Activistas consultadas or El Poder del Consumidor alertaron que la producción masiva de alimentos ultraprocesados impacta negativamente en el sistema alimentario en México, pero las empresas ni los gobiernos asumen su responsabilidad.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).ー Las empresas dedicadas a producir comestibles ultraprocesados han transformado la manera en la que se alimentan las y los mexicanos, así como habitantes de otros países, al normalizar su consumo en exceso y ocultar información sobre el daño que causan.
En cambio, para promocionarse, estas industrias recurren a estrategias como financiar investigaciones sin sustento científico, cabildear con funcionarios para evadir restricciones, además de realizar grandes campañas publicitarias y pagar a especialistas de distintas áreas de la salud para limpiar su imagen, alertó Marion Nestle, académica y activista en temas de nutrición.
“El sistema de alimentación tradicional mexicano, respetuoso con el medio ambiente y nutricionalmente completo, era delicioso y alimentaba a la población, pero no daba dinero a las grandes empresas. Las empresas alimentarias no son agencias de servicios sociales, no son organismos de salud pública, son empresas. Obtienen sus ganancias diseñando alimentos para los que pueden comprar ingredientes a muy bajo precio, y luego empaquetarlos con sabores y texturas añadidos que imitan el sabor de los alimentos reales; les hacen mucha publicidad para enseñar a la gente a preferirlos y a pensar que son modernos”, expuso para el programa En Defensa del Consumidor.
La investigadora agregó que, de esta forma, el sistema alimentario actual está concebido para que las corporaciones obtengan dinero, no para alimentar a la gente con comida sana.
Por su parte, Cristina Barros, integrante de la campaña Sin maíz no hay país, recordó que la agroindustria también se ve afectada por la elaboración de los ultraprocesados porque muchas de las tierras se están dedicando a producir insumos para su fabricación, lo que daña al medio ambiente.
“Como el aceite de palma [que se siembra] en monocultivos, estos son muy depredadores, arrasan con la selva amazónica o con la selva de Chiapas y ese aceite sólo se usa para los ultraprocesados, no es para la alimentación directa de las personas. Lo mismo podríamos decir de la soya, han inundado el mundo con soya transgénica y se usa la lecitina de soya para los ultraprocesados también. En el caso del maíz transgénico, se usa para producir jarabes de alta fructosa y almidones, que van a la industria de los ultraprocesados”, señaló la activista.
De acuerdo con Cristina Barros, estas producciones han desplazado en México el sistema de la milpa, que se basa en el aprovechamiento racional de los recursos naturales donde, desde el comienzo y hasta el final de la siembra hay posibilidad de contar con alimentos. “En la milpa está el maíz, la calabaza, el frijol, los quelites,p el chile, plantas de ornato, también hay plantas medicinales e insectos comestibles, los que llegan a comerse los frutos de la milpa, tejones y demás que también pueden comerse”, mencionó.
LOS GOBIERNOS NO REGULAN
Marion Nestle, autora de libros comppppppo Food Politics, Soda Politics y What to Eat, destacó que las empresas de comestibles ultraprocesados replican estrategias de la industria tabacalera, pues, en primer lugar, ponen en duda cualquier investigación que demuestre que es mejor comer alimentos mexicanos tradicionales que ultraprocesados.
Como segunda estrategia, contratan a científicos para que realicen investigaciones que demuestren que sus productos son sanos y buenos para la salud y atribuyen el consumo a una elección personal. Además, se aseguran de que no haya restricciones en la comercialización, por ello, dijo, las industrias se han amparado desde que entró en vigor el etiquetado frontal de advertencia con el que se alerta si los productos tienen exceso de azúcares, grasas, sodio, así como edulcorantes y cafeína no recomendable en menores de edad.
“Lo que llama la atención es que no hay límite a lo que las empresas alimentarias harán para asegurarse de que nadie regule sus productos”, desatacó la investigadora.
La activista Cristina Barros comparó la venta de drogas con el sistema que siguen las empresas de ultraprocesados, pues ofertan productos hasta para el consumo de bebés.
“Lo vemos con la leche, los productos en frasco que disque tienen verduras y en realidad son harinas y saborizantes. Estos azúcares conectan con el cerebro y los niños empiezan desde bebés a demandar cantidades de azúcar. Ellos lo saben, ponen bastante azúcar en sus productos como una vía de tener a una persona con adicción”, criticó.
Durante el programa especial transmitido por Estudio B, el nuevo canal de SinEmbargo en YouTube, la integrante de la campaña Sin maíz no hay país expuso que algo similar ocurre con la privatización de las semillas. México, por ejemplo, aún no prohíbe por completo el uso del glifosato y el maíz transgénico.
En febrero se publicó una actualización del decreto que mantuvo la prohibición del herbicida glifosato para 2024 y del maíz transgénico para producir tortillas, lo que despertó malestar entre legisladores estadounidenses.
Pero ante la presión del Gobierno de Estados Unidos y empresas vía el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se observan concesiones como eliminar el principio de precaución y quitar la fecha límite de 2025 para prohibir el maíz amarillo para uso industrial y de forraje para ganado, determinó ese mes el colectivo Sin Maíz no hay País, por lo que urgió a un etiquetado claro sobre el contenido de transgénicos en productos.
“Hay otro factor en el caso de México que nos preocupa mucho: para nosotros el sistema milpa, el maíz, es un tema de identidad. Es un tema que tiene que ver, además en el caso de los pueblos originarios, con el manejo del territorio, con la autonomía de las familias campesinas. A esas empresas esa autonomía no les conviene porque no da dinero, y lo que quieren es, además, acabar con ese sistema de organización porque son los pueblos originarios los que se están oponiendo a los megaproyectos de otras industrias como la minería, por ejemplo, son los que se oponen a que se roben el agua de sus territorios”, agregó.
Esto es un ejemplo, recordó la activista, de cómo los cambios en la dieta de las y los mexicanos han estado relacionados con los tratados comerciales firmados entre países, como el del Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994, lo que ha sido documentado en libros como Comer con el TLC, donde la escritora Alyshia Gálvez plantea que, a raíz del tratado, tanto la alimentación, la agricultura, la cocina, así como el mercado de comida “quedaron atrapados en las paradojas de la globalización y el capitalismo”, por lo que enfermedades como la diabetes se dispararon.
“Lo más importante es abogar por sistemas alimentarios que promuevan la salud de las personas y del planeta. Y que esto implica necesariamente enfrentarse al poder corporativo”, destacó la académica Marion Nestle.
