Nahel Merzouk, un adolescente de origen argelino, fue detenido por la policía francesa el pasado 27 de junio para un control de verificación de documentos en los suburbios de París. Nahel conducía un vehículo Mercedes en el que repartía pizza para ganarse la vida. Pero terminó siendo asesinado por la policía de un disparo en la cabeza. Este nuevo hecho de brutalidad policiaca cometido por policías contra jóvenes migrantes o de origen norafricano o árabes, ha desatado una nueva oleada de protestas en Francia que han sacado a cientos de miles, especialmente jóvenes de los barrios pobres de las ciudades, a protestar contra la violencia y brutalidad policiaca.

La mayoría de quienes salieron a manifestarse eran jóvenes casi de la misma edad de Nahel, muchos también migrantes o de familias procedentes de países del norte de África. Y muchos protestaron y mostraron su rabia y contra la brutalidad policiaca incendiando autos, comisarias de policías u otros edificios públicos, como ayuntamientos, escuelas e incluso bibliotecas.

El gobierno de Macron y otros sectores de gobierno y de la derecha criticaron estas formas de protesta y los descalificaron como vándalos y violentos, sin atender el reclamo central de las protestas: jóvenes marginados o de barrios pobres (banlieus) que son constantemente agredidos y hostigados por la policía por cuestiones raciales o clasistas. Según el Defensor del Pueblo francés, “los varones jóvenes negros o considerados norteafricanos tienen 20 veces más probabilidades de sufrir controles de identidad por la policía”, de acuerdo a un documento sobre brutalidad policial elaborado por Amnistía Internacional.

Las protestas contra el asesinato del adolescente Nahel Merzouk a fines de junio y principios de julio de este año es la más reciente ola de manifestaciones contra la brutalidad de la policía francesa. En 2005 ocurrieron protestas por las mismas razones. El 24 de octubre de ese año policías perseguían a los adolescentes Ziad Benna (17 años) y Bouna Traoré (15 años) en Clichy-sous-Bois, otro suburbio de París. Al intentar esconderse de la policía, los adolescentes murieron electrocutados en un transformador. Al conocerse los hechos, miles de jóvenes salieron a las calles y protestaron contra la brutalidad policiaca de manera semejante a la actual: incendiando autos y mobiliario público, y enfrentándose a la policía.

Pero las protestas contra los casos de brutalidad policiaca no son exclusivos de las represivas fuerzas de seguridad de Francia. Las protestas actuales tienen un parecido muy semejante a las protestas que en Estados Unidos dieron origen al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan”). Este movimiento nació en “2013 con el uso del hashtag #BlackLivesMatter en las redes sociales, después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroestadounidense Trayvon Martin a causa de un disparo de bala” (Wikipedia), pero tuvo su mayor oleada de protestas en el segundo semestre de 2020, en plena pandemia, al conocerse el asesinato de George Floyd, hombre negro de 46 años, el 25 de mayo de 2020, luego que un agente de policía estuviera presionándole el cuello con la rodilla durante más de ocho minutos. Primero como un grito y luego como un suspiro, las últimas palabras de Floyd, “I Can’t Breathe” (“no puedo respirar”) se convirtieron en el hashtag y en el lema político de un movimiento masivo que exigió poner fin a la brutalidad policiaca en Estados Unidos e incluso la abolición de los cuerpos de policía.

Tanto en Francia como en Estados Unidos se relaciona la brutalidad policiaca con razones racistas. Pero lo mismo ocurre en Reino Unido y en Brasil, según Amnistía Internacional. En Reino Unido, Amnistía ha documentado cómo la base de datos Gangs Matrix, usada por la Policía Metropolitana de Londres, está “marcada por prejuicios racistas, criminaliza y estigmatiza a los hombres negros jóvenes”. En 2019, la policía de Río de Janeiro mató a 1,810 personas, una media de cinco al día, la mayoría jóvenes negros de las favelas (https://cutt.ly/JwoDNMGO).

Lamentablemente la brutalidad policiaca azota también a América Latina. Aquí en México un caso reciente fue el de Giovanni López, un albañil de 30 años, detenido y asesinado por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el 4 de mayo de 2020 por no portar cubrebocas, exigido como obligatorio ese momento en el estado. El asesinato de Giovanni López se conoció un mes después y se desataron fuertes protestas en Guadalajara que derivaron en el llamado “Halconazo tapatío”, ocurrido el 5 de junio de ese año cuando casi un centenar de jóvenes fueron reprimidos y desaparecidos por elementos de la Fiscalía de Jalisco.

Otros países de América Latina han padecido, en el pasado y recientemente, la brutalidad policiaca. En Chile un aumento en el precio del metro de Santiago en octubre de 2019, desató una oleada de protestas iniciadas por jovencitas de secundaria que se saltaron los controles del transporte público. Luego de una semana, cientos de miles realizaron una huelga histórica y tomaron la Plaza Italia para renombrarla como Plaza de la Dignidad en la capital chilena. La protesta duró varios meses y obligó al gobierno a convocar a un Congreso Constituyente y redactar una nueva constitución. Pero también reprimió la protesta a sangre y fuego. Uno de los actos más despiadados de brutalidad policiaca ocurrió en Chile donde se estima que unos 300 jóvenes perdieron un ojo debido a los disparos de perdigones que realizaron los Carabineros, uno de los cuerpos policiales más represivos del Continente.

En 2020 y 2021 emergió una oleada de protestas en Colombia conocidas como “El estallido” y que entre otras demandas protestaban contra los casos de brutalidad policial, especialmente la cometida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Estos casos citados nos confirman que la brutalidad policial no es privativa de un país sino parte constitutiva de las fuerzas de seguridad públicas de las que se valen los Estados en la moderna sociedad capitalista.

Según Amnistía Internacional, la brutalidad policial se debe a “una combinación de factores, como legislación inadecuada, discriminación racial o de otra índole, inseguridad o conflicto, e impunidad arraigada”. De entre todas destaca la impunidad que rodea prácticamente la mayoría de casos donde las fuerzas policiacas violan derechos y garantías de las personas y hacen uso excesivo de la fuerza, hasta alcanzar las ejecuciones extrajudiciales. La impunidad propicia que se repitan estas prácticas. Por eso me temo que los llamado a reformar las policías que se han venido repitiendo en las últimas décadas no tenga sentido y que sea más sensato la demanda de Black Lives Matter de abolir las policías y encontrar otras formas de protección comunitaria donde por fin se ponga freno a la brutalidad policiaca.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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