Itzel Guadalupe Pedraza y Catalina Santos Márquez no se conocieron. Itzel daba clases en Camarón de Tejeda, de Soledad de Doblado, en Veracruz; entre llanuras curtidas y a la vera de la carretera. Catalina daba clases en una comunidad de Tlacotepec, de Eliodoro Castillo, en Guerrero; entre cerros partidos y lluvias esquivas.
Itzel tenía 17 años. Catalina tenía 20. Itzel no había concluido la Preparatoria y quiso ser instructora comunitaria en tiempos en que en la costa pocos querían dar clases por el peligro que significa entrar a los caminos rurales. Catalina había concluido la Preparatoria y quiso ser instructora comunitaria en tiempos en que pocos querían dar clases en la zona alta de Guerrero por el peligro que significa entrar a los caminos rurales.
A las dos las mataron en 2011.
Itzel encontró la muerte una noche de viernes después de ir a una posada. Catalina encontró la muerte en un fuego cruzado, en un punto que se denomina “Naranjito” cuando un domingo se le ocurrió ir a la cabecera municipal por comida y algo de despensa.
En México, en 2011, cuando la guerra contra el narcotráfico alcanzó el saldo 50 mil víctimas, estos asesinatos significaron poca cosa en los números. Pero esta partida fue una razón, entre otras, para que cientos de instructores comunitarios suspendieran su trabajo en las zonas marginadas de México. Y para que los pobres de los pobres se quedaran sin clases.
UN SALDO POR CONTAR
La foto en este momento es así: 80 mil niños repartidos en las regiones de alta marginación ya no cuentan con maestros. Los instructores comunitarios se han retirado de 411 comunidades de todo el país, admite el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Algunos desertaron y otros acataron la orden de los delegados estatales del organismo de no recorrer los caminos rurales para evitar los eventos paridos por la violencia.
En entrevistas, instructores comunitarios de varias regiones del país describen “planteles desolados por días de abandono en un mapa inalcanzable”. Sobre todo, ya no van a la alta sierra de Durango; ni a la frontera que Tamaulipas comparte con Estados Unidos; ni a la costa de Michoacán ni tampoco a la de Veracruz.
De cómo ocurrió este retiro paulatino hay varios ejemplos. En el municipio veracruzano de Tierra Blanca, un comando inició una balacera enfrente de una primaria y una escuela preescolar en septiembre pasado. Los instructores dejaron de adentrarse en las comunidades. “Valía más dejar de jugar al héroe. Se empezaron a decir cosas. Y te puede tocar de todo en esas soledades”, dice el instructor Santiago Pérez, de 17 años.
En la sierra de Choix, Sinaloa, 120 niños de preescolar y primaria dejaron la escuela después de los enfrentamientos entre dos grupos armados y el Ejército, ocurridos entre el 28 de abril y el 3 de mayo de este año. “Puede ocurrir una masacre. Allá arriba ya nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe de dónde puede venir una bala, o un navajazo. Y no se puede responsabilizar a nadie. ¿Quién puede aprender así? ¿Quién puede enseñar así? ¿De qué sirve caminar tanto? Por el momento, creo que no subiremos”, expresa el instructor sinaloense, Fernando Castro Inzunza, quien pretendía dedicarse a alfabetizar antes de elegir una carrera universitaria.
En Guerrero, se cerraron en abril pasado las escuelas en cinco localidades porque en Teloloapan, en un rastro, fueron encontradas diez cabezas humanas. Hace siete meses, la muerte de Catalina Santos ya había ocasionado el cierre de otras decenas de primarias.
Laura Cristina Rodríguez, delegada de CONAFE en Guerrero, esboza los motivos de la suspensión de clases en los territorios más pobres de México: “Para retirar a los instructores hay muchas razones. Pero todas están relacionadas con la violencia. Es un fenómeno que no sólo se debe al crimen organizado; sino a una revoltura, a un desorden, a que muchos hilos están sin control. Hay pueblos vacíos. A veces un enfrentamiento ha logrado vaciar al pueblo completo. La migración va y viene por la violencia. A veces son problemas añejos entre familias, crispados por el ambiente que se vive. Más de impunidad que de crimen”.
EN SUS MANOS, LA EDUCACIÓN DE LOS POBRES
Constituyen el último eslabón de la educación en México. Son jóvenes, entre 15 y 29 años. Llegan a la sierra, las cañadas, la costa o la selva. Se paran en aulas ante ocho, nueve o diez estudiantes. Entre la miseria. Las comunidades a las que llegan tienen de cien a 500 habitantes.
