Por Sarahí Salvatierra*

El inicio del año siempre es considerado como una oportunidad de retomar pendientes y replantear estrategias para lograr aquellos cambios que no se concretaron en el año que pasó y la agenda anticorrupción en uno de los grandes temas a valorar para generar avances sustantivos este 2023. Por ello, enumeramos algunos temas en donde es necesario que se tomen decisiones contundentes para lograr cambios relevantes en un contexto donde México sigue apareciendo entre los países con mayor impunidad y corrupción (1), colocándose a la par de países como Venezuela y Guatemala (2).

– Fortalecimiento de las investigaciones de casos de corrupción.

Han pasado 7 años desde se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y casi 4 años de que se instaló la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) y aún no se han podido sancionar los casos más emblemáticos de corrupción. A pesar de los diversos esquemas de corrupción documentados y revelados por periodistas, no hay avances sustantivos en las investigaciones penales en los casos de Odebrecht y la Estafa Maestra y, en ambos, no se ha imputado a servidores y servidoras públicas de alto rango involucrados, más allá de Emilio Lozoya y Rosario Robles. Esto, a pesar de que ambos casos implicaron amplias redes de corrupción. Además, el involucramiento de la FECC ha sido completamente relegado por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tampoco ha mostrado interés para que las investigaciones avancen, dejando cada vez más lejos la posibilidad de que haya sanciones o, más aún, reparaciones.

A la par, se necesita un rol más activo y mejores investigaciones por parte de las Secretaría de la Función Pública (SFP), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que la información que generen en sus revisiones sirva para la toma de decisiones gubernamentales y la fiscalización de recursos.

Las más recientes acusaciones de corrupción, como los señalamientos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera, en junio de 2022, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto –por supuestos esquemas de beneficios económicos– o las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el caso Segalmex, representan una oportunidad para que se evalúe el sistema de procuración de justicia anticorrupción, se promueva mayor profesionalización de los ministerios públicos y de las fiscalías especiales anticorrupción y se active la coordinación institucional con otras entidades no judiciales y se asuma un verdadero rol de investigación, fiscalización y sanción o de nada servirán más acusaciones y descubrimiento de estos esquemas.

– Mayor transparencia y acceso a la información en materia anticorrupción.

La transparencia y el acceso a la información juegan un rol importante en el combate a la corrupción porque permiten exponer irregularidades y promueven la rendición de cuentas. Pero en los últimos años, no sólo la divulgación del avance de las investigaciones de los casos se ha limitado sino también la de algunos elementos necesarios para prevenir la corrupción. Por ejemplo, se ha limitado (3) la divulgación de los contratos públicos que van desde la compra de vacunas para atender la situación de pandemia o insumos de salud (4), hasta la compra del programa “Pegasus” –relacionado con hechos de espionaje que afectaron a diversas personas periodistas–, además de que la información se ha reservado hasta por 5 años por razones de “seguridad nacional” en varios casos de interés público. A esto se suman las fallas que, Compranet, la única plataforma electrónica y pública para acceder a contratos, ha tenido en los últimos meses.

Por ello, una prioridad para este 2023 debería ser la divulgación de información relacionada con la adquisición de bienes, servicios o herramientas en donde estén involucrados derechos humanos, pues son asuntos del más alto interés público y deben regirse por la máxima publicidad.

– Regulación de un sistema de protección de personas alertadoras.

El involucramiento ciudadano para prevenir y combatir la corrupción es de gran relevancia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha reconocido que a través de alertas y denuncias realizadas por la ciudadanía es que se han detectado delitos que resulta complicado para las autoridades.

Aunque en México existe una plataforma de personas alertadoras, gestionada por la SFP “Ciudadanos Alertadores internos y externos de la corrupción”, ésta aún es incipiente y limitada, pues no tiene alcance nacional ni garantiza que las denuncias y/o alertas sean realmente investigadas, además que su alcance es sólo federal y dentro de la administración pública federal. Para ello, es necesario avanzar en la regulación de una Ley General de protección de personas alertadores que establezca un sistema integral, en todo el país y de manera coordinada, de protección a personas alertadoras, que les garantice no sólo la confidencialidad y el anonimato, sino que eviten que existan represalias o riesgos por denunciar actos de corrupción o en su caso, adecuadas medidas de protección. Actualmente existen diversas iniciativas de ley en la materia en el Poder Legislativo, por lo que este 2023 su aprobación debería ser una prioridad.

– Fortalecimiento institucional

Como se ha mencionado, contamos con un SNA que busca la coordinación interinstitucional en todos los niveles del gobierno y el involucramiento ciudadano. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que no todas las instituciones que forman parte del SNA tienen un rol relevante en el combate a la corrupción, ni todas están completamente conformadas. Por ejemplo, desde la creación del sistema, no se ha designado a los magistrados anticorrupción, que son necesarios para la sanción de las faltas administrativas y actualmente está pendiente de que se nombre a dos personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), lo que se acompaña de señalamientos y ataques sobre su existencia por parte del poder ejecutivo, lo que mina su legitimidad y labor.

Por otro lado, tampoco se ha completado la Plataforma Digital Nacional –una herramienta diseñada para fortalecer el uso e intercambio de datos anticorrupción, como la evolución patrimonial de servidores públicos–, al tiempo que no se ha implementado a nivel nacional la Política Nacional Anticorrupción, lo que limita la coordinación y homologación de las prioridades anticorrupción.

Nos encontramos rumbo al cierre de la actual administración, la cual ha mantenido como bandera el combate a la corrupción. Sin embargo, quedan muchos pendientes en los que es necesario reevaluar las estrategias de investigación y sanción de los casos, los cuales deberían de tener presente y centrarse en quiénes son víctimas y cuáles son los daños generados en los derechos humanos, por estos actos. También debe garantizarse la apertura de información sobre las actuaciones gubernamentales y cambiar las tendencias de reserva de información, así como fortalecer el actual andamiaje institucional para lograr procesos coordinados, innovadores y realmente estratégicos para detonar un verdadero proceso de combate a la corrupción.

* Sarahí es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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1. Según el Índice Global de Impunidad 2022, México obtuvo una calificación de 49 puntos sobre 100. En https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/IGI-MEX-2022-UDLAP.pdf y 39 puntos sobre 100 en el Índice de percepción de la corrupción 2021, recuperado de: https://banco.sesna.gob.mx/mediciones-internacionales/#indice

2. Según el Índice de capacidad para combatir la corrupción 2022. México se encuentra en el puesto 12 de 15 países de América Latina, sólo por delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela. Recuperado de: https://www.controlrisks.com/-/media/corporate/files/campaigns/ccc/ccc_reportaje_2022.pdf la=en&hash=B2180F87431502A9E88D271AFE4975BD902F16E4

3. Ver Derecho a Saber. El caso Odebrecht en México. En: https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/DerechoASaber-%E2%80%93-Caso_Odebrecht.pdf

4. De acuerdo con el Índice de riesgos de corrupción 2022, hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones, particularmente las de salud.

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