Sé que las cosas no mejorarán en México y no es una cuestión de optimismo. Lo afirmo porque veo diariamente cómo quienes detentan el poder político se niegan a escuchar. O tal vez, más grave aún, sí escuchan pero se niegan a tomar las medidas necesarias para cambiar el rumbo. Su ruta está trazada y su preocupación es administrar la pobreza, el enojo, la impunidad y la falta de oportunidades. Carecen del más mínimo aliento para cambiar. Así como están las cosas está bien para ellos. Combatir violaciones graves a los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura, homicidios cometidos como castigo ejemplar no es su prioridad, sobre todo cuando se trata de que el Estado investigue a sus propios agentes.

Hace unos días la portada de La Jornada estuvo dedicada —irresponsablemente— a las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Las ocho columnas fueron aterradoras, y no lo digo por la pobre calidad periodística, sino porque parecía una portada de décadas atrás: “Los expertos de la CIDH, sin poder en México: Cienfuegos”. Lo dicho por el militar expresa con toda claridad que dentro del gobierno sí existe el grupo duro que busca blindar la impunidad por darle cobijo a los suyos, a los agentes del Estado que cometen violaciones graves. El escrutinio internacional les parece invasivo para con nuestra vapuleada soberanía.

El peligro es que, ante más evidencias de que en México tenemos una grave crisis de derechos humanos, el grupo duro adquiere un mayor poder en la toma de decisiones. Su  objetivo es blindar al Presidente mediante ataques frontales a los representantes de la comunidad internacional. Hay gente en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de la Defensa, en la Consejería Jurídica de la Presidencia y en la Secretaría de la Marina que son golpeadores profesionales, no negociadores diplomáticos. Su fortaleza se funda en el mazo, en la desinformación, el ataque, el desprestigio, sin importar si las afirmaciones de instituciones como la CIDH tienen sustento en una verdad innegable. Los negociadores dentro del gobierno están perdiendo terreno porque se les terminan sus argumentos para explicar porqué no podemos cambiar la realidad. Es ahí donde los duros toman fuerza para “defender” al país de los intrusos que atentan contra nuestra soberanía nacional. Esta posición —por demás retrógrada— se sostiene sobre la equivocada noción de que la impunidad y la violencia son asuntos internos y solamente los mexicanos podemos hablar de éstos. Una vez más, situaciones que pensamos que habían quedado atrás en la historia.

En dos semanas vinieron a México dos visitas internacionales de alto nivel: el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El diagnóstico de ambos fue tenaz y congruente: en México hay una grave crisis de derechos humanos. Los señalamientos no dejaron duda de que las cosas en nuestro país no andan bien. Mientras el gobierno mexicano presumía que los grandes avances pueden encontrarse en el ámbito legislativo, las entidades internacionales afirmaban que las violaciones a los derechos humanos tienen un carácter generalizado y sistemático. Y, ante esta realidad, la respuesta gubernamental es no sólo ineficiente, sino una vuelta a lo peor del pasado.

El diario El Universal, al final de la visita del representante del Alto Comisionado, le otorgó a ésta también un espacio en primera plana. No era para menos, según mi criterio. El titular de la nota decía: “Gobierno, comprometido con los derechos humanos: Peña”. Sin duda el texto de la nota era para enarbolar las declaraciones presidenciales. Está bien, estamos acostumbrados a ellos. Sin embargo, si tuviera la oportunidad de preguntarle a los editores por qué decidieron poner ese título, lo haría, toda vez que habiendo leído el discurso del Alto Comisionado puedo encontrar muchos aspectos de interés público que el funcionario internacional señaló. No es fortuito que muchos medios de comunicación hayan seguido el camino de El Universal. Ante los embates de las Naciones Unidas, el criterio periodístico fue suplantado por el quehacer político de defensa de nuestro país. Más vale recalcar las declaraciones presidenciales, vacías de todo contenido, que darle especio a voces autorizadas que elaboran una crítica basada en el derecho internacional el cual México defiende tan vehementemente, en otras ocasiones. Las audiencias perdieron su lugar en los diarios porque algunos medios optaron por debilitar lo que afirmó el máximo representante de la ONU en materia de derechos humanos.

Hubo medios que omitieron frases importantísimas por parte del Alto Comisionado, algunos como: “…muchas personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora —y congruente— de una sociedad afligida por elevados índices de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos; por el continuo acoso a defensores de los derechos humanos y periodistas, por la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos”. Asimismo, de manera responsable, el funcionario internacional defendió los hallazgos preliminares de la cidh —ante los ataques del gobierno mexicano—: “No quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al final de su vista a México. Sin embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos internaciones de derechos humanos de la ONU que recientemente han visitado o informado sobre la situación en México”.

Es una vergüenza la actitud del gobierno mexicano ante los señalamientos recientes. Sus oídos sordos simplemente irán aislando a México de un mecanismo de rendición de cuentas internacional. Si el grupo de los duros —que se atreven a confrontar groseramente los mecanismos internacionales— tiene mayor poder, el peligro es inminente. Su gran fuerza es la manipulación de la realidad sin intención alguna de cambiarla. Prefieren denostar a los expertos valiéndose de cualquier argumento tonto que aceptar que tenemos un problema. Los tiempos han cambiado y es imperativo que México siga abierto al continuo escrutinio internacional por más que el Secretario de la Defensa o el abogado de la presidencia se empeñen en otra cosa.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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