La Ley General de Desaparición llegó a su primer aniversario con un sabor agrio que dejó descontentos y “desilusionados” a familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, pues a un año de su entrada en vigor no se han instalado a totalidad las instituciones, registros y mecanismos para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición en México, así lo denunciaron nuevamente colectivos de víctimas y defensores.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- “¿Cuánto tiempo más debemos esperar?, ¿cuánta paciencia más tenemos que tener?”, reclamó María Eugenia Padilla García frente a un panel de expertos y funcionarios federales que hablaron de “avances y desafíos” en el tema de desaparición de personas en México. Maru –como le dicen de cariño familiares, amigos y compañeros lucha– ha buscado por ocho años a su hijo Christian Téllez Padilla, víctima de desaparición forzada en Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán, en Veracruz, el 20 de octubre de 2010.
La Ley General Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda llegó a su primer aniversario con un sabor agrio que dejó descontentos y “desilusionados” a familiares de personas desaparecidas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, pues aún no se han creado a totalidad las instituciones, registros y mecanismos para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición en México, denunciaron nuevamente colectivos de víctimas y defensores.
En el marco de la primera conmemoración, celebrado el día de ayer, activistas, asociaciones de familiares de personas desaparecidas y víctimas coincidieron que la implementación de la Ley ha sido extremadamente lenta y deficiente.
Durante el conversatorio “Desaparición de personas: avances y retos en la implementación de la Ley General”, evento organizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e I(dh)eas, Litigio estratégico en Derechos Humanos, las víctimas y expertos en el tema reiteraron que existen grandes pendientes en la materia, entre ellos, el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que es –según la Ley– la responsable de buscar a las personas desaparecidas, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) se unió al reclamo de la sociedad civil al destacar que la Ley debe de pasar de lo formal a lo real, es decir, acciones en concreto. Jan Jarab, representante el organismo internacional, señaló que no están “contentos” con la ejecución de la citada legislación.
“Estamos aquí, a un año de la entrada en vigor con muchas dudas y decepciones […] podemos decir que la implementación institucional ha sido muy lenta y tenemos muchos pendientes, pero también pocos resultados concretos en lo que verdaderamente afecta a las familias y víctimas”, dijo durante su intervención en el conversatorio.
El representante de la ONU reconoció que hay algunos progresos, sin embargo, destacó que han sido mínimos y “con extrema lentitud”, pues hay retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia Ley marca y, peor aún, el hecho de que siguen sucediendo tanto desapariciones forzadas como por particulares”.
El Movimiento Nacional de Desaparecidos en México (MNDM) emitió un posicionamiento donde insistió que falta garantizar la participación de las familias de manera plena y adecuada. La organización que agrupa a 50 colectivos denunció que las autoridades han intentado “actuar de espaldas” a la familias y de negar su derecho a participar en los procesos de políticas y mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas.
El MNDM urgió al Estado a garantizar todos los recursos necesarios para la búsqueda de personas y el acceso a la justicia.
El principal reclamo de las familias es la falta de atención, búsqueda e investigación en los casos, y la impunidad, tanto a los responsables de las desapariciones como de los funcionarios que han sido negligentes por dolo u omisión.
Araceli Salcedo, del MNDM, agregó que las familias han solicitado, –desde hace varios meses atrás– remover por completo al personal ineficiente en la investigación y búsqueda: “se nos dijo que quienes han incurrido en esos delitos no iban a tener otro puesto (en las instituciones) y lejos de eso vemos una situación diferente. No vemos una verdadera remoción de personal sino que las mueven a otros puestos”, comentó la activista.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional Forense son, destacaron ayer las víctimas, promesas que tampoco se han concretado.
La cifra oficial de personas desaparecidas en México es de 37 mil 436. Ese número se ha mantenido desde mayo pasado, pues desde entonces no se ha actualizado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). La cifra mencionada corresponde al corte del 30 de abril.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización I(dh)eas, dijo que el Registro Nacional de Búsqueda no está funcionando “porque tampoco existe los registros estatales, entonces, se necesita que esa tarea –que tiene varios plazos en la Ley–, se implemente de forma inmediata”.
“El Banco Nacional de Datos Forenses tampoco se ha instaurado, ahí hay una deficiencia importantísima”, añadió.
El MNDM coincidió en que existe una crisis de identificación de cuerpos exhumados en fosas clandestinas y fosas comunes, por ese motivo demandó un mecanismo extraordinario de identificación forense, poner en operación el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que los Estados arranquen sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Jan Jarab, representante de la ONU, expresó que otro aspecto donde “no se ha logrado mucho” son las investigaciones, pues manifestó que las indagatorias siguen “empantanadas entre falta de recursos, falta de voluntad y formalismos burocráticos”.
La esperanza sigue puesta para futuro, comentó Jarab, no obstante, en la implementación de la Ley “no podemos estar contentos”.
“A un año de la entrada en vigor seguimos convencidos que sí es un gran logro, un gran éxito de las familias, de la sociedad civil y de las organizaciones [….] Tenemos una ley que promete abordar efectivamente la problemática de las desapariciones; sin embargo, estamos aquí, a un año de la entrada en vigor con muchas dudas y decepciones”, expuso.
La Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada es la dependencia encargada de investigar el delito en el ámbito federal y de llevar a los responsables a la cárcel. Sin embargo, desde su creación –hace cinco años– esta dependencia no ha consignado ni un expediente, es decir, que no se ha solicitado ni una sola orden de aprehensión por desaparición forzada, admitió José René Gómez Mendoza, titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía de Desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR).
El funcionario de la PGR arguyó que la nula judicialización se debe a la complejidad del delito de desaparición forzada en su configuración dentro del tipo penal y por la forma en que atendía anteriormente en México.
La Fiscalía, dijo, se creó como una unidad de búsqueda, “todo lo que se refería a la investigación del delito se dejaba en un segundo plano, el esfuerzo se concentraba en la localización, y esa práctica persistió hasta que se convirtió en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el año anterior.
“Las diligencias estaban enfocadas a la búsqueda, pero no hemos detectado diligencias de fondo para determinar quiénes son los responsables, cuáles eran los patrones de actuación y, sobre todo, qué sigue con los ministerios públicos”, añadió el servidor público.
Gómez Mendoza también mencionó que el recurso humano en la Fiscalía de Desaparecidos es poco, pues la mayoría de los ministerios públicos están concentrados en las delegaciones ante la mayor incidencia en otros delitos.
LAS FAMILIAS RECLAMAN
“María Eugenia Padilla busca desde hace ocho años a su hijo Christian Téllez Padilla, un joven desaparecido por la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán, en Veracruz, el 20 de octubre de 2010.
Para “Maru”, que por años ha escuchado múltiples discursos, es inaceptable que las autoridades argumenten el cambio de poderes, o que las investigaciones no avanzan por falta de recursos humanos, materiales, o complejidades en el tipo penal.
“Ustedes me hablan de tiempo y, no quiero ser grosera, pero se me hace una falta de responsabilidad decir ‘tiempo’, ‘esperar’, ‘paciencia’ […] que haya pocos ministerios públicos no es culpa nuestra, que la delincuencia está como está, tampoco es nuestra culpa. No es nuestra culpa que el Gobierno que no haya sabido cuidar a su gente, que no haya sabido responder a sus obligaciones como debía”, reprochó la mujer.
Durante el conversatorio, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Gobernación reconocieron la demora en la implementación de la Ley, destacaron que el Gobierno va de entrada y pidieron a las víctimas comprensión, unidad, trabajar de manera coordinada y paciencia.
“Mas allá de los aspectos técnicos, el principal logro de la Ley General fue demostrar la capacidad organizativa de las familias y creo que hay que recuperar eso. Que la Ley no se nos vuelva un fetiche, que la Ley sea valiosa por lo que representa, por las necesidades y pensamientos que se plasmaron y por el valor unificador”, destacó Humberto Guerrero.
Félix Santana, director de estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que el objetivo de esta nueva administración es crear mecanismos de coordinación con dependencias y colectivos que tienen contacto directo con víctimas para una atención de manera integral para construir de Estado donde las víctimas seas un elemento fundamental.
Sin embargo, el funcionario sostuvo que uno de los primeros desafíos es construir esta política y unir a los colectivos: “Hay colectivos pulverizados en todo el país, divididos, y no hay un mecanismo único con la misma información, y ese el gran desafío de las organizaciones de la sociedad civil para construir ese mecanismo. Si no tenemos ese elemento para identificar canales de comunicación efectiva con la mayoría de las víctimas entonces nos vamos a quedar corto”.
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA
En febrero de 2018 se eligió a la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por Roberto Cabrera; sin embargo, uno de los principales reclamos, es que la CNB no ha comenzado a funcionar en su totalidad, y eso trajo como consecuencia el atraso en la creación de diversos mecanismos para la búsqueda de personas, entre ellos el Registro Nacional de Personas desaparecidas.
Felix Santana explicó que la CNB arrancó su “operación” sin dinero. “Le asignaron un presupuesto de papel, que esta en el Diario Oficial, pero que jamás se materializó: no hubo un sólo peso que se asignara para la CNB”, manifestó.
Santana reiteró que para este año, el Gobierno asignó una partida presupuestal de 400 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda y anunció que esta misma semana se lanzará la convocatoria para la elección del nuevo o nueva Comisionada.
El director de I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez, destacó que es imperioso que la Comisión Nacional de Búsqueda empiece a funcionar con un titular que tenga el perfil adecuado, el respaldo de las familias y del Estado puesto que esa institución es quien debe de realizar las acciones de búsqueda y al mismo tiempo debe de implementar el Programa Nacional de Búsqueda.
“Se requiere que la CNB entré ya a funcionar con un titular que cumpla con los requisitos, con el perfil adecuado y el personal suficiente”, sostuvo el activista.
Araceli Salcedo, del Colectivo de Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, dijo que las familias deben de ser tomadas en cuenta para la designación del próximo.
“La Comisión Nacional de Búsqueda es la institución que debe liderar y garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas en México. Para el MNDM es de vital importancia esta designación de la persona titular, por lo que pedimos a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el proceso de elección sea transparente, público y con la plena participación de las familias. Los familiares de personas desaparecidas deben ser el sujeto principal de este proceso y todos los colectivos deben ser tomados en cuenta a través de sus diversas formas de representación”.
