El miércoles el Tribunal Octavo de Sentencia en Guatemala sentenció a José Rubén Zamora – periodista y presidente de elPeriódico- a 6 años de prisión por el delito de “lavado de activos”. En el caso de los otros delitos por los que cuales se le acusó, chantaje y tráfico de influencias, el tribunal determinó que las pruebas acusatorias presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad  (FECI) no eran contundentes.

Tal como lo dice la Red Rompe el Miedo en Guatemala[1], “el caso de José Rubén Zamora se convierte en un castigo ejemplar para toda persona periodista o comunicadora que salga del margen establecido por la narrativa oficial”.

Por si el cinismo y autoritarismo mostrado en este caso no fueran suficientes, ahora la FECI acusa a 8 periodistas y columnistas de elPeriódico por el delito de obstrucción de la justicia por el simple y sencillo hecho de haber dado cobertura al juicio contra Zamora. Es decir, el régimen, no satisfecho con imponer un castigo ejemplarizante en la persona de Zamora para todo el periodismo guatemalteco, también proscribe que se informe sobre el tema.

No cabe duda que Zamora es un preso político que ahora expone de cuerpo entero el regreso de élites corruptas que así, de manera violenta, reclaman sus fueros. Su defensa ha sido asumida por más de 9 abogados que han sido hostigados y acusados de la comisión de delitos, 4 de ellos encarcelados y 5 salieron del país, motivo por el cual, Chepe decidió aceptar la defensoría pública.

Las irregularidades en su proceso han conducido al pronunciamiento de varias organizaciones e instancias de derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con representación en Guatemala, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y medios nacionales e internacionales.

Por eso señala con razón la Red Rompe el Miedo que “el proceso de criminalización que enfrenta Zamora Marroquín es un indicador de la profunda crisis democrática que marca a Guatemala. No solo por la embestida en contra de la libertad de expresión y de prensa, por el desacato a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección que han solicitado establecer una política pública de protección al ejercicio periodístico, sino por el efecto de miedo y censura que se genera en todos los niveles”.

La descomposición del sistema de justicia en Guatemala es un síntoma del grave cierre autoritario, acelerado desde 2018 por Jimmy Morales, y profundizado por el actual presidente Alejandro Giammattei.

En efecto, el domingo 25 se celebrarán elecciones generales en Guatemala. En una contienda presidencial sumamemente atomizada, se perfilan candidatas y candidatos punteros a quienes múltiples voces han señalado de pertenecer mismas cúpulas militares, empresariales, políticas y hasta criminales que ahora combaten la libertad de prensa y los procesos de justiciabilidad contra la macrocorrupción aún vigente y los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra civil (1960-1996). De hecho una de las candidatas más fuertes es Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, en su momento acusado de genocidio.

No sobra decir que el Tribunal Supremo Electoral de aquel país, mismo que admitió la candidatura de Ríos, negó el registro en febrero pasado a los aspirantes identificados con la izquierda, Thelma Ríos y Jordán Rodas. Los dados están cargados, y nadie que critique agudamente al gobierno y sistema actual está contendiendo por la máxima magistratura de Guatemala. En un extremo censor, el mismo tribunal ha prohibido mediante un memorandum la provisión de información a la prensa.

El problema nacional, de suyo grave, es un reflejo del deterioro democrático en la región. En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado y expulsado cualquier voz crítica, y no sólo eso, también les ha retirado la nacionalidad a periodistas, activistas y opositores. Nayib Bukele gobierna bajo un estado de emergencia permanente, violando derechos humanos con pretexto de su “guerra contra las maras”, y bajo ese pretexto persigue a la prensa y coopta a los otros poderes estatales de cara a una incosntitucional reelección.

Por si fuera poco, Costa Rica también enfrenta serios retos con un presidente que se ha lanzado verbalmente contra la prensa. Un sistema de contrapesos aun sólido se ha activado, al grado que la Sala Constitucional IV de la Corte Suprema de aquella nación amparó a un periodista contra el presidente Rodrigo Chaves, por expresiones denigrantes proferidas contra la prensa.[2] Su gobierno protagonizó la semana pasada un lamentable episodio de negativa de visado a 300 activistas que se darían cita en el eventon internacional conocido como RightsCon. La organización impulsora del prestigiado evento, Access Now, denunció inclusive tratos discriminatorios y racistas por parte de los agentes de migración costarricenses.[3]

La situación esbozada ha generado un repliegue de los sectores periodístico y de sociedad civil organizada. Nuevas estrategias defensa de las libertades públicas tendrán que delinearse en los próximos años ante el inminente ascenso y consolidación del autoritarismo. Esos próximos pasos deberán articular lo local, con lo nacional y regional, eso ni duda cabe.

Por lo pronto es urgente la lucha por la libertad de personas concretas que, como Chepe Zamora, padecen en carne propia el regreso de poderosos sectores antidemocráticos y anti-derechos.

[1]                              La Red se conforma por organizaciones nacionales, regionales e internacionales, medios de comunicación, prensa comunitaria y 31 nodos de periodistas distribuidos en los diversos departamentos del país.

[2]                              La Sala Constitucional IV de la Corte Suprema costarricense concedió un recurso de amparo de José Ureña, periodista del periódico digital CRHoy, ante los agravios proferidos por el presidente Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, durante una conferencia de prensa en enero. El mandatario llamó “sicarios políticos” a reporteros allí presentes, incluyendo a los del diario La Nación y el canal Teletica.

[3]                              Ver https://www.accessnow.org/campaign/joint-statement-passport-and-visa-systems/

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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