La autoridad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, está en jaque después de que el Wall Street Journal publicara que le compró una casa en Malinalco a la ahora célebre constructora Higa, contratista multimillonaria de las administraciones del presidente Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal. Tal pérdida de autoridad limita las posibilidades de acción de Videgaray, no solo como titular de Hacienda sino también como el arquitecto del proyecto económico de la actual administración.

La palabra “autoridad” viene del latín auctoritas, término estrechamente ligado al prestigio moral de los gobernantes, a su reputación, su prestigio, en suma, a su dignitas, dignidad. Autoridad es muy diferente de poder, que deriva del latín posere, poseer. Mientras la autoridad está asociada con la reputación, el poder está relacionado con la imposición de la voluntad de una persona sobre otra –según la definición clásica de Weber. La autoridad se pierde cuando se degrada el prestigio, pues no son sino dos caras de una misma moneda. Si no se tiene autoridad, el ejercicio del poder se torna mucho más complicado, pues los gobernados tienden a resistirse.

Independientemente de si la relación de Videgaray con Higa califica o no como conflicto de interés, es innegable que golpea su prestigio. Desde el punto de vista jurídico, lo central es determinar si hubo o no conflicto de interés y, en caso de que sí, proceder a aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, desde la perspectiva política, la afectación a la reputación del secretario es ya un saldo de primera importancia. Tal afectación crecerá hasta que se despejen todas las dudas sobre la legitimidad de la transacción.

¿Tendrá impactos sobre la aplicación de la reforma fiscal aprobada el año pasado que el secretario de Hacienda se limite a señalar que “no era servidor público” para rechazar la existencia de conflicto de interés en su relación comercial con uno de los más importantes contratistas del gobierno del Estado de México, en el cual el ahora titular de Hacienda se desempeñaba como secretario de Finanzas?

En términos ya no de ingresos sino de gasto, ¿qué consecuencias tendrá la relación de Videgaray con Higa sobre la autoridad del secretario para administrar los egresos del gobierno federal, considerando que aún no explica con suficiencia por qué la constructora le prestó el monto necesario para adquirir su casa de descanso, mientras, según sus propias palabras, no era sujeto de crédito para los bancos?

En el caso de cualquier secretario, la pérdida de autoridad amenaza sus posibilidades de cumplir eficazmente con las actividades propias de su puesto. No obstante, en el caso específico de Videgaray, el escándalo es mucho más sensible para la administración del presidente Peña Nieto, pues dichas acusaciones dificultarán el trabajo no de un secretario cualquiera sino del estratega económico de la actual administración.

Los planes económicos de este sexenio pasan en gran medida por incrementar la inversión, tanto nacional como extranjera, en el país. El cumplimiento de dicho objetivo se complica cuando quien ha ideado el conjunto de la estrategia, se deslinda del posible conflicto de interés del que se le acusa, arguyendo –simplemente– que él no licita ni asigna contratos de obra pública, ni a Higa ni a nadie más, como si ello bastara para alejar los nubarrones de sospecha.

Algunas consecuencias de lo que se le imputa a Videgaray están por verse, pero los impactos sobre su autoridad son patentes desde ahora. Queda la duda de quién se encargará de pedirle al secretario que emprenda acciones de fondo para recuperar la autoridad perdida. Difícilmente será el Presidente, cuya esposa sigue envuelta en una trama semejante a la de Videgaray, con la diferencia de que la propiedad adquirida por la Primera Dama está valuada en aproximadamente nueve veces más que la del secretario.

La única solución a este embrollo es que una comisión investigadora independiente revise a detalle tanto el caso de la señora Rivera como el del secretario de Hacienda, en aras de determinar si hubo o no conflicto de interés. De hecho, lo idóneo sería que se encargara de ello el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuya creación está detenida por el PRI en el Legislativo. Los recientes acontecimientos revelan no solo lo necesario de este sistema sino su urgencia. No investigar estos casos equivale a que el actual gobierno federal ejerza el poder con un mínimo de autoridad, lo cual, aunque es posible, resulta tremendamente desgastante.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ AMLO le deja decálogo a Calderón para que dé explicaciones sobre García Luna