Además de discutir la posible extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, en el Congreso también analizan su presupuesto, el cual ha crecido 77.76 por ciento de 2002 a 2023, mientras que su gasto ejercido es menor al aprobado en estos 21 años.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El Poder Judicial de la Federación (PJF) vive uno de los momentos más críticos en su relación con dos de los poderes que gobiernan el país: el Ejecutivo y Legislativo, los cuales han puesto bajo escrutinio su gasto.
Esto no se veía desde 1994 cuando el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (19994-2000) reformó la Constitución para reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un sexenio después, ya con Vicente Fox Quesada (2000-2006) los recursos destinados al Poder Judicial se dispararon año con año hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
En una revisión realizada por la Unidad de Investigación de SinEmbargo a las cifras de los Presupuestos de Egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se observa que su presupuesto ha crecido 77.76 por ciento de 2002 a 2023, mientras que su gasto ejercido es menor al aprobado en estos 21 años, como se muestra en la siguiente gráfica.
El que año con año se observe un subejercicio (gasto menor al autorizado) llama la atención, debido a que estos montos van directo a los fideicomisos que ahora están en vilo debido a que, de acuerdo con Morena, no están amparados en la Ley y tienen montos suficientes para cubrir pensiones hasta por 100 años y cubren otros rubros como la remodelación de casas de los magistrados y jueces.
En el desglose de las últimas cuatro administraciones se observa que fue con los gobiernos panistas cuando el dinero asignado a jueces, magistrados y ministros se incrementó mayormente. Por ejemplo, con Vicente Fox pasó de 43 mil millones en el año 2001 –su primer año de su Gobierno– a 54 mil 500 millones de pesos en 2006, un aumento de 26.74 por ciento.
Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el presupuesto del PJF se elevó 32.76 por ciento al pasar de 55 mil 660 millones en 2007 –su primer año en el poder– a 73 mil 899 millones en su último año.
En la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el presupuesto subió 20.89 por ciento: pasó de 79 mil 448 millones en el 2013 –su primer año de Gobierno– a 96 mil 048 millones en 2018.
En estos cinco años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto del Poder Judicial ha sufrido algunos ajustes y es el primero en tres periodos presidenciales donde se le realizan disminuciones a la cúpula judicial integrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por ejemplo, en 2019, el primer año de Gobierno del Presidente López Obrador y en donde comenzó a implementarse su política de austeridad con la reducción de la alta burocracia y ajuste de salarios, el presupuesto asignado al Poder Judicial se redujo respecto al año previo, pues fue de 82 mil 273 millones de pesos. En 2020 aumentó ligeramente a 83 mil 566 millones de pesos y en 2021 a 84 mil 127 millones.
Sin embargo, en estos dos últimos años el dinero asignado a ministros, jueces y magistrados se redujo a 81 mil 279 millones en 2022 y a 80 mil 646 millones este 2023.
Para 2024 la situación podría ser similar, pues aunque la Ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del CJF, solicitó un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos que fue incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en el Congreso los legisladores de Morena, PT y PVEM mantienen una discusión para reducirle al Poder Judicial entre 15 y 25 mil millones de pesos.
Su argumento: que el dinero asignado al Poder Judicial no lo gastan en su totalidad, pues año con año se observa un subejercicio (gasto menor al autorizado) que va directo a los fideicomisos.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, realizado por el Inegi, muestra cómo ha sido la evolución del presupuesto ejercido por el Poder Judicial de 2010 a 2022, el cual es menor al solicitado.
Por ejemplo, el año pasado la SCJN ejerció un presupuesto de 5 mil 342 millones de pesos; en el TEPJF fue de 2 mil 973 millones de pesos y en el CJF de 69 mil 091 millones de pesos.
LA REFORMA ZEDILLISTA
Era la noche del 5 de diciembre de 1994 cuando Ernesto Zedillo, quien tenía sólo cuatro días de haber asumido la Presidencia, dio un mensaje en la residencia oficial de Los Pinos que duró 10 minutos, según las crónicas consignadas en esa época. En las imágenes que circulan en medios se observa al entonces Presidente acompañado de Liébano Sáenz (Secretario particular), Esteban Moctezuma (Secretario de Gobernación) y Antonio Lozano Gracia (titular de la entonces PGR).
