“No jodas, rafaguearon la fachada del periódico y prendieron fuego a un coche”, lo que me dijo el editor de El Siglo de Torreón hace un año. La voz del editor reflejaba una tensa calma. Recuerdo que en la conversación me confirmaba que todos en el periódico estaban bien, que no había heridos después del ataque. Desconocía el móvil del atentado. Pero tampoco le extrañaba. Sus palabras daban a entender que la descomposición del entorno hacía posible (como ha sido la constante desde hace ya más de una década) que la prensa esté bajo fuego. Un año después la tensa calma reina en esa región como en muchas otras.

La constante. La costumbre. Lo común. Nos hemos acostumbrado a ver a nuestra prensa arrinconada, con temor, miedo, desesperanza. Hemos tomado como cierto que así se vive en México. Que así se hace periodismo. Parece que nos hemos vencido ante la cerrazón e inutilidad de las autoridades. Aceptamos sin chistar que su corrupción e ineficacia son ineludibles y, perdón, casi indispensables. Que son lo que hay y nada más. Sus falsos discursos, sus salidas fáciles, sus juegos de espejos y cortinas de humo nos mantienen en este estado de indefensión e incredulidad.

El gran ausente en nuestra realidad es un Estado. Departimos con la idea que cada acto violento contra la prensa va a ir empaquetado con un moño de impunidad. Reconocemos que no hemos hecho lo suficiente para que el Estado responda y cumpla con su responsabilidad de garantizar un entorno seguro para ejercer el periodismo. El acumulo de ataques a la prensa crece mes con mes, junto con la impunidad respectiva.

Creo que después de conocer cientos de casos de violencia contra la prensa, está claro que las autoridades no pueden (o no quieren) resolver los casos. La balanza la puede y debe cambiar el recién instalado mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Dicho mecanismo debe de cambiar la realidad en términos de protección y prevención de violencia contra la prensa. En otras palabras, la intervención del Estado tiene que ser decisiva para salvaguardar nuestros derechos, para garantizar nuestra información.

Es claro que alguien (figura difusa e inexacta) gana con los ataques a la prensa. Alguien se beneficia que se deje de hablar, decir, hurgar, cuestionar a las autoridades y al quehacer público. Es claro que el estatus quo que mantienen una corrupción rampante y perenne en nuestro sistema social se beneficia con una prensa ausente. Es evidente que la prensa de las entidades federativas está bajo un fuego cruzado. La presión política de siempre y la salvaje amenaza del crimen organizado. La emergencia nacional no ha despertado la indignación ni en la sociedad, ni en los medios de comunicación ni entre colegas periodistas. Así de claro. Así de crudo. Algunas voces aisladas señalan preocupación o condena. Algunos medios simplemente publican un comunicado como una nota breve de colofón. Personas afirman que algo se ha avanzado. Hace apenas unos años ni esa nota breve era tomada por empresas informativas. Sí, tal vez algo se ha avanzado. Estúpidos si nos conformamos con eso. Al final estamos hablando de nuestras libertades. Queda claro que los grupos criminales buscan controlar o influir en las agendas informativas. Buscan menoscabar el derecho a la información de la sociedad. Pero en momentos de violencia, zozobra e incertidumbre es cuando más se necesita la información clara, veraz, independiente y confiable. Es cuando la información evidencia su verdadero talante democrático. Dejar a la prensa a la deriva, significa renunciar a nuestra democracia. A nuestros derechos. Las instituciones creadas son inefectivas, eso queda claro al revisar sus contenidos. Ahí no hay sorpresa. El tema debe de ser cómo cortar el ciclo de impunidad e ineficacia. Las apuestas están en las nuevas instituciones.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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