Mediante testimonios directos de la población afectada, el informe en el que participaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), y diversas organizaciones de la sociedad civil, visibiliza el conflicto de extrema violencia por el que atraviesa esa zona desde el 2021, que tienen como origen la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, particularmente, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Amenazas, violencia física, reclutamiento forzado, desplazamiento interno, control de actividades económicas y el miedo constante en el que se encuentra sometida la población de 12 municipios de Chiapas, son sólo algunas de las afectaciones que ha provocado el conflicto interno entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de la entidad.
Un informe elaborado por organizaciones sociales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), destacó que pese a que la presencia de estas organizaciones criminales se “intensificó” tras el inicio de la denominada Guerra contra el narco, en 2006, es “hasta la segunda mitad de 2021 cuando se coloca a Chiapas por vez primera en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada”.
El informe se titula Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas. Reúne testimonios directos de pobladores en la zona de la frontera sur de Chiapas afectados por la inseguridad.
Mediante testimonios directos de la población afectada, el informe visibiliza el conflicto de extrema violencia por el que atraviesa esa zona desde el 2021, que tienen como origen la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, particularmente, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente desde el año 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local”, señala el informe.
Esta disputa entre grupos del crimen organizado ha tenido graves repercusiones entre la población de la frontera sur de Chiapas, especialmente, en 12 municipios: “La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista”, detalla el informe.
“El punto de inflexión que desata la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021, un mes después de las elecciones locales. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico”, se detalló en el informe.
“A partir de entonces, desde Frontera Comalapa, pasando por Teopisca, Tuxtla Gutiérrez, y llegando hasta San Cristóbal de Las Casas y Pantelhó, se multiplicaron los enfrentamientos, ejecuciones, y reacomodos de las plazas en la región”, se añade en el documento que se publicó el pasado mes de enero.
“En el año 2022 la violencia continuó, aumentando los reportes públicos de desapariciones y desplazamientos en la zona, así como los enfrentamientos entre los grupos criminales”, se destacó en el informe, por lo que ese mismo año, se llevó a cabo un bloqueo en la carretera federal 109 , por parte de las familias afectadas, las cuales exigieron que cesara la violencia.
“Múltiples ejidos y comunidades han quedado atrapadas en la disputa por el control del territorio, siendo objeto de actos de terror, control y agresiones, violando así el principio de distinción, y generando un entorno torturante. Familias enteras han sido despojadas de sus bienes y propiedades, y, ante el riesgo a su vida y su seguridad, se ven obligadas a desplazarse de manera forzada”, agregó en el documento.
Esto, debido a que las organizaciones criminales en disputa han desplegado “recursos propios de un conflicto armado”, entre los que se encuentran artefactos explosivos, drones artillados, explosiones y quemas de vehículos, así como enfrentamientos generalizados recurrentes, situación que limita la movilidad de la población, que también queda sometida a un miedo constante, un impedimento para realizar sus actividades cotidianas.
“Tengo una sobrina, que los seis días aguantó hambre solita, a los seis días la fui yo a sacar de su casa y tenía mucho pánico. Salió brincando, mirando a sus alrededores, y me decía si no estaban por allí los señores, le dije que no”, relató un testigo anónimo consignado en el informe.
Además, el documento señala que existe un ambiente de vigilancia permanente y desconfianza generalizada, debido a que hombres armados a bordo de vehículos patrullan calles y carreteras, mientras, también, toman fotografías de la población civil. “En las carreteras son instalados retenes de hombres armados que intimidan a las personas”, añadió.
“Esta violencia se refleja en la actual crisis humanitaria y de desplazamiento forzado interno que de junio de 2021 a la fecha, ha generado que más de 10 mil personas hayan tenido que huir de sus hogares para salvar sus vidas”, dijo por su parte Carlos Ogaz, del grupo de trabajo de la Región Frontera que componen varias organizaciones, durante la presentación del informe el pasado 13 de febrero.
Además de estos despliegues armados, los grupos criminales también han permeado en la economía de esa región, lo que en el informe denominan como economía del conflicto, la cual incluye extorsiones, secuestros, cobro de piso, control de precios de los productos agrícolas, de las rentas y de otras actividades, así como el despojo de las propiedades de la población.
Todos estas acciones se establecen mediante métodos violentos contra la población y con dos principales objetivos: uno, el de afianzar el control sobre el territorio, y, dos, el de subsanar los gastos operativos que implica la disputa entre los grupos del crimen organizado..
“Las extorsiones se han multiplicado en la región, impactando directamente en el cierre de negocios que no pueden pagar las cantidades exigidas, perdiendo los medios de sustento y agravando la precariedad, ya muy aguda en medio del conflicto”, subraya el informe del Frayba.
“A mí me extorsionaron cuando tenía el restaurante. Sabían todo de mí… cuándo estaba arribando a mi casa... Colgué. Me llegó un WhatsApp y me dijeron que estaban arribando al restaurante, que iban a correr ríos de sangre... cambié de teléfono. Hablamos con compañeros, y a todos nos estaba pasando. A veces te decían qué ropa llevabas puesta”, indicó uno de los testimonios anónimos recogidos en el informe.
“Muchas de estas prácticas, además de recaudatorias, son medidas de presión para reclutar y posicionar a la población dentro del conflicto, del lado del grupo que controla el lugar en el que le tocó vivir. Si no se adscriben y colaboran, las consecuencias son de violencia, asesinato, despojo y expulsión”, se agrega en el documento.
