Síntesis y adiciones a la conferencia sustentada en el centro David Rockefeller de la Universidad de Harvard y ante “Diálogos Latinoamericanos” y el Centro de estudios W. Wilson de Washington DC, los días 7 y 9 de octubre de 2013.
Conclusión a manera de introducción
En Juárez vivimos octubre de 2013, hemos cerrado otro ciclo de gobierno municipal, y el gobierno estatal ha cruzado la mitad de su ejercicio, mientras el régimen federal empieza a estabilizarse en sus dependencias en la región.
Erróneamente, el nuevo gobierno federal ha creído que Juárez es un caso cerrado y que pueden olvidarse del apoyo federal indispensable para transitar a la justicia y a la previsión de otra guerra.
Con una inusitada intervención ciudadana desde la mesa de seguridad, hemos superado algunos de los grandes problemas de seguridad, La policía es controlada por los gobernantes y hay infiltraciones de la delincuencia. Antes era controlada por la delincuencia, pero seguimos con tasas muy altas de criminalidad: 43 homicidios por mes son las mismas cantidades de homicidios que iniciaron la escalada de violencia criminal en febrero de 2008. Y ha vuelto la inseguridad al Valle de Juárez.
Estamos muy lejos de transitar hacia el Estado de Derecho. El restablecimiento de los derechos humanos como práctica de todas las autoridades es una quimera inalcanzada pero posible.
El sistema de enjuiciamiento penal es una pesadilla dolorosa, muy lejos de las ofertas que se hicieron a su establecimiento, se han reformado 182 artículos de los códigos en materia penal, todas ellas cancelando garantías de certeza jurídica para los procesados. Y siguen las resistencias del gobierno a la participación ciudadana y a la transparencia.
Debemos caminar hacia el Estado de Derecho y en ese sentido el papel de los investigadores que impulsan transformaciones hacia la justicia (transition to justice) es un importante auxilio para nuestra ciudad.
La conferencia
Gracias a Alejandra Cullen y Patricia Villarreal que facilitaron mi presencia aquí
La noche del 31 de enero de 2010 en Villas de Salvarcar, un barrio de Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo armado irrumpió en una fiesta de jovencitos: asesinó a 16 jóvenes y dejó heridos a 12. El Presidente Calderón, quien todavía creía que se trataba de una guerra contra los malos, y que cualquier muerto que no trajera uniforme era “bien muerto”, declaró en Japón que los ejecutados eran pandilleros. Y se le vino el mundo encima…
Se vio obligado a venir a Juárez a disculparse con los familiares de los muertos, pero una valiente mujer lo enfrentó ante todas las cámara del país que trasmitían las bondades de Calderón y le dijo con voz pausada pero muy, muy firme: “Usted no es bienvenido, señor Presidente. He perdido a mis dos hijos que era lo único que tenía y usted dijo que eran pandilleros… Ellos eran estudiantes… usted no va a hacer justicia, porque no son sus hijos… Le repito: usted no es bienvenido a Juárez… Haga algo por Juárez”.
En el vídeo, se advierte a un Calderón impresionado, atónito. Parece tener un insigth. Pero, ¿por qué se llegó a este extremo?
De enero de 2008 a diciembre de 2010: de 200 homicidios anuales llegamos hasta 3,150; de dos a tres secuestros anuales nos fuimos a 250; de unas dos a cinco extorsiones a negocios aquello reventó hasta un estimado de dos mil (más de mil veces); los robos de autos con violencia, se fueron de unos 10 a más de 500 mensuales.
La impunidad fue la pareja ideal de los asesinos. En esos tres años –2008,2009 y 2010– se ejecutaron 7,450 homicidios dolosos, la Procuraduría reportó 281 homicidas detenidos de los cuales fueron liberados 135 por lo que dejó en prisión a 146 homicidas. El dos por ciento, sólo dos de cada cien homicidas fueron procesados.
En abril del 2010, el futuro se veía totalmente incierto, y miles de familias abandonaron la ciudad. Más de 100 mil casas abandonadas, de 300 mil construidas en la ciudad. Más de 100 naves industriales solas, y fraccionamientos habitacionales que nadie ocupa, miles de negocios cerrados. ¿Cómo llegó Ciudad Juárez hasta allí?, es una de las preguntas más inquietantes.
Los denominadores comunes los ubico en un coctel de geografía, explotación, negocios y política juntos”, y ese coctel se llama corrupción, impunidad e injusticia. Todo mundo ha explotado a quien ha podido, y ha hecho política y negocios al mismo tiempo y sin escrúpulo alguno. A la voz de business are business, no interesa si el negocio es legal o ilegal, mientras produzca ganancias.
El proceso de descomposición de Ciudad Juárez se aceleró desde los primeros 80’s, cuando la Policía Política –la Dirección Federal de Seguridad–. Terminó con los guerrilleros de los 70’s y quedó con una enorme fuerza e impunidad. El director regional se convirtió en el primer gran jefe de narcotraficantes con enlaces internacionales; su nombre: Rafael Aguilar.