Con el argumento de hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un organismo “más calificado” y como una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia, el Presidente envió la iniciativa al Senado de la República, presidido entonces por María de los Ángeles Moreno.
Para el 18 de diciembre el Senado ya había aprobado por unanimidad las reformas constitucionales y las había enviado a la Cámara de Diputados, la cual las avaló sin cambios y el 30 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso envió al Ejecutivo el decreto de reformas que previamente se habían aprobado en los congresos estatales. El 31 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Todo en un mes.
En 1994 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía mayoría en ambas cámaras y la oposición se formaba sólo por ocho senadores y 71 diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 10 diputados del Partido del Trabajo (PT).
“Muchos comentaristas criticaron esta disposición. Uno de ellos incluso llamó al Presidente Zedillo un ‘Fujimori azteca’, porque, en su opinión, la propuesta de retiro de los ministros equivalía a un ‘golpe de Estado’ técnico contra uno de los poderes”, según consigna el libro Veinte años no es nada: la Suprema Corte y la justicia constitucional antes y después de la reforma judicial de 1994 (SCJN, 2018).
La reforma de Zedillo reconfiguró al Poder Judicial de la Federación: se redujeron de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte y sus integrantes ocuparían el cargo por 15 años y debían ser jubilados.
Han pasado 29 años de ese momento y hoy el Poder Judicial de la Federación vuelve a estar en el centro de un debate en donde el Ejecutivo y legisladores de Morena y aliados (PT y Verde Ecologista) han cuestionado las sentencias de jueces y “privilegios” de ministros.
“Es natural de que los ministros estén haciendo una promoción para que no se modifique el presupuesto, si se acostumbraron a vivir con privilegios, es lo que está pasando en el país, los que vivían con privilegios y se terminó, pues están molestos, claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios”, dijo el pasado viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre la iniciativa de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial avalada en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Luego llamó a los legisladores de la llamada Cuarta Transformación a cuidar todo el procedimiento. “Tengan cuidado, hagan todas las reuniones que establece el procedimiento porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del Legislativo”, dijo al reiterar su propuesta de “democratizar al Poder Judicial”.
El pasado 12 de octubre, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, afirmó que el silencio ante la reciente aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no implica inacción, sino prudencia para establecer las acciones que se desplegarán al respecto.
Durante una videoconferencia privada con integrantes del Poder Judicial, pero cuyo fragmento de la charla fue difundida en redes sociales, la titular de la Suprema Corte señaló que “surgen voces” que, con el intento de dividirlos, generan una “mayor incertidumbre” sobre lo que sucederá con respecto a los fondos que tiene el PJF, acusando además una supuesta “actitud de soberbia” y de “falta de diálogo”, algo que desmintió categóricamente.
Se filtra video de la ministra de @SCJN Norma Piña donde habla de que ya hay acciones para evitar la extinción de sus fideicomisos
"El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas las acciones que se han estado desplegando”, indica pic.twitter.com/AEEAyAk5zq
— Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) October 12, 2023
La Comisión de Presupuesto aprobó el pasado 10 de octubre el dictamen que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos y se prevé que sea discutido en el Pleno esta semana. Al tratarse de una reforma legal, Morena y sus aliados en el Congreso cuentan con los votos necesarios para avalar estos cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Al segundo trimestre de 2023 el monto de estos 14 fondos y fideicomisos asciende a 21 mil 538.75 millones de pesos. De estos fondos y fideicomisos, como bien señala la iniciativa, sólo uno se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo este el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuyo monto asciende a 6 mil 103 millones 992 mil 205.31 pesos.
De acuerdo con el Diputado Hamlet García Almaguer, el Poder Judicial tiene alrededor de 15 mil millones de pesos en estos fideicomisos que no se están utilizando para el fin que fueron creados y que incluso cuentan con recursos para pagar pensiones para los próximos 100 años.
“Tienen un guardadito para pagar 100 años de pensiones de mandos superiores y 72 años años de jueces y magistrados”, expresó en entrevista con “Los Periodistas” el Diputado de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
