En la carta que su abogado difundió el 10 de agosto de 2024, Ismael Zambada García, el Mayo, no dijo expresamente que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya no estuvo en la reunión a la que le convocaron y de la cual denuncia lo secuestraron para, contra su voluntad, entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos. Lo que sí aclara, porque según su observación, “ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países”, es que él acudió a tal cita para “ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado” y donde “me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar”. Es decir, da por hecho que estaría el político en el lugar y por eso acudió.

Aunque habla con familiaridad de “los líderes políticos” de su estado, en su misiva el depuesto capo de la droga del cártel de Sinaloa no advierte en la narrativa ni sorpresa ni extrañeza por la reunión con los Chapitos, Cuen y Moya, al contrario, en un evidente dejo de seguridad sobre su integridad física, asiste a la hora y el lugar pactado, con solo cuatro escoltas, dos de los cuales informa los dejó fuera del rancho Huertos del Pedregal, y solo entró con los otros dos, José Rosario Heras López a quien identifica como comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez a quien señala como miembro de su equipo de seguridad. El poco número de integrantes de su guardia personal también es evidencia de la confianza que tenía con y entre las personas que le dijeron, acudirían a la junta. Exhibe con esa poca seguridad y exceso de confianza, que no temía ser detenido, a pesar que le dijeron que uno de los presentes sería el gobernador, y a que, a la entrada al lugar, percibió “a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes”, lo cual tampoco fue una sorpresa para él, que asumió, según su texto, que “eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos”, lo que comunica con normalidad, dado que no lo hizo retirarse del lugar.

Otro signo de normalidad de la reunión es la presencia de Heras López, al que el capo identifica como comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, y quien, sin evidentes miramientos ni temor, entró al rancho donde estaría Rocha Moya, es decir, de acuerdo a la narrativa de Zambada, el comandante no temía ser visto en el encuentro por el mandatario estatal, protegiendo al narcotraficante.

De una forma harto eficaz, expedita y profesional, la fiscalía general de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, prácticamente validó en términos generales, las declaraciones-denuncias vertidas por Zambada García en su carta, incluida la más fuerte y grave (más allá de la presencia o convocatoria del gobernador a una reunión de narcotraficantes): que Héctor Melecio Cuen Ojeda, quien había sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, había sido asesinado al mismo tiempo que él secuestrado, a pesar que las autoridades y el propio gobernador Rocha lo validaría, habían dicho que esa muerte, producto de una ejecución, había sucedido la noche del 25 de julio en una gasolinera. Pues la FGR confirmó que eso no era correcto, y validó lo dicho por Zambada García. De hecho, aseguraron: “…la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”.

Al tiempo, informaron de la localización del rancho denunciado por el Mayo: “localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor “N”. La parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, mientras se van realizando las diligencias respectivas”.

Es decir que la FGR validó todo, menos la presencia ante la convocatoria que reveló Zambada García, de Rubén Rocha Moya en el lugar. ¿Por qué ese dato es el único que no ha sido validado? Lo más probable es que tengan que ver los espaldarazos políticos que ha recibido Rocha Moya por parte, primero del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y recientemente por parte del secretario de seguridad y protección ciudadano, Omar García Harfuch. La FGR ha sido laxa cuando ha referido la investigación que debería hacer sobre la convocatoria de los narcotraficantes y Rocha, como no lo ha sido para incluso solicitar una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, por el delito de traición a la patria, al haber secuestrado y entregado a Zambada García al gobierno de otro país.

El tema cobra relevancia porque, hace unos días, la investigación del periodista Luis Chaparro, develó, de acuerdo a sus fuentes en autoridades de los Estados Unidos, que no había registro oficial de la entrada a aquel país de Rubén Rocha Moya, como fue su coartada para justificar que no había estado en el rancho. El morenista gobernador de Sinaloa solo presentó una bitácora de vuelo de un avión privado, no una imagen, no reservaciones comerciales, no permisos de migración, nada, su coartada solo fue fundamentada con una bitácora de vuelo privado.

El periodista explicó que, en la Unión Americana, agentes especializados no lograron ubicar en el sistema el documento que se le entrega a los extranjeros, a solicitud expresa para internarse en territorio norteamericano, sea por aire, por tierra o por mar. De las revelaciones de Chaparro otros medios hicieron eco, entre ellos una entrevista de la también periodista Azucena Uresti, y por ello, el gobernador Rocha Moya está culpando a ambos comunicadores: “con sus versiones falsas están contribuyendo para ver si se atenta contra mí, contra mi familia y si algo ocurre los hago responsables”, dijo quien tiene todo el apoyo del Estado Mexicano, de la FGR, de la SSPC, de la presidencia de la República, y evidentemente del sistema político morenista, incluidos 29 gobernadores (entre constitucionales y electos) que firmaron una carta de apoyo a su persona.

Con sus declaraciones, los que resultan vulnerados son los periodistas Chaparro y Uresti, pues el gobernador, cuya coartada no ha sido avalada por la FGR, los expone y exhibe en el estado que administra y que, desde el 25 de julio, atraviesa por la ingobernabilidad, la inseguridad y la violencia, precisamente entre quienes convocaron a la reunión entre narcotraficantes y políticos, y aquellos que fueron afectados con la detención de Zambada.

Lo ideal es que, en aras de la justicia, el gobernador Rocha Moya sea investigado tan expeditamente como lo fue todo lo declarado por Zambada García, y que, en el caso, se haga justicia, pero a manos de la Ley, no de los criminales que tienen a Sinaloa en un puño.

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