En redes sociales no hay día que Joaquín López Dóriga reciba más insultos que felicitaciones, como muchos otros comunicadores, por sus opiniones o su trabajo periodístico. Es el “precio de la fama”, se dirá, y el ocupar la silla del noticiario más visto en la televisión, producido por el conglomerado mediático más influyente en México.

Pero lo que no vemos todos los días es que alguien haya pasado del calificativo a la acción legal. Y no ocurre con frecuencia porque, en efecto, hay periodistas y medios de comunicación que parecen intocables. Confrontarse con quien tiene influencia, recursos y capacidad para incidir en la opinión pública parece una batalla perdida, incluso para quien tiene dinero, mucho dinero, o poder político.

Como es de sobra conocido, hace algunos días la empresaria María Asunción Aramburuzabala denunció pública y penalmente a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de López Dóriga, quien a través de su abogado exigió cinco millones de dólares a cambio de no parar un desarrollo inmobiliario ubicado en Rubén Darío 225, en Polanco.

El periódico Reforma (21 de agosto de 2015) reveló que en la acción penal también se denuncia la amenaza de Pérez Romo en el sentido de que en caso de no cumplir con su exigencia se utilizaría la fuerza periodística de López Dóriga y sus relaciones con funcionarios del Gobierno del Distrito Federal.

Días después, entrevistada por el periodista Jenaro Villamil (Proceso, 30 de agosto 2015) Aramburuzabala reitera que López Dóriga intentó amedrentarla. “Al rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria le repite a Proceso el mensaje que le envió a López Dóriga: ‘No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería’”.

En Twitter López Dóriga ha negado los hechos: “Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco”. En otro tuit dijo: “Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo.”

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¿A quién creerle? ¿A la empresaria o al periodista? No faltarán las encuestas, pero en un país donde las percepciones (más que los hechos) construyen la opinión pública, Aramburuzabala podría salir mejor librada que López Dóriga. ¿Qué tanto? Difícil saberlo porque mucho dependerá de los resultados de la denuncia penal –que podría postergarse por meses o años- y su estrategia comunicacional.

Partamos de algo: en México el nivel de confianza hacia la televisión y los empresarios es bajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012. En una escala del 1 al 10, los empresarios están reprobados con 4.7, apenas por arriba de los sindicatos, los senadores, los diputados, los partidos políticos y la policía, mientras que la televisión pasa de panzazo, con 6.1.

Como instituciones, ni los medios ni los empresarios son tan confiables para la ciudadanía, pero ¿y si hablamos de personas?

A diferencia de muchos personajes y periodistas, la presidenta y directora general de Tresalia Capital ha estado lejos del escándalo y la polémica. De acuerdo con Forbes, es una mujer “siempre discreta y con un bajo perfil”. Es considerada la mujer más poderosa de México y de una de las más adineradas del mundo. “Su riqueza se incrementó de 5,000 millones de dólares (mdd) en 2013 a 5,600 mdd este año, con lo que ocupa el puesto número 6 de la lista Forbes de los mexicanos más ricos en 2015 y el 265 a nivel global”.

Para un personaje de “bajo perfil” salir a los medios para denunciar una extorsión debió ser una decisión difícil, pero asumió el riesgo. Por algo será.

Por su parte, López Dóriga, gracias a la cobertura nacional del canal 2 de Televisa, es el comunicador más conocido en México, pero no el que tiene mejor imagen. De acuerdo con una encuesta reciente de Parametría, Adela Micha y Javier Alatorre lo superan en opinión positiva. López Dóriga estaría en tercer lugar, pero sus niveles de aceptación, como los de la mayoría de los comunicadores en el país, van a la baja.

Dice Parametría: “La opinión que tiene la población de Joaquín López Dóriga, pese a que presenta una mejoría respecto a lo registrado en enero de 2015, cuando surgió la controversia con los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, no ha llegado a los niveles registrados en 2011, cuando su opinión efectiva llegó a un máximo 87%”.

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Sin entrar al fondo del asunto, Televisa mostró su apoyo total a su periodista. A través de un comunicado dijo que el conflicto vecinal en Polanco “ha carecido de interés periodístico” y que “se trata de un tema entre particulares que se encuentra pendiente de resolución en tribunales del Distrito Federal. Este tema no ha sido tratado en nuestros espacios informativos ni en el que conduce Joaquín López Dóriga ni en ningún otro”.