No perciben más de mil 500 pesos mensuales. El sueldo del director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el organismo que los convoca, es de 171 mil 901 pesos con 34 centavos, según el Portal de Obligaciones y Transparencia. Hay una diferencia de 0.87 por ciento.
Concluyeron la Secundaria o la Preparatoria. Su perfil se desgrana: estudiantes, intelectuales, aventureros, campesinos, soñadores o activistas. La mayoría nació y creció justo en las regiones donde da clases, o cerca de ellas.
Son una tradición. En 1973, el CONAFE envió por primera vez a cien jóvenes a las comunidades rurales de Guerrero. Para 1978 los instructores comunitarios se encontraban en toda la República con un trabajo que emulaba a la Escuela Rural Mexicana, impulsada por José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en 1921, cuando en el país predominaba la vida en el campo.
En 2012, hay más de 40 mil instructores comunitarios y el 64 por ciento lo integran mujeres.
“El CONAFE actúa en las zonas más alejadas del país, ahí en donde otras instituciones no llegan, de ahí una de las fortalezas de esta noble institución del Estado mexicano”, expone Arturo Sáenz, director del organismo. A la figura de instructor, Sáenz la describe: “Ni héroe ni persona sin más opciones. Simplemente un joven ejemplar en su presente, quien con su servicio abre el futuro para sí mismo y los niños que atiende”.
SÓLO ELLOS
En México, después de los 15 años se adquiere, en automático, la adultez. Un individuo que no es alfabetizado antes de esa edad o que no concluye la Primaria o la Secundaria, se integra en la brecha llamada rezago educativo. Significa que no tiene las herramientas básicas para incorporarse al mercado laboral en plena edad productiva. Incluido en ese margen, deja de ser responsabilidad del CONAFE y se convierte en educando del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA).
Medido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el rezago educativo alcanza 31.9 millones de mexicanos, de los cuales, 5.3 millones son analfabetas, 10 millones no concluyeron la Primaria y otros 16 millones están sin Secundaria. Representan el 40 por ciento de la población mexicana. Este rezago, de acuerdo con el INEA se localiza en las zonas marginadas. Ahí, a donde sólo llegan los instructores comunitarios.
LAS REGIONES MÁS POBRES
En 2012, el INEA, el organismo encargado del rezago educativo de los adultos mexicanos, se alberga en un edificio blanco, en la colonia Condesa del Distrito Federal. De los despachos, cuelgan coloridos carteles que evocan las regiones indígenas del país. Este organismo se fundó en 1981 cuando el X Censo había arrojado que 25 millones personas mayores de 15 años, repartidas en las áreas rurales del país, eran analfabetas. Las cifras han cambiado: para 2010, el grupo de analfabetas lo integran 5.3 millones. Pero el escenario de los más rezagados de la Educación aún es el mismo: el campo.
Juan de Dios Castro Muñoz, director del organismo, expone que cada estado tiene una condición distinta; que por ejemplo, Chiapas tiene un porcentaje de 58 de cada cien habitantes; que le sigue Oaxaca, con 56; que enseguida está Michoacán con 50. Dice que en el otro extremo de la lista los que menos rezago tienen son el Distrito Federal y Nuevo León. “Lo que son los estados del norte tienen mejores índices respecto al rezago educativo del sureste”.
-¿Por qué?
-Es por la población indígena. Hay una pregunta en el Censo: ¿Se considera usted perteneciente a una etnia indígena? 18 millones de habitantes contestaron que sí. Chile tiene una población total de 17 millones de habitantes. México, nada más de indígenas tiene la población total de Chile. Esto hace que los estados donde hay una mayor población indígena el rezago sea más grande porque la población indígena habla 364 variantes lingüísticas. Nada más del mixteco hay 80 variantes lingüísticas, y es imposible que tengamos libros de texto impresos en 364 variantes lingüísticas; no hay presupuesto que alcance.
La Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG), encargada de la publicación de los textos con los que se aprende a leer, es el otro organismo emblema de la educación mexicana. Está en San Ángel. El ambiente es similar: carteles y pinturas que representan las zonas con población indígena. Miguel Limón Macías, el director, dice sobre las zonas marginadas: “En el caso de los indígenas hay factores, uno es la lengua, otro es la concepción de vida. Platica uno con cualquier papá y su preocupación es que sus hijos tengan la educación. En nuestro mundo. Pero hay grupos indígenas que no les preocupa tan fuerte la educación y que además muchos de ellos están muy dispersos. No es lo mismo ofrecer educación a poblaciones de 200, 300 ,500 habitantes a poblaciones como la de los rarámuris en que hay cinco en un lugar, ocho en otro… Es un problema de minorías muy serio”.