Al mismo tiempo se da el gran crecimiento de la industria maquiladora y la ciudad creció sin control. Mexicanos muy laboriosos y esforzados, que se han forjado en la cultura del trabajo y el comercio lo que da a esta ciudad un dinamismo superior al de otras grandes poblaciones del país. Ganando un promedio de 50 dólares por semana más comida y transporte a la fábrica.
Así llegó el fatídico 2007-2008. El último Director de Policía resultó ser un destacado traficante y un comandante de la Policía Investigadora, el jefe de los sicarios del cártel regional. Los 30 mandos superiores o de segundo nivel de la organización delictiva que controlaba la ciudad. Integrantes de “La Línea”, brazo armado del cártel de Carrillo Fuentes, eran al mismo tiempo jefes de grupo o de unidades de investigación de la policía municipal o detectives de investigación del Estado.
“La Línea” era la empresa que ocupaba directa o indirectamente más trabajadores. Se calcula que entre los grandes patrones y los vendedores de calle tenían una nomina cercana a las 15 mil personas. Todos cometiendo delitos federales. La policía no estaba infiltrada, estaba controlada por los delincuentes. Y los delincuentes con uniforme de policía habían establecido una “extraña paz”.
De 1993 a 2006, el índice de homicidios era de unos de 15 a 18 por cada 100 mil habitantes, una cifra alta pero tolerable –el doble que en la Ciudad de México–. No había prácticamente secuestros, ni extorsiones a negocios ni car jackings. Eugenia Suárez, en una investigación patrocinada por USAID señala que: “… durante el período 1996–2006, el número de homicidios intencionales se había mantenido estable en un promedio de 18 asesinatos al mes”.
Mando militar
En enero y febrero de 2008, los homicidios se elevaron hasta un promedio de 45. Sonó la alarma, llegaron los militares con los generales Juárez y Espitia al frente. Se suspendieron las garantías individuales en esta ciudad y terminaron de romper el equilibrio de fuerzas que se había tejido por años.
El Ejercito lo hacía todo, hasta conducir el transito. Los crímenes crecieron hasta un promedio de 156 homicidios por mes. Imagínense, de 18 a 156, era un caos. La procuración de justicia colapsó, como ya lo vimos. Las autoridades militares y políticas siguieron con la perspectiva inicial de hacer respetar la vida, sólo beneficiaba a quienes aparecieran como honorables.
Aquello fue un fracaso operativo y moral, además de sembrar la sensación de que resultaría imposible recuperarse de aquella situación; y el título para Juárez de “la mejor frontera de México” se sustituyó por “la ciudad más violenta del mundo”.
Mando civil
Muchas voces nos sumamos a exigir que se sustituyera el mando militar por un mando civil y en abril de 2010 sucedió: se fue el Ejército, y llego la policía federal, bajo la responsabilidad del más alto mando operativo del país, Facundo Rosas. Pero había que reconstruir casi todo, no era cuestión sólo de cambiar de mando.
La mesa de seguridad
Había que iniciar un proceso de contención de la violencia. Además, debíamos establecer un mecanismo de rendición de cuentas y seguimiento de las acciones gubernamentales para abatir la violencia. Y para eso, en febrero de 2010, se formó la “mesa de seguridad”, un grupo de unos 30 ciudadanos, académicos, empresarios, líderes gremiales, conocedores en materia de seguridad, líderes sociales y frente a nosotros las autoridades federales, estatales y municipales.
En abril se inició un trabajo sistemático, proponiéndose, por los ciudadanos a lo largo de los trabajos, las bases del esfuerzo conjunto de todas las corporaciones policíacas, con un sistema de seguimiento estadístico por la parte civil.
Lograr el trabajo conjunto de las corporaciones policiacas estatales y federales en una ciudad mexicana suena a misión imposible y nosotros lo logramos, y aquí fue fundamental el apoyo del Presidente Calderón, y la voluntad del Gobernador y del Fiscal en Ciudad Juárez.
La Policía Federal concentró sus embestidas fundamentalmente contra los cuadros medios de los cárteles (sicarios ejecutores, distribuidores de droga, almacenistas de armas, secuestradores, vendedores de mayoreo y así por el estilo). Pero fue sistemática en su enfoque a la estructura de los cárteles. Para mi gusto más efectivo contra el Cártel de Juárez que contra el Cártel de Sinaloa, pero dio golpes significativos a ambos bandos. Y La Fiscalía Estatal fue aplicando poco a poco la ley; enjuiciando cada vez a más homicidas, extorsionadores y destruyendo las bandas de secuestradores.
En marzo de 2011 empezó a rendir frutos la estrategia de la Policía Federal, la Fiscalía del estado y la mesa de seguridad. Los cárteles empezaron a perder fuerza, por fin vimos actuar juntos y con cierta eficacia a los policías federales y estatales. Además la PGR aumentó de tres a 40 el número de fiscales, un equipo de forenses importante y más de 100 detectives trabajando en los delitos federales.
