"En Bolivia, los procesos judiciales no se ganan por derecho y justicia, sino bajo el criterio del tráfico de influencias. El abogado que tiene lazos con el poder es el que gana el caso", denunció Cusi, durante la audiencia pública sobre Bolivia que se celebró hoy en la sede de la CIDH, en Washington.

"Si fallas en mi contra, verás lo que pasa", ese es el mensaje que el Gobierno de Morales desde la "arrogancia del poder" lanza a los jueces, aseveró Cusi que, al igual que sus colegas procesados y todos los altos magistrados del país, fue elegido en 2011 por voto popular en una inédita y polémica elección para cargos judiciales.

El magistrado Cusi, su compañera Ligia Velásquez y la jueza Soraida Chánez, que hoy no estuvo presente en la CIDH, fueron objeto en los últimos meses de un juicio político en el Senado, que resultó en la destitución del cargo de Chánez y la suspensión de Cusi, mientras que Velásquez renunció voluntariamente a su puesto.

El juicio político se llevó a cabo después de que el Gobierno denunciara a los tres magistrados del Constitucional por dejar en 2014 en suspenso una ley de notarías sin haber emitido una sentencia, tal y como exige la normativa vigente, lo que según el Ejecutivo creó un precedente que podía afectar a la seguridad jurídica y económica del país.

En ese juicio de responsabilidades, se acusó a los magistrados de adoptar "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes".

Durante la audiencia, Cusi denunció "las redes de extorsión y mafias" que se tejen desde el Ejecutivo para influir en las decisiones judiciales e "imponer su voluntad" con presiones a los jueces, que supuestamente se materializan hasta con visitas a los magistrados el día antes de la vista judicial.

Por ello, los dos exjueces del Tribunal Constitucional pidieron a la CIDH que vigile que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales, se "abstenga de medidas de presión directas e indirectas" contra los magistrados y garantice el acceso de los ciudadanos a las instituciones de Justicia.

Frente a los peticionarios, en representación de Bolivia, el procurador Héctor Arce, defendió los esfuerzos del país andino por llevar a cabo una serie de reformas, como la elección popular de los jueces, y acusó a los magistrados de tratar de buscar los favores del poder y politizar el sistema judicial.

"Sí, la justicia está en crisis, debemos identificar las razones. En Bolivia, siempre hemos tenido una justicia clasista, una justicia con índices de poca transparencia muy altos y sometida en el pasado al poder político", argumentó Arce, que defendió los cambios logrados por Morales, primer presidente indígena del país.

En su respuesta, los miembros de la CIDH recordaron que la audiencia tenía el objetivo de tratar el tema de la justicia en general y no los casos concretos de los magistrados.

"Es claro que los estados pueden libremente organizar los casos y el nombramiento de jueces y procesos disciplinarios, pero también evidentemente deben de ajustarse a estándares internacionales, refiriéndome aquí al tema de juicios de responsabilidades", señaló el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez.

En Bolivia, el tribunal parlamentario que juzgó a los tres exjueces del Constitucional estuvo formado sólo por senadores oficialistas, ya que el partido del presidente Evo Morales cuenta con mayoría tanto en el Senado como en la totalidad del Congreso.

La oposición se abstuvo de ser parte del proceso y denunció varias veces que el Gobierno quería reemplazar a estos jueces para sacar adelante en el Constitucional una ley, aprobada esta semana, para que Morales pueda perseguir la reelección en 2019 al ampliar el número de mandatos consecutivos permitidos.