Una imagen consistente que los mexicanos tenemos de los presidentes de la República es que se enriquecen de forma bestial durante su mandato y de eso no ha escapado ninguno, entre ellos los dos panistas que rompieron la hegemonía priista de setenta años.

No es de extrañar, entonces, el estado generalizado de la corrupción que se vive en México, cuando desde el vórtice de la pirámide se manda la señal de que la violación de la ley y el abuso de las posiciones de poder público son la norma y no la excepción.

Esa imagen tiene hoy un refuerzo contundente como quizá no se veía desde la época de José López Portillo y su Colina del Perro, el escándalo que dio lugar a la política de Renovación Moral de Miguel de la Madrid que, por cierto, sirvió para maldita la cosa.

Se trata de la adquisición a crédito de una lujosa mansión por parte de la esposa del actual presidente, Angélica Rivero, hecha casualmente a un contratista ampliamente beneficiado por su marido en su cargo actual y en el anterior, como gobernador del Estado de México.

Durante dos siglos de vida independiente, la normalidad mexicana ha sido que quien no roba estando al frente de un cargo donde se manejan fondos públicos, o quien no trafica influencias y decisiones allí donde se tiene una posición de poder, es poco menos que un imbécil.

Las “comaladas” de millonarios forman parte del paisaje. La lección es clara: no critiques a los políticos, preocúpate por ser uno de ellos. Toda una generación de jóvenes, muchos hijos de políticos, otros amigos de ellos, se propusieron participar en la función pública no por una vocación de servicio, sino por la posibilidad de un rápido enriquecimiento.

El efecto corruptor del éxito económico de una clase política que no se caracterizó por construir un estado viable, sino por hacer carreras más redituables que las de los empresarios medianamente exitosos, con mucho menor esfuerzo y leyes aplicadas de manera laxa, ha sido absolutamente disolvente.

Hoy, en México, hacer política con éxito pasa por hacer dinero, asegurar el futuro. Se ha conformado, además, un especialidad empresarial de la mano de estos políticos, que se ofrece como el complemento ideal: el prestanombres, el que hace la arquitectura corporativa y fiscal para facilitar la corrupción, el que crea empresas de la noche a la mañana, el entrepreneur que pide las comisiones para que se asigne la obra o el contrato.

Lo que hoy se sabe de los mecanismos de la corrupción al más alto nivel, gracias a la investigación periodística encabezada por el equipo de Carmen Aristegui, lo sospechábamos todos, lo percibía el país entero y hasta lo reconocían con un grado de cinismo que quieren hacer aparecer como simpático, los propios políticos de todos los partidos.

Eso es lo relevante de un trabajo que es enormemente valioso, pero también simplemente valeroso: poner sobre la mesa que la “normalidad” no es normal. Que va en contra de las leyes más elementales a la que, por lo menos en la letra, está sujeto el Presidente de la República y todos los servidores públicos.

Sin embargo, esa no es la lectura de la clase política. Los hombres y mujeres que dirigen las instituciones que rigen al país parecen ver en la exhibición de una transacción que sería imposible de explicar para cualquier mortal, incluyendo algunos poderosos empresarios que pasarían las de Caín ante el SAT si quisieran hacerlo, solamente un improcedente agravio contra su líder político o un ataque bajo la línea de flotación que es provocada por adversarios encubiertos, externos o internos.

La solución expuesta por el PAN, a través de su presidente provisional Ricardo Anaya, de impulsar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que parecía ser bien vista por el propio Enrique Peña Nieto hasta antes del escándalo de la Casa Blanca, ahora se ve totalmente insuficiente si antes no ocurre un gesto de autocrítica, una corrección profunda de las acciones de sospecha y opacidad que tanto han ofendido a la opinión pública en los últimos tiempos: los “moches” del PAN; el financiamiento irregular del PRD y sus candidatos; la mansión presidencial y el tráfico de influencias.

No soy de los que piensan que la clase política no tiene remedio y debe irse, sobre todo por el hecho irremediable de que no hay con quien sustituirlos. Sin embargo, si creo que principales acciones que redundan en la inhabilitación pública y el linchamiento mediático del político tradicional, parten de los mismos integrantes de ese club, en tanto sigan pensando que los culpables de su desgracia son sus críticos y que no hay escándalo periodístico que dure más de una semana.

Un pacto contra la violencia o un sistema anticorrupción firmado por los mismos de siempre, con los discursos de siempre y sin acciones diferentes y comprometidas que tengan efectos inmediatos, probablemente solo le otorgue a la clase política un pequeño respiro. Pero, quizás, ya ni eso.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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