Cada vez era más evidente el debilitamiento de las estructuras de los cárteles en Juárez. Los detenidos con armas empezaron a ser en su mayoría jóvenes inexpertos. Es necesario subrayar que la cantidad de ejecuciones y asesinatos con tintes de extinción diezmó las fuerzas operativas de las bandas en pugna, se quedaron sin ejército y también se redujo el número de objetivos a ejecutar. Cada día había menos armas y menos ejecutables. Y eso da una reducción natural, aritmética.
En 2010 hubo un promedio de 262.5 homicidios por mes. En enero y febrero hubo un promedio de 268. De marzo a julio, tuvimos un promedio de 165. En agosto hubo una masacre en el penal y elevo las cifras. De septiembre a octubre fue de 130. En octubre se retiró la Policía Federal y asumió el mando la Policía Municipal al mando del Teniente Coronel Julián Leyzaola, quien ya venía operando con cierta independencia en campo desde julio de ese año.
Finalmente todo el año 2011 cerró con 1,800 homicidios. Apenas arriba del 2008. Una taza de 140 homicidios por cien mil habitantes por año. Altísima, pero 100 menos que el año anterior. También la eficacia en procuración de justicia empezó a mejorar, de esos homicidios procesaron a 189 asesinos, un promedio del 10%, nueve veces la eficacia del año anterior.
Para 2012, los fiscales estatales y federales acompañados de la mesa de seguridad, siguieron haciendo el esfuerzo extra y se logró que los promedios de homicidios bajaran hasta una taza de 50 por 100 mil habitantes. La Policía Municipal seguía operando con relativa autonomía, y con un alto índice de violaciones a los derechos humanos, situación gravísima que se asemejó a los días del despliegue militar. Llegaron a detener en el 2012 a 140 mil juarenses, más del 10% de la población.
En 2012 el número de homicidios llegó a 867, es decir una taza de 66 homicidios por 100 mil habitantes, y la eficacia de procuración de justicia rebaso el 20%. En 2013, seguimos bajando hasta el mes de abril, llegando a sólo 28 homicidios en ese mes. Pero de mayo para acá se ha vuelto a incrementar el número de homicidios y tenemos ya un promedio de 43 homicidios por mes en estos últimos meses, además de una horrible masacre que se dio en un pueblo cercano llamado Loma Blanca, donde el domingo 22 de septiembre asesinaron masivamente a 10 personas entre las cuales estaba una niña y dos amas de casa.
Y… los derechos humanos
Durante la intervención militar se suspendieron las garantías individuales, se cometieron miles de violaciones individuales a los derechos humanos, hubo total opacidad y complicidades de las autoridades, incluyendo los Congresos de la Unión y del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En 2009, pudimos documentar los abusos, y entre la oficina de la CEDH y una oficina de quejas del municipio recibimos 1,250 en total, incluyendo desde abusos menores hasta desapariciones forzadas y homicidios. Solamente en el sistema de justicia militar se abrieron 465 expedientes con delitos comprobados. Los militares no aceptaron ningún tipo de control de abusos, era un estado de sitio fáctico. Están pendientes las sanciones correspondientes.
Durante la intervención de la Policía Federal se dieron menos abusos numéricamente, pero más dañinos y dolosos contra la población. Aunque sí se establecieron sistemas de control: una oficina de la mesa de seguridad; el Centro de Confianza Ciudadana; y la oficina de asuntos internos de la Policía Federal.
Trabajando en coordinación se levantaron más de 200 investigaciones administrativas, causando baja algunos cientos de policías federales. Se abrieron 89 procesos penales con orden de aprensión o detención en flagrancia, se continuo el proceso contra 48 elementos y se van obteniendo sentencias condenatorias entre seis, 20 y 25 años de prisión, según la gravedad de los delitos cometidos. Dígase lo que se diga, con la Policía Federal tuvimos más transparencia y más control, aunque sí quedaron varios casos pendientes, algunos por homicidio o violación y seguimos insistiendo.
El trabajo de la Fiscalía del Estado está plagado de violaciones a los derechos humanos. Durante la investigación de los equipos especiales, antisecuestros y anti extorsiones, el Centro de Confianza Ciudadana intervino diariamente en el frenado de las violaciones en caliente, mediante un sistema muy interesante de interacción defensores-policías.
Pero además hay más de 100 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos agotadas y listas, muchas para recomendación. El uso de la tortura por los militares, reincorporó a la práctica de los cuerpos policiacos ese sistema de investigación casi eliminado por las corporaciones policiaca hasta 2007. Se necesita aplicar la Ley Anti-tortura a la mayor brevedad.
Las prácticas de la Policía Municipal de junio 2011 a octubre 2013, rebasan todo grado de tolerancia por la ciudadanía. Fueron miles de casos de violaciones a los derechos humanos, y sobre todo que el señor Leyzaola no aceptó ningún tipo de control de las conductas de sus subordinados, ni funcionó la oficina de Asuntos Internos, de tal suerte que los policías se convirtieron para muchos ciudadanos en verdaderos enemigos.
