El Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pidió a los alcaldes del país no lavarse las manos frente al grave problema de la inseguridad pública generada por los embates del crimen organizado.

Reunidos para analizar esta problemática, Durazo también les dijo a los presidentes municipales que sólo el 5 por ciento de los delitos que ocurren en sus territorios son de orden federal.

El funcionario federal fue enfático, directa la palabra:

“Sería muy fácil para la federación decir que es un delito del fuero común y lavarnos las manos, pero también es de tal dimensión el reto, el tamaño del problema que sería una irresponsabilidad, en virtud del carácter federal o local de los delitos, nos laváramos las manos, nadie puede lavarse las manos. Podemos lavarnos las manos, en tanto no resolvamos el problema”.

Y más:

“He planteado, además del espacio de neutralidad, asumir que la inseguridad pública, por su dimensión, es un reto que corresponde al Estado mexicano, que trasciende a los gobiernos municipales por mucho, que trasciende porque todos tienen sus propias penurias, que trasciende a los gobiernos estatales, que trasciende al gobierno federal para instalarse como una responsabilidad del Estado mexicano, que significa, que involucra a los tres poderes, a los tres poderes de gobierno y a la sociedad”.

Tiene razón Alfonso Durazo en exigir más a los alcaldes para el combate a la inseguridad, pero también es una realidad que los ediles necesitan más recursos y no sólo eso: requieren que el gobierno federal les apoye para llevar a cabo un saneamiento a fondo en todas las policías municipales, convertidas desde hace muchos años en brazos del crimen organizado.

Seguramente Durazo tiene el diagnóstico del nivel de penetración que tiene el narcotráfico –por decir lo menos –a nivel de estados y municipios: más de la mitad del territorio nacional está gobernado por alcaldes que llegaron financiados por los grupos criminales. Algunos asumieron esos compromisos voluntariamente, otros, quizá, fueron forzados.

En el peor de los casos, muchos alcaldes eran parte de algún cártel y hallaron una oportunidad de competir electoralmente y decidieron lanzarse en pos del poder político. Ahora están pagando las facturas: el crimen les exige cuotas fijas, nombrar a sicarios como jefes de la policía, les conceden libertad de operación en los territorios y les garantizan la protección oficial para que no sean perturbados en sus negocios ilegales, entre los que destacan la venta de drogas, el secuestro, la venta de protección, entre otros.

Este pernicioso fenómeno comenzó en el año 2000, después de la derrota del PRI en las elecciones presidenciales. Como el crimen ya no podía negociar con un poder absoluto –el presidente de la República –entonces comenzó a diseminarse por todos los territorios. Pactó con cuanta autoridad les garantizara impunidad y así los criminales comenzaron a controlar amplios territorios. Cooptaron a las policías y más tarde el crimen se hizo gobierno.

Actualmente, cualquier modalidad del crimen organizado gobierna un municipio a través de algún criminal o bien mediante un político aliado. Ningún partido político se salva de haber sido utilizado por algún narcopolítico para entronizarse en el poder. Ejemplos sobran en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, entre otros estados.

Hace unos días el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que más ha crecido en los últimos años, anunció toque de queda en la región de la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz. Lo hizo a través de mensajes difundidos a través de las redes sociales.

Escalofriantes resultan estas líneas:

“Toque de queda¡¡¡¡¡ Cosamaloapan, Carrillo (se refiere al municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz), Tlacotalpan, Chacaltianguis, habrá limpia de lacras”.

Y enseguida mencionan, por sus nombres y apodos, que irán tras las siguientes personas: “Tío Cornelia Gallero, Negrito Pino Gato, Jaime Coneja Reina, Oswaldo Alto Betanzos, Gapis de Carrillo, hijos de su puta madre Molina y Achichincles (se refieren a Juan Carlos Molina, líder de la CNC en Veracruz, asesinado el pasado sábado 9 en Medellín, Veracruz), póngase…ya mamó su padrino (se refieren a la muerte de Juan Carlos Molina) y firman, atentamente, Cárteles Unidos, Cártel de Sinaloa, Vieja Guardia Mayo Zambada MZ”.

