De manera sorprendente, ha pasado casi inadvertida la declaración del Gobierno sobre política de drogas contenida en el proemio del Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de que en el cuerpo del plan no se establece ningún programa o mecanismo para concretar las intenciones proclamadas, el párrafo dedicado al tema representa un hito mundial, pues se trata del primer Gobierno que plantea con claridad el fracaso del prohibicionismo y su alejamiento tajante respecto al paradigma establecido por el sistema internacional de control de drogas vigente.

Sin ambages, el Gobierno de López Obrador sostiene que la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública y porque, de manera inevitable, criminaliza a los consumidores y reduce las probabilidades de reinserción y rehabilitación. La guerra contra las drogas –dice el párrafo del PND– ha escalado el problema de salud que representan las sustancias actualmente prohibidas. Y plantea la alternativa: que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción, lo que se conoce como reducción de riesgos y daños y ya es el eje de la política de drogas de diversos países europeos y de Canadá.

Aunque en el fondo se sigue escuchando la idea de que lo ideal es reducir el consumo, en lugar de prevenir y atender los usos problemáticos, el párrafo representa un avance gigantesco respecto a las estrategias previas y es excepcional en el ámbito internacional. Si el compromiso declarado es serio y el Gobierno en realidad echa a andar políticas públicas de prevención y reducción de daños, al tiempo que legisla para regular sensatamente y de manera diferenciada las sustancias hoy prohibidas, estaremos ante un enorme acierto que puede contribuir a un gran cambio de consecuencias mundiales.

Para que esto realmente ocurra, es necesario que la estrategia de seguridad sea consecuente con el final del prohibicionismo pues, como lo escribió Catalina Pérez Correa en El Universal el martes pasado, no basta solo con regular las drogas y poner en marcha estrategias de prevención y reducción de daños. Es necesario, además, desmontar el aparato represivo que se construyó para combatir el tráfico; de otra manera, se habrá acabado la prohibición, pero continuará la guerra.

El primer programa anunciado para poner en práctica la nueva estrategia no prohibicionista es la campaña contra el uso de drogas que anunció el vocero presidencial durante la conferencia matinal de hace un par de días. No suena mal que se hable de enfrentar el problema percibido de salud pública con herramientas como la educación, la información y el tratamiento. Se trata de un cambio importante, pues hasta ahora lo que se ha hecho ha sido reprimir para suprimir el mercado. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por el vocero, el Gobierno sigue sin entender el problema de fondo, pues la campaña parece diseñada con el mismo fin de las que le precedieron: lograr un país libre de drogas, pues plantea la abstención como objetivo. De ahí que lo anunciado no diferencie entre uso y adicción, ni acepte que el problema no es el uso de drogas –el cual ha existido y existirá en todas las sociedades– sino los usos problemáticos, entre los cuales las adicciones son especialmente graves.

Sin una comprensión cabal del problema, difícilmente podrán diseñar intervenciones exitosas, las cuales implican tomar distancia de la perspectiva a la que están acostumbrados, sobre todo la que considera a la abstinencia como la única rehabilitación posible. Para ello se debe renunciar al gran apego que se le tiene al método de los doce pasos surgido en Alcohólicos Anónimos, el cual carece de fundamento científico alguno. Para que se concrete la intención de sustituir la represión por una estrategia de salud, es necesario ampliar el horizonte más allá del enfoque que solo ve adictos.

Un programa eficaz de intervención para los usos problemáticos debe poner en el centro la reducción de riesgos. Existe una población que ya usa drogas que requiere recibir información veraz sobre las sustancias que usa y necesita tener acceso a servicios sociales y de salud. Las estrategias de reducción de daños han demostrado ser exitosas para la promoción de la salud y para mantener la integración social de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Los programas comunitarios de intercambio de jeringas, los tratamientos de sustitución de drogas como la heroína por metadona, las pruebas diagnósticas y el acceso al tratamiento en las propias comunidades cumplen con esos objetivos. También reducen riesgos los programas de análisis y prueba de sustancias en ambientes de fiesta o en espacios de consumo para evitar las adulteraciones o la prevención de sobredosis con disponibilidad de antídotos como la Naloxona.

El discurso del vocero presidencial mantuvo el énfasis en acabar con el consumo de sustancias. El cambio de enfoque necesario debe abandonar esa visión y aceptar que las personas que usan drogas pueden tener un consumo responsable, siempre y cuando tengan las herramientas y los servicios que les faciliten este uso. De todos los usuarios de drogas ilícitas en el mundo, solo alrededor del 13 por ciento son usuarios problemáticos. Cuando se pone el acento en la adicción, y no se reconoce la existencia de un uso responsable e informado de sustancias psicoactivas, se reproduce la estigmatización de las personas que usan drogas y se contribuye a la diseminación de información imprecisa sobre las sustancias; con ello se genera desconfianza entre los jóvenes y se les aleja de los servicios de salud.

Si realmente se quiere acabar con la estrategia represiva, la nueva estrategia debe considerar centrales los derechos humanos de las personas usuarias de sustancias que buscan tratamiento, cosa que no aparece en la exposición del vocero presidencial. En la actualidad, muchos de los centros que ofrecen tratamientos para las personas con consumo problemático son escenario de distintos tipos de violaciones a los derechos humanos y muchos de estos centros no están regulados por el Gobierno. El pilar 2 de la anunciada Campaña Nacional de Combate a las Adicciones, sobre “Prevención promoción y rehabilitación de la salud mental”, debe fundamentarse en el respeto a los derechos humanos de las personas que buscan tratamiento y en la oferta de servicios de calidad basados en evidencia.

Una cuestión más: si se quiere tener una campaña exitosa se debe evitar cualquier tono moralizante o condescendiente y los sermones aburridos, aunque sean en voz de actrices o cantantes famosos.

(Este artículo lo escribí con el apoyo de Alejandro Madrazo Lajous y Raúl Bejarano Romero, del Programa de Política de Drogas del CIDE.)

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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