Peritos independientes declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la policía en México -carente de profesionalización-considera que el uso de la fuerza pública resuelve los problemas, por lo que es urgente controlarla mediante una supervisión externa y con un enfoque de género, ya que el marco normativo existente no es suficiente.
Este jueves cinco mujeres acusaron ante la Corte internacional -por alrededor de 10 horas- al cuerpo policiaco mexicano de detención arbitraria y tortura sexual hace once años en San Salvador Atenco, Estado de México, sin que se haya castigado a la cadena de mando responsable.
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Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En la segunda parte de la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual cinco mujeres acusaron tortura sexual en mayo de 2006 durante el operativo policiaco en Atenco, Estado de México, peritos independientes reconocieron que ante el pacto político de impunidad en México urge el control al uso de la fuerza pública con un enfoque de género.
En el caso del operativo en Atenco, coincidieron con las víctimas respecto a que hubo una planeación previa.
Ernesto López Portillo, perito independiente y fundador de Insyde, aseguró -basado en diversos estudios citados- que en el país no se han alcanzado los controles y capacitaciones necesarias en las instituciones de seguridad para evitar violaciones a derechos humanos, por lo que la supervisión externa profesionalizada es urgente ya que el marco normativo no es suficiente.
“No se ha tenido la voluntad política de profesionalizar a la policía mexicana ni de dignificarla (gana alrededor de 4 mil 800 pesos al mes)”, declaró durante el juicio celebrado en Costa Rica. “Hay un pacto de lealtad política que favorece la impunidad ante la falta de rendición de cuentas” y consideran que el uso de la fuerza pública es la que resuelve los problemas.
Además subrayó que en México no existen instrumentos de uso de la fuerza con enfoque de género.
“Las instituciones policiacas alojan conductas machistas que reproducen el dominio masculino y son reproducidas por las mismas mujeres policías”, dijo citando estudios de antropología policial. “El uso de la fuerza se asocia a patrones de conducta masculino dominantes.”
Las recomendaciones internacionales a la policía mexicana, expuso, incluyen la presencia de maltrato que escala en múltiples proporciones sobre todo en la tortura, la cual se ha vuelto “una cultura y modo de trabajo”. No obstante, el Estado mexicano no ha aprendido a documentar y controlar el uso de la fuerza policiaca, consideró el abogado.
En el caso de la Policía Federal, aunque el país creó instituciones y reformas del uso de la fuerza, hay un problema de repetición: en Atenco, Oaxaca, Guerrero, Ayotzinapa, Nochixtlán… aplicaron tortura y manipulación de pruebas, demostró mediante una línea del tiempo.
“La policía repite las conductas abusivas a pesar de que cambien las normas. Se requiere de una gestión democrática de las fuerzas de seguridad para que eso cambie efectivamente”, afirmó López Portillo.
La perita peruana Julissa Mantilla expuso que la violencia contra la mujer (física, psicológica y sexual) es un problema social enmarcado en la desigualdad y la la violencia social que impacta a otros derechos humanos, lo cual se suma a la revictimización al culpar a la persona. Eso, sentenció, alimenta la impunidad.
“La violación sexual es de tanta naturaleza que la investigación no puede detenerse por falta de pruebas”, declaró sobre la debida diligencia con perspectiva de género. “Una diferencia en el inicio de investigar es determinante y grave porque son en esos días cuando se pueden recapitular las pruebas”.
En el caso de Atenco, la propia CNDH expuso que las autoridades no contaban con las herramientas necesarias para evaluar las posibles violaciones. Además, la violencia sexual no solo implica la penetración.
“Todas fueron insultadas. Se les dijo ‘putas’ y ‘perras’. Además se les acusó que ‘deberían estar cuidando a tus hijos’ o ‘haciendo tortillas'”, recordó la perita basada en las declaraciones de las mujeres de Atenco.
Por ello enfatizó que una de las principales propuestas de reparación es no culpabilizar a las víctimas por haber sufrido una violación a los derechos humanos.
“UNA SOCIEDAD CON MIEDO NO CRECE”: SUHELEN
Durante la mañana de este jueves, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Italia Méndez y Patricia Torres declararon ante la Corte que hace once años fueron detenidas arbitrariamente y torturadas sexualmente por policías que realizaron un operativo en San Salvador Atenco, por lo que exigieron castigo a la cadena de mando responsable.
Por la tarde fue el turno de Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, madre de dos hijos, quien estudiaba periodismo cuando fue al poblado mexiquense para documentar el enfrentamiento de un día anterior para su periódico universitario. Sin embargo, durante el operativo de mayo de 2006 no hubo oportunidad de diálogo y acusó que hubo uso de la fuerza pública desde el primer momento.
“Todo estaba planeado, venía de personas que estuvieron planeando cómo deshacerse de mujeres o de periodistas”, declaró ante la Corte.
“Una madre es la base de la sociedad, ¿qué le puede ofrecer para beber de su pecho a sus hijos? Miedo. Una sociedad que bebe miedo no puede crecer”, dijo.
Ahora trabaja en una tienda de deportes para mantener a su hijo e hija, ya que no pudo terminar la carrera en la Universidad Del Valle.
Durante el operativo corrió al ver que hasta a los ancianos y perros les pegaban. Al detenerla, los policías la golpearon, la encimaron sobre unas seis personas más y perdió la capacidad de respiración. Fue víctima de tortura sexual y la encarcelaron por un supuesto cargo de secuestro.
“Mi familia se rompió por completo. Vivo en estado de indefensión”, dijo la mujer.
Suhelen Cuevas pidió a la Corte que se le vigile al Estado mexicano por sus acciones hacia la población y en especial a las mujeres.
