El municipio de León, el más importante de Guanajuato por concentrar la cuarta parte de la población del estado y buena parte de su actividad económica, se convirtió en emblema de la recuperación priista de la pasada elección, por haber sido arrebatado al PAN, después de 24 años ininterrumpidos de ejercicio del poder.

Además, el triunfo de la oposición a través de una coalición PRI-PVEM, fue obtenido bajo el liderazgo de una mujer, Bárbara Botello, quien se convirtió en la primera en gobernar una ciudad conocida por su conservadurismo.

Tanto la alternancia partidista como la de género permitían alentar expectativas favorables sobre un cambio de paradigma en la forma de ejercer el poder en este municipio.

Sin embargo, a menos de un año de ejercicio del nuevo gobierno, la ilusión de un electorado conformado por el disminuido voto priista, un voto panista desilusionado con el desgaste de este partido y la llegada de nuevos votantes en búsqueda de opciones diferentes, se ha topado con la vieja proclividad priista a la simulación y el autoritarismo.

El primer problema ha surgido en uno de los ámbitos más sensibles: el de la seguridad pública. No obstante haber sido uno de los principales ejes de la campaña contestataria y crítica de la candidata priista en contra de las deficiencias del PAN, cuando tomó posesión no tenía una estrategia para hacer frente al tema de la seguridad.

Ante la carencia de plan y de propuesta, Bárbara Botello debió de contratar a dos ex funcionarios de las administraciones panistas a las que criticó acremente: su Secretario de Seguridad es el General Miguel Pizarro Arzate, quien ocupó el mismo cargo durante el gobierno estatal de Juan Manuel Oliva; y su jefe de policía es Javier Aguilera Candelas, ex director de verificación normativa en el gobierno de Ricardo Sheffield, último alcalde panista de León.

Las designaciones no han funcionado. El problema de seguridad se ha disparado en León y prácticamente todos los índices de incidencia delictiva en la ciudad se han elevado en un 40 por ciento, en comparación con el año anterior.

Ante las consecuentes críticas, que provienen de la población, de los medios y también del PAN, ahora en la oposición, la administración priista ha tomado dos actitudes: la primera de ellas ha sido la de solicitar al gobierno de Miguel Márquez que no se hagan públicos los índices de incidencia delictiva, bajo el argumento de que “politizan” el tema de la seguridad; la segunda reacción ha sido la de tomar represalias administrativos en contra de los críticos.

Así, las áreas de desarrollo urbano y de verificación normativa del municipio han levantado clausuras en las últimas semanas en contra de la empresa de transporte Castores, de la que es accionista el Diputado federal panista Juan Carlos Muñoz, quien ha hecho reiterados señalamientos sobre el problema de la seguridad en León; así como en contra de una casa de gestión y despacho de la ex secretaria del ayuntamiento Mayra Enríquez, otra puntual crítica de las fallas de la nueva administración.

En una ciudad donde el propio Director de Desarrollo Urbano ha reconocido que existe un incumplimiento hasta del 80 por ciento en el respeto a los ordenamientos en materia de uso de suelo, resulta altamente sospechoso que las primeras acciones sancionadoras se dirijan no contra antros y expendios de alcohol que proliferan en toda la ciudad, sino contra establecimientos de dos de sus opositores políticos.

Así, mientras por una parte se busca esconder las cifras del alza de la actividad criminal y por la otra se emplea el garrote contra los críticos, la nueva administración priista de León no escatima recursos en su proyección nacional, como se vio con la organización de la reunión anual de municipios de México, realizada el mes de mayo pasado a un costo de más de 10 millones de pesos para las arcas locales, y donde se contó con la presencia de Enrique Peña Nieto.

A cambio, la Alcaldesa Botello obtuvo la presidencia de la priista Federación Nacional  de Municipios de México, la cual le ha permitido una intensa actividad en el país que la tiene continuamente alejada del municipio que gobierna.

La inversión de ese recurso contrasta con la imposibilidad que el municipio ha esgrimido, por carencia de recursos precisamente, para desprenderse de 500 policías de su corporación que reprobaron los exámenes de control de confianza y que por mandato legal  deberán estar separados de sus funciones a mas tardar en el mes de octubre.

La combinación de frivolidad, desapego e ineficiencia, además de la proclividad represora, tienen sumida a la primera administración priista en León tras casi un cuarto de siglo de gobiernos panistas, en una profunda crisis que, de momento, sólo es de imagen pero que en el futuro podría convertirse en crisis política.

La situación debería preocupar más al PRI nacional, que está viendo como el reconocible logro de haber recuperado una de las plazas más panistas del país en julio pasado, podría convertirse en un lastre hacia el futuro, por la escasa capacidad de gobierno que se ha venido mostrando.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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