Noticieros Televisa manifestó que confía “plenamente” en López Dóriga y reiteró “su respaldo frente a una más de las dolosas notas de Reforma en contra de Televisa y sus colaboradores”.

Interesante la postura por varias razones. La primera, por lo que dijo Aramburuzabala a Jenaro Villamil: ella tuvo un encuentro con Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, y éste se comprometió a no tomar parte en el conflicto. Desde el momento en el que autorizó la difusión del comunicado, tomó partido. Recuérdese que durante años, Aramburuzabala fue integrante del Consejo de Administración de Televisa, pero en 2006 dejó de serlo.

 

La segunda, es que el comunicado centra la denuncia de la empresaria a un conflicto entre particulares (¿dónde hemos escuchado eso?) y un “pleito” entre Reforma y Televisa, con el fin de subestimar el fondo de la acusación y colocar a Aramburuzabala como una pieza de los intereses “extraperiodísticos (hubo “dolo” en la información, se afirma) del medio impreso.

¿Qué necesidad tendría Aramburuzabala de “hacerle el juego” a Reforma? Aparentemente ninguno, salvo la intención de que la sociedad sepa lo que estaría detrás de un caso de extorsión, en el que se ha involucrado ni más ni menos que el periodista más conocido de México. No es poca cosa.

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Pese a ser un hombre leal al PRI y al sistema presidencialista durante su permanencia en Televisa, al periodista Jacobo Zabludovsky en sus casi tres décadas al frente del noticiario 24 Horas no se le recuerda una acusación como la que ahora enfrenta López Dóriga. Ni a otro comunicador tan influyente como él.

Sin embargo, Televisa parece no estar preocupada. Cuando se tiene tanto poder y relaciones, de poco importa la acusación de la mujer más poderosa (y quizás una de las empresarias con mayor credibilidad en México) ni el rumbo que tomen las investigaciones en los juzgados capitalinos. Es una carta firmada en blanco a favor de su periodista estrella.

Los directivos de Televisa deben creer que el caso Aramburuzabala está sólo en la agenda del llamado “círculo rojo” y los críticos de la empresa. Y tienen razón. ¿Cuántos medios de comunicación en el país habrán difundido la denuncia y de qué manera? Por las relaciones de Televisa con la industria de la radiodifusión y los medios impresos, puede anticiparse que muy pocos. Por lo tanto, no muchos mexicanos se habrán enterado del asunto y a eso le apuesta la televisora: a su limitada repercusión y al olvido.

Sin embargo, más allá de los resultados de la investigación para llegar a la “verdad histórica” (ya sabemos cómo operan las cosas en nuestro sistema judicial), estamos frente a un caso muy delicado de ética periodística, no muy lejano de las “escuchas” prohibidas del diario británico The Sun, de la agresión de la periodista Petra László a migrantes que intentaban escapar de una redada de la policía en Hungría o del periodista Jack Kelley, corresponsal estrella de USA Today, obligado a renunciar por dudas sobre la veracidad de sus artículos.

En un medio de comunicación con elevados estándares deontológicos, preocupado día con día por la imagen y credibilidad de sus espacios informativos, un caso así se habría convertido en un escándalo y ya se habría iniciado, de menos, una investigación ética interna, a cargo de un consejo profesional e independiente. O el periodista señalado habría propuesto a su medio que se analizara su situación (el que nada debe nada teme) para no poner en duda la honestidad de su trabajo periodístico frente a su audiencia. Pero en México eso casi no ocurre. La autorregulación es prácticamente inexistente y en muchas ocasiones el periodista actúa en función de los intereses y el aval del propietario del medio.

Lo que ocurre con López Dóriga y Televisa o lo que sucedió en MVS con Carmen Aristegui y su equipo, es una expresión de la crisis que viven algunos medios de comunicación y de las oportunidades que se les ofrecen para insertarse en el cambio democrático que se impulsa desde la sociedad y recuperar credibilidad, imagen positiva y audiencias, pero desafortunadamente muy pocos las aprovechan.

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