De acuerdo a la definición expuesta en su Web, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), “es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.”

En esa definición cabría completo el caso de las periodistas silaoenses Karla Janeth Silva Guerrero y Adriana Palacios, ambas amenazadas y la primera de ellas golpeada arteramente, por tres sujetos que le exigieron modificar el contenido de sus notas.

Las investigaciones de la autoridad local, han conducido a la detención de los tres autores materiales y de un cuarto personaje, un oficial de la policía municipal de Silao, responsabilizado de haber prestado apoyo logístico a los atacantes. Además, se encuentra indiciado y está prófugo el ex director de la policía de Silao, Nicasio Aguirre.

Se trata no solo de un ataque contra dos periodistas en razón de su actividad, en busca de limitar su libertad de ejercicio profesional, sino algo más grave aún: una agresión perpetrada desde espacios de poder público, hasta donde dejan ver las investigaciones.

El caso es paradigmático por esos motivos, al evidenciar lo que muchos suponemos, que buena parte de los atentados contra periodistas provienen de autoridades gubernamentales y que hacen falta sanciones ejemplares que frenen esa tentación.

Pero, además, se trata del primer caso de agresión física contra comunicadores de Guanajuato, por lo que enfrentar el hecho y llegar hasta las últimas consecuencias se convierte en una obligación para detener allí, justo en el principio, una dinámica que en otras entidades ha enlutado a familias.

A los periodistas nos queda claro que la hidra de mil cabezas de la violencia que se ha ensañado contra compañeros de la profesión en otras entidades, solo puede ser detenida cuando se actúa con determinación desde el mismo momento en que el fenómeno aparece.

Por eso resulta particularmente importante saber que está haciendo en este caso la Fiscalía Especializada que dirige la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Dotada de una infraestructura poderosa, con tres direcciones y siete subdirecciones, la Fiscalía que combate los delitos contra la libertad de expresión, tiene como funciones las de:-

– Brindar atención a las víctimas del delito.

– Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos.

– Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.

– Proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

Pues bien, para saber qué de todo eso ha empezado a aplicarse en el caso vivido en Silao por las reporteras de El Heraldo de León, he tratado de contactar por lo menos en tres ocasiones a la maestra Borbolla Moreno, sin suerte hasta el momento.

El primero correo electrónico, solicitando una entrevista para transmitir en La Revista de la Una, el noticiero por Internet de Zona Franca, fue respondido atentamente por la misma titular de la FEADLE, quien canalizó la solicitud a la Dirección General de Comunicación Social de la PGR. Dos correos más se quedaron sin responder. Por supuesto, Comunicación Social tampoco se ha dignado contestar.

La funcionaria federal no ha aparecido tampoco en ningún otro medio de comunicación, local o nacional, aludiendo al tema. Las medidas precautorias fueron ordenadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad y la atención a las víctimas ha provenido más bien de la PGJE.

En el caso de han interesado organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la CIDH y Reporteros Sin Fronteras, pero nada se sabe públicamente de la Fiscalía Especializada.

Lo que parece, a final de cuentas, es que la agresión a las dos periodistas de Silao, no obstante provenir presuntamente de un jefe de seguridad pública, lo que ocurre en medio de la polémica nacional por la descomposición de las fuerzas policiales, no ha generado el suficiente interés en una dependencia cuya función central y especializada es la de atender las agresiones contra periodistas y en detrimento de la libertad de expresión.

Con actitudes donde se mezclan el desdén por las solicitudes de información y el desinterés por un caso que ha generado un parteaguas en Guanajuato, se ve difícil que la FEADLE pueda lograr el cometido de “promover una cultura de prevención del delito y de respeto por la libertad de expresión.”

Sería una pena que ante el panorama de inseguridad creciente en el país en todos los terrenos, donde no están exentos los comunicadores, esta onerosa estructura pase a ser solo un bastión burocrático que acumule estadísticas sin generar las acciones necesarias para revertir las condiciones que ya nos tienen como uno de los países más riesgosos del mundo para la actividad periodística.

Arnoldo Cuellar

https://www.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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