En Guasave, Sinaloa, los presos respiran aire libre. En 1998, un ciclón dejó a punto del resquebrajamiento las paredes de la cárcel municipal. Bastarían unos golpes a puño cerrado para desgajarlas. Otra forma de escapar sería a través de la excavación. El terreno, sobre el río Ocoroni, se mantiene húmedo. Varias colas de huracán contribuyeron con esa blandura. Cuesta creerlo. Pero ninguno de los internos ha tenido la ocurrencia de la huida en la última década.

El otro pedazo de libertad, los 226 presos de Guasave lo obtienen por la noche. En un sitio donde se alcanzan los 40 grados a la sombra, surge la obligación de buscar fresco. Así que los reos suben al techo de la prisión. Jóvenes y viejos. Anónimos en sus uniformes de camisas desfajadas, parecen sombras.

Estos reos no dan miedo. Integran un páramo irreal en este pedazo del norte de México, observado con lupa por su condición geográfica, siempre en claroscuro por los estigmas del narcotráfico.

En el territorio guasavense, con más de 270 mil habitantes, está encajada una paradoja. Las cifras estadísticas de delincuencia, las de la Policía Municipal, muestran quincenas completas sin delitos de ninguna especie entre 2007 y 2010. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) reconoce que es una de las municipalidades con menor peligrosidad del país.

Lo bautizaron como “el corazón agrícola de México”, porque la mitad de su valle sirve para el cultivo de sorgo, frijol, tomate y maíz. Con la producción del maíz sinaloense contribuye con 500 mil hectáreas al año, la quinta parte.

Para el ciclo hortícola –que dura de septiembre a abril– arriba un flujo migratorio de hombres, mujeres y niños proveniente de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Durango.

Así es Guasave. Un punto de tolvaneras grises, último enclave de paz antes del llamado triángulo dorado, semirural hasta los 70. Justo aquí, la SSPF empezó a operar el cuarto penal de máxima seguridad nacional (Centro Federal de Readaptación Social Número 8 ) a pesar de una crispada oposición de la sociedad civil y el sector económico.

Inauguración del penal

En una acción que no fue notificada ni al gobierno del estado ni al ayuntamiento, la SSPF trasladó a 200 reos del Distrito Federal a Guasave el pasado 5 de julio. Dos aviones Boeing 727 aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte, en Los Mochis. Una vez que los presos pisaron suelo sinaloense, fueron llevados en siete autotransportes a la carretera 300, donde se ubica el penal.

Elementos de la Policía Federal Preventiva y miembros del Ejército custodiaron al convoy que abrió paso por la carretera Los Mochis-Topolobambo.

Por el operativo sin notificación, el Consejo de Seguridad del ayuntamiento presentará una queja formal ante la SSPF. Abel Meza, secretario ejecutivo de ese órgano, exclama: “Violentaron la autonomía municipal. El presidente (Ramón Barajas López) está muy molesto. Llegaron con medidas de seguridad impresionantes. Un desfile de camionetas blindadas. Causaron expectación y alarma. La confusión fue porque no se sabía nada. De dónde eran. Quiénes eran. Qué querían”.

Contrario a las palabras del consejero, el gobernador del estado, Mario López Valdez, justificó el despliegue federal, una vez que había concluido. “Son delincuentes y se tienen que tomar las medidas y extremar precauciones para no poner en riesgo a nadie”, dijo.

Aún sin directiva y sin haber completado el personal de 500 puestos de trabajo, los reos empezaron a vivir en el centro penitenciario. Ahora están en un terreno que hasta hace 15 años fue de hortalizas y perteneció al agricultor ya fallecido Ramiro Castro. Se lo vendió al gobierno del estado en 1999.

La batalla perdida

Abel Meza presidió la barra de abogados del municipio hasta 2009. Es defensor de los derechos humanos en la región. Durante 12 años completó kilos de papel para justificar por qué el cuarto penal de máxima seguridad no debía instalarse en Guasave. Protagonizó un ir y venir del municipio al Distrito Federal. Habló en mesas redondas y publicó desplegados en la prensa. Se reunió con gobernadores. Les arrancó compromisos de palabra.

Hoy admite su frustración. Dice que ya no hay marcha atrás, que ha perdido la batalla, que el funcionamiento de ese centro penitenciario es “cosa juzgada”. Ahora, lo que hay que vigilar es el respeto a los derechos humanos, expresa.