También se destacaron las “medidas” que utilizan los grupos criminales para ejercer dominio sobre la población, y que afectan su vida cotidiana. Por ejemplo, uno de los testimonios recogidos en el informe señaló que tras encontrarse con integrantes de uno de los cárteles ya no pudo asistir más a trabajar en su milpa, ya que éstos se lo impidieron y lo amenazaron.
“Una vez estaba regando mi milpa cuando vi a 200 metros a esta gente apuntándome con un arma (...) Sin dejar de apuntarme con el arma, me increpó: ‘qué chingados haces aquí’. ‘Vengo a regar mi maíz’, dije. Y me respondieron: ‘Ya no vengas acá. Si nos ves aquí, no vengas. Ven cuando no estemos. Vete a tu casa’”, relató.
“Pasaba el día en la casa sin hacer nada, cruzado de manos, porque ya no podía ir a trabajar. No sabía qué días iban a estar ellos para no ir, así que iba y si los veía, me volvía para la casa. Si no, estaba un rato, pero tipo 10 u 11 de la mañana, oía camioneta, apagaba todo y me volvía a la casa. No sabía qué hacer”, recordó.
Lo que buscan es “infundir miedo y duda entre la población con el fin de controlarla y de cortar su apoyo potencial al grupo antagónico”, para ello, los grupos criminales recurren a los castigos ejemplares, como la tortura, al asesinato, a la desaparición, lo que también ha provocado un desplazamiento forzado de muchas familias.
“Tenemos una cifra en el mes de junio 2021 y nov de 2023 de siete mil 500 personas desplazadas en esta región, y si hablamos de una cifra más actualizada, en el mismo periodo pero ahora llevándolo a esta fecha actual, de finales de enero, encontramos que son 10 mil desplazamientos forzados”, dijo Sandra Suaste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT), durante la presentación del informe.
“Las amenazas, extorsiones, secuestros y desapariciones de líderes y autoridades comunitarias se han convertido en un patrón de actuación de los grupos delincuenciales, que intentan someter de manera total, así como crear una zona de silenciamiento, en medio de la colusión de autoridades municipales”, señala por su parte el informe.
“Para profundizar en el miedo, los cuerpos son descuartizados y abandonados en bolsas en las puertas de su casa, visibles para la comunidad”, se subrayó en el documento, en el que se destacó que este control también se ha insertado en las instituciones sociales, el cual impacta el acceso en servicios básicos de la población y en sus dinámicas.
Por ejemplo, en materia de salud de educación, en el ámbito electoral, así como en instancias agrarias, e incluso en la dinámica de organizaciones sociales y campesinas, las que amenazan, imponen, violentan.
“Se ha ido complicando más, en la zona de riego porque hay clínicas rurales le llaman, unidades rurales de atención para la salud, y ahí todos los doctores abandonaron… no hay doctores ahorita… de los servicios de salud del Estado no hay… hasta las enfermeras se fueron porque dice que las estaban obligando a atender heridos, de los enfrentamientos que ha habido en esa zona, entonces por eso hasta los médicos se fueron”, dijo un testigo anónimo.
“En el caso del sistema educativo, con frecuencia se obliga a los y las profesoras a seguir con las actividades normales “porque todo está bien”: ‘no hay excusa para no acudir, tienen listas de nombres, hay amenaza directa… fueron a hablar directamente con los directores de las escuelas’, señaló otro testimonio.
“Cuando llegaron dejaron muy claro… ellos dijeron “aquí no queremos organizaciones, no queremos otros partidos, y no queremos candidatos, van a entrar solamente los candidatos que nosotros decimos”, recordó un testigo anónimo que recogió el informe del Frayba.
“El Estado mexicano no ha podido garantizar la gobernabilidad en estas situaciones ante la llegada de algunos grupos delincuenciales que se apoderaron de comunidades enteras”, consideró Suaste de la Red TDT durante la presentación del informe
Ante esta situación, el informe destacó que el Estado no sido capaz de frenar “la violencia y garantizar la seguridad y la integridad de las personas que habitan y recorren la región fronteriza”, pese a que se han desplegado una gran cantidad de elementos de las fuerzas armadas, quienes no hacen nada para garantizar el bienestar de la población.
“Ha habido señalamientos de que “el gobierno y la fiscalía conocen la delincuencia organizada y no actúan”, comentó un testimonio anónimo, al que se suman los señalamientos de activistas que aseguran que las fuerzas armadas están más concentrados en contener el paso de migrantes centroamericanos.
Santiago Aguirre, director del centro de derechos humanos Miguel Agustín ProJuárez, durante la presentación del informe señaló que “desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la Guerra civil, esas denuncias se acrecentaron durante 2022”, mientras que en 2023, un informe del Centro Frayba reiteró las mismas alarmas.
Por lo que exigió, desde una perspectiva de derechos humanos, que “haya una presencia integral de Estado, que garantice derechos sociales, que desarticule redes criminales y que prevenga la violencia, y no sólo se avoque a contener la migración”.
En tanto, en el informe se recomendó al Estado mexicano reconocer “la situación aguda de violencia en la región y se implementen estrategias a través de diálogos íntimos con la población local para la posibilidad de reconstrucción de los sentidos comunitarios rotos, y la desarticulación de la violencia que cubre todos los campos de lo social”.
