La administración de Andrés Manuel López Obrador se está equivocando en dos temas fundamentales para la vida y desarrollo de la nación para las próximas décadas: 1. La militarización de la seguridad pública con la reforma constitucional que dé vida la Guardia Nacional y, 2. El nombramiento del primer Fiscal General de la República.

El primero se debate en la Cámara de Diputados y el otro en Senadores. En ambas arenas políticas los pronósticos avecinan resultados adversos a los derechos humanos, a la seguridad y la procuración de justicia.

López Obrador está a punto de refirmar la militarización del país, a pesar que en campaña criticó la decisión de sus antecesores. Su clara intención es tener un nuevo cuerpo de seguridad que tenga entrenamiento militar, que esté compuesto por militares (y navales), que los dirija un militar para patrullar nuestras calles. Eso se llama militarizar la seguridad pública.

Hace unos días Mario Delgado, coordinador de Morena en Diputados, afirmaba que el mando de la Guardia Nacional sería civil. Días después el presidente aclaró que de ninguna manera el mando sería civil ”…sobre el mando es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa”. En otras palabras, la Guardia Nacional será una extensión amorfa del ejército y la marina. Y, sobre todo, se ignora de manera peligrosa el futuro de las policías de todos los niveles. La lógica pasa por como no funcionan no las componemos, solo ignoramos su existencia. Pero la seguridad sin las policías está condenada al fracaso.

La dirección bicéfala de la Guardia conlleva a otros serios problemas: ¿Quién es el responsable final, el que llena papeles en el escritorio o el responsable de las operaciones? ¿O bien si hay colusión de estrategias y criterios? El dictamen a discutirse hace caso omiso de estas premisas.

Hay políticos tercos… la iniciativa de la Guardia Nacional se presentó unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, exactamente bajo el argumento de que la ley militarizaba la seguridad pública. Hecho que está prohibido por la constitución al día de hoy. ¿Qué gana AMLO con volver a poner frente a la SCJN un tema ya tratado?

“Somos diferentes y vamos a hacerlo diferente”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Indudablemente, ante las evidentes carencias y riesgos que conlleva la conformación de la Guardia Nacional, los dichos del secretario no son nada más que eso: Dichos. Las señales de alerta que ha lanzado la CNDH, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnesty International y Human Rights Watch debería ser suficiente para detener el proyecto y lanzarlo a una consulta amplia y efectiva. No como se ha hecho hasta ahora.

Mientras la militarización se consuma en Diputados, en el Senado se “discute” la elección del primer Fiscal General de la República. En México se resuelve solo el 5% de los homicidios y al parecer la intención no es transformar de manera profunda la procuración de justicia. La impunidad es la regla y la justicia la excepción. El sistema de procuración de justicia está desbordado, caduco y es inoperante (por su capacidad técnica, logística y financiera) ante la realidad que nos aqueja.

Sube la violencia sube la impunidad, pero las acciones del nuevo gobierno en materia de procuración de justicia parecen seguir los oxidados pasos que sus antecesores.

Ante la posibilidad histórica de AMLO de cambiar el modelo actual, al parecer ha preferido mantener la procuración de justicia operada por vaivén político. Es decir, no separar cada ámbito para su mayor eficacia sino tener supeditada la primera a los intereses políticos.

Hoy hay un fast track para designar al Fiscal General. Y el fast track no le conviene al proceso si es que se busca la idoneidad del candidato o candidata. Nuestra democracia tiene tanto por crecer. El diálogo político tiene kilómetros por madurar. La praxis legislativa del albazo, mayoriteo y revisión somera parece que sigue vigente en la cámara de senadores.

Como parte del acuerdo político se estableció que durante las comparecencias de los candidatos/as no habría mociones ni preguntas. Y cada participación de aquellas personas que aspiran al cargo sería de 10 minutos. Lo leyó bien, 10 minutos les bastó a los senadores para determinar si una persona sería apta para ocupar uno de los puestos más importantes en el país. Una vez más: fueron 10 minutos cada uno de los 27 candidatos y sin preguntas.

El colectivo #FiscalíaQueSirva –compuesto por organizaciones de la sociedad civil que incansablemente le han dado seguimiento de tiempo atrás al tema- decidieron no participar en el proceso acordado por el Senado y lo describió como “una simulación”.

De los 27 candidatos/as que pasaron brevemente los senadores escogieron a 10. Esa lista se le enviará al presidente para que la reduzca a 3 que regresará al Senado y de ahí salga el próximo Fiscal.

La ausencia de criterios de selección, de transparencia de los procesos, la falta de fundamentación y motivación de los senadores, la falta de diálogo y debate político con las personas que buscan el cargo da los elementos suficientes para presumir que el proceso es más una simulación que una intención real de buscar a un Fiscal que sea autónomo e independiente del presidente.

Y así, en una semana la administración de AMLO –a través del Congreso- da certeros pasos hacia cometer dos grandes errores. Optará no por modificar cosas que lastiman mucho a la ciudadanía y así guardarse un lugar en la historia de los transformadores –como él mismo dicho que quiere- sino administrar los problemas con recetas viejas y conocidas.

@dariomrs

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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