Ya desde la creación de la Secretaría de Seguridad y particularmente desde la designación de Genaro García Luna al frente de la misma, diversas investigaciones periodísticas han revelado el preocupante nexo entre la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y la realización de pingües negocios con el pretexto de la mejora tecnológica de los cuerpos de seguridad pública.

La creación de Plataforma México, la base de datos que comparten las corporaciones federales y estatales, desató una guerra entre proveedores por quedarse con algunos de los multimillonarios contratos, que nada le pidió a la ferocidad con la que se enfrentan los cárteles de la delincuencia organizada.

Hoy, a una escala mucho menor pero no por ello de forma menos preocupante, en las entidades estatales y en los municipios se observa la reproducción de ese esquema perverso que utiliza una legítima preocupación social para dar lugar a inversiones que gozan de discrecionalidad y que alcanzan cifras escandalosas: el paraíso de cualquier burócrata corrupto y de muchos contratistas inescrupulosos.

La llegada de la administración priista encabezada por Bárbara Botello al municipio de León, tras un cuarto de siglo de gobiernos panistas, ha empezado a abrir una serie de escándalos en esta materia que evidencian porque no se avanza en materia de combate al crimen organizado.

Fondos de Subsemun y del municipio por 40 millones de pesos fueron aplicados en León para la compra de cámaras de vigilancia, lectores de placas vehiculares y localizadores satelitales para las patrullas de la policía. Además, la dirección de seguridad destina una renta mensual para el pago de los servicios de rastreo y el almacenamiento en un banco de datos que es propiedad del proveedor.

A decir de las nuevas autoridades policiacas, encabezadas por un general divisionario, Miguel Pizarro Arzate, la mayor parte de estos equipos se encuentran inservibles; los que funcionan no aportan nada por la carencia de bases de datos confiables y, el dinero invertido por el municipio en compra de equipo y renta de servicios, prácticamente se ha tirado a la basura.

La empresa que proveyó esta infraestructura se llama Portoss y es propiedad de un cuñado de la que fuera regidora panista en esa administración, Lucía Sánchez Junquera, por si algo faltara.

Eso no es todo. La rigurosidad no pareció ser el criterio para elegir a los proveedores. Otra compra de equipo y de servicios de capacitación para conformar una fuerza de reacción rápida en la policía municipal, se concretó con una empresa que tenía apenas un año de integrada, Cinco G Consultores, a un costo de 13 millones de pesos.

Sin embargo, aquí el favoritismo no se dio entre panistas. Esta otra empresa es propiedad de un militante priista, tesorero de la campaña de Juan Ignacio Torres Landa y hoy tesorero en la misma administración de Bárbara Botello: Roberto Pesquera Vargas.

Tras esta aplicación de recursos, la policía de León no es hoy más eficaz, no está mejor preparada y no ha abatido en un ápice los índices de delincuencia común, mientras en el panorama empiezan a darse con mayor frecuencia las ejecuciones sumarias típicas del crimen organizado.

Los protocolos de la policía de León, por cierto, pudieron conocerse a nivel nacional luego de la artera represión a la que sometieron a los aficionados del club de futbol Tigres de la Universidad de Nuevo León, cuyas imágenes se transmitieron a  nivel nacional en programas deportivos y en los noticieros de prime time del país.

Este antecedente preocupa sobre todo ahora que el gobierno panista de Miguel Márquez, con apenas mes y medio de vida, ya anuncio que su principal programa de gobierno será el reforzamiento de la seguridad con la compra de equipos de vigilancia y de monitoreo por la cantidad de dos mil millones de pesos.

Se trata, además de dinero que el estado no tiene y que ya busca en apoyos especiales de la Federación e, incluso, de la Iniciativa Mérida, como se evidenció cuando el mandatario panista acudió a Washington en una visita de cortesía a Janet Napolitano, la Secretaría de Seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ante tanto esfuerzo y tan pobres resultados, resulta obligado preguntar si no sería necesario empezar por cosas más básicas que no requieren tecnología de punta y tampoco resultan onerosas, por lo menos no tanto, como la depuración de las corporaciones policiales de aquellos elementos abiertamente nocivos.

A final de cuentas, incluso el aparato más sofisticado tiende a no servir de mucho cuando es operado por un servidor público que tiene prioridades diferentes a las de servir a la sociedad.

En esta, como en otras materias en este país, haría falta regresar a lo básico.

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Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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