“NO LOS ABANDONAMOS, YA NO PODEMOS LLEGAR”
En 2009, los instructores comunitarios prometieron “no oír ni ver nada” con tal de ingresar a las escuelas para dar clases. Por lo menos en los vértices de la zona bautizada como “triángulo dorado” ocurrió así. Arturo Sáenz, director del CONAFE, informó que había concertado con los gobiernos de Chihuahua, Durango y Sinaloa la entrada de unos mil 200 instructores.
Sáenz dijo: “Lo que estamos concertando con el sistema educativo estatal es un arreglo al margen de los asuntos que se den ahí. Que nos dejen entrar para atender a los niños. Que nuestros jóvenes y profesores que lleguen a entrar no oyen, no ven nada, pero sí trabajan intensamente en favor de los niños para no dejarlos fuera del sistema. Los niños no tienen la culpa. Para nadie es un secreto que donde nosotros estamos trabajando es donde se da mucho este fenómeno (del narcotráfico) en términos de dónde están y dónde siembran”.
Tres años después, una instructora comunitaria en la alta sierra de Sinaloa describe: “Es muy difícil llegar. Sí, creo que estamos en riesgo. ¿Sabe usted que es lo peor? No, no es que nuestros recursos sean pocos. Lo difícil es no saber por qué no podemos llegar. Nunca hay razones. Hay misterios sin resolver”.
-Entonces, ¿todo está detenido? ¿La educación en las zonas pobres está detenida?
“Puede decirse que sí. Dar clases es lo que menos importa. Yo hablo por lo que me toca. Yo he caminado mucho, en lomas. Tenía un año de ser instructora. No me imagino cómo la pasan en otros lugares, pero yo le puedo decir que por ahora, todo se acabó. No sé si a alguien le va a interesar seguir con esto”.
EL ÍMPETU SIN FIN
En todas las historias hay ímpetu interrumpido. Cada quien tiene un relato propio. Ninguno escapa de la violencia. Los instructores comunitarios han vivido o escuchado historias tristes y por ahora, desean suspender su labor. Lo lamentan porque para muchos este trabajo signficaba una etapa de formación. Alejandra Castro, de 21 años, en Tamaulipas ratifica: “Quiero estudiar. Consideré que trabajando para el CONAFE iba a tener un puente para estudiar. Pero ahorita no fue buena idea. No es que yo tenga rencor con mi país, pero hasta esto le quitaron a uno. Los chiquillos ya no pueden estudiar y nosotros nos quedamos sin fuente de ingreso. Era poco, pero servía para ir y volver. Andando. Y como a veces se nos iba la luz, había que ganarle al sol”.
En Veracruz, la instructora Esperanza Madrigal, de 20 años, responde: “Pues yo creo que hay que esperar. El tiempo que teníamos para educar ya se nos fue. Este año ya se nos fue. Este es sólo otro año perdido”.
Y en la sierra de Puebla, Héctor Palazuelos, de 22 años, coincide: “Aunque veas que no hay problema, lo mejor es no meterse. El problema es que no sabes qué puede pasar. Es lastimoso que nadie garantice que los niños pobres estudien”.
UN ADIÓS PARA ITZEL Y CATALINA
Es probable que Itzel Guadalupe Pedraza Hernández, instructora en la comunidad Soledad, El Doblado, no hubiera querido salir aquella noche del 21 de diciembre, cuando su cuerpo fue a dar a los cañaverales de Rincón de Barrabás. Pasaron siete días sin que la reconocieran. La policía municipal de Córdoba no adjudicó este asesinato al crimen organizado. Lo suyo fue un feminicidio, cometido por quién sabe quién. Es probable que aquel domingo de septiembre Catalina Santos Márquez haya muerto llena de sorpresa, intentando evadir el fuego cruzado, maldiciendo las balas perdidas que le agujeraron esa pequeña camioneta en la que viajaba con dos compañeros. Es probable que haya decidido ir a Tlacotepec, municipio de Eliodoro Castillo, sólo porque le hacía falta comida y algo de despensa. Es probable que ni siquiera pensara en detenerse en El Naranjito donde hubo lluvia de balas.
Quién sabe.
Los delegados en ambos estados no sabrían nada hasta pasadas las horas. Javier Francisco Vega, delegado de CONAFE en Veracruz, suspendería las clases en la región. Lo mismo haría la delegada en Guerrero, Laura Cristina Rodríguez. Hasta ahora, lo único cierto es que estas muertes contribuyeron para que la enseñanza en las zonas marginadas de México fuera suspendida, poco a poco.