Este mensaje –como muchos otros que se reproducen en todo el país –da cuenta del amplio control territorial que tienen los cárteles, imposible para un presidente municipal hacer frente a los embates del crimen sin policías preparados, sin estrategia, sin recursos financieros y sin protección.

Cuando Alfonso Durazo les pide “no lavarse las manos” frente a la inseguridad pública en realidad les pide mucho: los alcaldes no tienen opciones ni tampoco las disponen, en muchos casos, los gobernadores: siempre se han lavado las manos y, peor aún, se han dedicado a administrar el problema.

Durante el sexenio de Peña Nieto se detectó que los gobernadores asumían tres comportamientos ante el crimen organizado, lo que todavía prevalece. Era evidente que no se querían involucrar y para ellos siempre ha sido muy fácil aventarle el problema a la Federación.

Muchos gobernadores se mostraban indiferentes ante el problema; otros administraban la situación y unos más, por desgracia, terminaron vinculados con los cárteles porque esta era una forma de sobrevivir políticamente. Ahí están los casos de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernadores de Tamaulipas, actualmente presos por esos vínculos.

Cabe recordar que este problema del control territorial por parte de los cárteles puso en evidencia que desde el año 2000 los presidentes de la República ya no gobernaron en todo el país. Más de la mitad de la República mexicana empezó a ser controlada –mediante la fuerza o a través de un gobierno municipal –por el crimen organizado.

Esta situación hizo crisis en el sexenio de Felipe Calderón, a grado tal que en ese periodo gubernamental se realizaron estudios con miras a la desaparición de la figura del municipio libre, pues era evidente que ese primer peldaño del poder estaba perdido para la Federación, pues se lo había arrebatado el crimen con todo y los cuerpos de seguridad.

Y es que hoy más que nunca resulta urgente plantearse y replantearse cómo la Federación podrá recuperar esos territorios perdidos mediante lo que en Estados Unidos llamaron “La Insurgencia Criminal”.

Para el crimen organizado, el municipio representa poder, pero desde la municipalidad muchos alcaldes ligados al narcotráfico brincan a legisladores locales, más tarde saltan a legisladores federales (diputados o senadores) y luego, sin dejar los intereses criminales que representan y a los que les deben su carrera política, arriban a una gubernatura para consolidar una suerte de narcopoder o mafiocracia. Y todos se benefician, se vuelven multimillonarios, pero a ellos como políticos y criminales es a los que menos les importa que las cosas cambien.

Esta cauda de políticos ligados al crimen organizado quieren que el Estado fallido se mantenga. Este caos es el que les conviene, donde nada se resuelve y todo empeora. Su principal asidero es la corrupción, de tal suerte que mientras ellos puedan sobrevivir políticamente de esta forma no darán ningún paso para combatir a la criminalidad y siempre, como dice Alfonso Durazo, se lavarán las manos.

Ningún alcalde del país –y dudo mucho que algún gobernador lo haga –se va a enfrentar al crimen organizado. Y existen dos razones poderosas: porque representa un gran negocio para ellos y porque ligarse al crimen desde el poder es la mejor forma de sobrevivir políticamente.

Así, el problema de la inseguridad pública seguirá creciendo, generando riqueza para los políticos y otros beneficios. Es claro a que a nadie le conviene que este flagelo se resuelva. Es más, el propio Alfonso Durazo también saca provecho de su posición: en medio de este desastre nacional él aprovecha todos los reflectores para abrirse los caminos hacia la gubernatura de Sonora. Y está claro que él ni los alcaldes ni los gobernadores arriesgarán la vida por salvar a México. En este río revuelto hay muchas ganancias para los pescadores.

¿Quién pierde?

Como siempre, la sociedad.

Ricardo Ravelo

https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Rosario Piedra divide a morenistas y hasta al Comité Eureka