“No voté por la guerra”, dice la enorme pancarta [conformada por varias]. El reclamo aparece horas después de que la Cámara de Diputados avalara la Guardia Nacional.
Ciudad de México, 17 de enero (EFE/SinEmbargo).- El mismo día en que el Senado de la República recibió la minuta de la Guardia Nacional, manifestantes reclamaron que no votaron por la guerra.
“No voté por la guerra”, decía el mensaje que brilló esta noche en la entrada del Senado.
La creación de la Guardia Nacional es un proyecto que contradice el derecho internacional de Derechos Humanos, dijo este jueves la organización Amnistía Internacional.
"Dicho derecho dispone que el uso de Fuerzas Armadas para tales labores debe ser excepcional y estar sujeto a varias limitaciones", apuntó el organismo en comunicado.
Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como México "pueden desplegar a las Fuerzas Armadas para cuestiones que no sean un conflicto bélico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna".
Pero en dichos casos, la CIDH ha señalado que los Estados deben siempre "limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas".
El miércoles, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general, y turnó al Senado, la reforma constitucional que da paso a la creación de la Guardia Nacional.
Según el dictamen de los diputados, la Guardia Nacional será una institución de carácter y dirección civil, pero será apoyada por una junta de jefes del Estado Mayor integrado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Sin embargo, en la propuesta de reforma constitucional, tal como aparece en el dictamen aprobado "no se imponen límites claros a las funciones de seguridad pública desempeñadas por las Fuerzas Armadas requeridos bajo el derecho internacional", señaló.
Amnistía precisó que debido a que la Guardia Nacional, tal como está propuesta, "actuaría en un número indeterminado de casos sin que la participación de sus elementos castrenses esté adecuadamente valorada y acotada en su aspecto espacial y temporal caso por caso y sin que se encuentre adecuadamente regulada, subordinada a autoridades civiles y fiscalizada".
El texto señaló que la propuesta para permitir a la Guardia Nacional participar en la investigación de los delitos y, en general, actuar como auxiliar del Ministerio Público "está en contra del derecho internacional que señala que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en acciones propias de la persecución de delitos y administración de justicia".
Además, como lo ha establecido la CIDH, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública "debe ser subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial".
La organización analizó a profundidad el dictamen y en términos generales señaló que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública debe ser "estrictamente excepcional, siempre bajo el control de autoridades civiles y contando con un marco legal y administrativo suficiente para un adecuado uso de la fuerza y armas de fuego, así como la existencia de mecanismos apropiados de fiscalización, capacitación y evaluación".
Además recomendó al Congreso mexicano desistir de la intención de crear la Guardia Nacional conformada total o parcialmente con elementos militares y de decidir crearla, asegurar que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la iniciativa se encuentre de conformidad con lo dispuesto por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
La Guardia Nacional ha sido criticada por organismos nacionales y extranjeros por considerar que perpetúa la militarización del país y la llamada guerra contra el narcotráfico, que arrancó en 2006 bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) continuó en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
