llegarían incluso a quienes han recibido más perjuicios del país que beneficios –pobres, marginados, despojados–, pues la naturaleza misma del Estado de derecho es la igualdad. Hay sectores de la izquierda mexicana que se resisten a esta idea, suponiendo que formar parte de los oprimidos justifica el quebrantamiento de la ley. La lógica del Estado de derecho no esta, la de las excepciones, sino la contraria, la de la igualdad, que reconoce la supremacía de la ley independientemente de la condición económica de la persona en cuestión. Comprometerse con un país de leyes implica, por ejemplo, aspirar a la formalización de la economía informal; criticar a quienes, al manifestarse, violan derechos de terceros (lo que está prohibido por la Constitución); reprobar la compraventa de piratería.

Ahora bien, donde una parte de la izquierda tiene razón sobre el Estado de derecho y son los neoliberales quienes se equivocan, es que este es también un Estado de derechos. Construir un Estado de derecho implica garantizar derechos económicos y sociales a todos los mexicanos, esos en los que nuestra Constitución fue pionera y que 98 años después siguen estando pendientes. En un México de leyes no habría empleos precarios, estaría asegurado el acceso a la salud y habría educación de calidad.

Con semejante precio del Estado de derecho, ¿vale la pena pagarlo? Sin duda, sobre todo si se considera que un Estado de derecho que hace agua, como el actual, también cuesta. Además de que limita el crecimiento económico, propicia que casi siempre ganen los más fuertes y casi siempre pierdan los más débiles. Quien afirme que con un Estado de derecho frágil, todos perdemos en la misma proporción, miente. En México hay grandes beneficiados de que la ley se aplique deficientemente –monopolistas, políticos desfalcadores, criminales, líderes sindicales corruptos– y también hay grandes afectados ­–consumidores abusados, sujetos de política social cuyo apoyo fue desviado, inocentes encarcelados, trabajadores desprotegidos por su sindicato.

El precio de edificar un Estado de derecho en México lo pagaríamos por igual, reconociendo la superioridad de la ley y aceptando que caiga todo su peso sobre quien la quebrante. En cambio, un Estado de derecho deficiente, como el actual, se paga de manera diferenciada: cuesta enormemente a los más débiles, mientras ganan a manos llenas los más fuertes.

Hay, pues, dos opciones: sufragar todos el precio de la ley escrita o seguir pagando diferenciadamente el importe de la ley del más fuerte. ¿Por cuál nos inclinamos?

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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