Lo mismo sostiene el diputado local Rosendo Enrique Camacho Luque, presidente del Comité Municipal Campesino Número Ocho, otro de los opositores históricos. “Ya ni llorar es bueno. Lo que debemos defender es que la comida que se reparta en el penal provenga de Guasave”.

Otro de los hombres que lideró la oposición a este penal fue Ignacio Bórquez, el agricultor más representativo de la región. Amigo personal de Pedro Infante, cuenta con parte de su legado. Ya no pudo hablar para esta historia. Se ha retirado de la vida de los negocios con 97 años de edad. Su familia dice que prefiere no enterarlo de lo que ocurre.

En 2009, Ignacio Bórquez dijo en entrevista para el semanario Día Siete: “Es una desgracia que Guasave reciba este castigo. Que le implanten una cárcel de esta naturaleza, de máxima seguridad, y que manden a los reos más peligrosos. ¿Cómo podremos librarnos de esta situación?”.

Psicosis es lo que se respira en Guasave, resume Abel Meza, el defensor de los derechos humanos. “Late el presentimiento de que el entorno social va a cambiar. Vamos a perder la tranquilidad. Cierto que esa tranquilidad ya era muy relativa porque poco a poco a Guasave lo absorbió la vorágine de la violencia. Pero, ¿por qué razón nos mandan un penal? ¿Para qué crispar la raíz de violencia que hay aquí?, dice a Sinembargo.mx con tono de seria molestia.

Con más de 300 años de historia, en el municipio no hay un juzgado de distrito –el más cercano se encuentra en Los Mochis, que es un polo de desarrollo, pero no una municipalidad– de modo que los procesos penales no serán realizados en la demarcación. Los reos serán trasladados ya sentenciados. Y para el defensor de los derechos humanos ello supone enfrentamientos con balas en intentos de rescate.

Se basa en un antecedente: la reubicación de Jerónimo Gámez García, supuesto financiero de los Beltrán Leyva, del penal de Matamoros al de Tepic, Nayarit (mediana seguridad) en abril de 2009. Más de 30 sicarios atacaron a las fuerzas federales y militares en la transferencia. Seis agentes federales y dos funcionarios penitenciarios cayeron muertos. Para la capital nayarita hubo toque de queda y a partir de entonces, una sensación de miedo.

¿Podrá Guasave con su destino? El especialista en Seguridad Nacional, Eludier Tirado, expone: “Los penales de máxima seguridad en México, sin excepción, están asociados con la violencia: Almoloya en el Estado de México; Puente Grande en Jalisco y Matamoros en Tamaulipas. Ninguno tiene buena fama. Son espacios que han mostrado una entraña que se pudre. No resulta atractivo para ningún pueblo tener un penal de esta categoría. Jamás, en su historia, han dado la idea de seguridad”.

Crónica de una contradicción

En 2008, el Congreso de la Unión aprobó en el presupuesto de Egresos de la Federación una partida de 441 millones de pesos a la SSPF para la operación de la cárcel de máxima seguridad de Guasave. Pero ese mismo año, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, la dependencia informó que esa cárcel no era de la competencia del Sistema Penitenciario Federal.

Según el subsecretario José Patricio Patiño Arias, a cargo de ese sistema, el centro penitenciario fue ofrecido a la federación por el gobierno de Sinaloa en la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad el 21 de agosto de ese mismo 2008, cuando era gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Después de ello, personal de la dependencia visitó las instalaciones en cinco ocasiones. En ninguna avisó al ayuntamiento.

Meza Sandoval, el ex presidente de la barra de abogados, sostiene que el ex mandatario Aguilar Padilla había dado su palabra ante un grupo de letrados de la región que el penal no sería de máxima seguridad. Se utilizaría, más bien, para despresurizar las cárceles de Sinaloa; sobre todo, las de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, saturadas al doble.

El 30 de marzo de 2009, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció en una rueda de prensa que se construirían dos penales en México, uno de supermáxima seguridad en Papantla, Veracruz, y el otro de mediana seguridad con un módulo para secuestradores en Guasave, Sinaloa.

Después del traslado de los 200 reos el cinco de julio de este año, el ayuntamiento guasavense pidió a la SSPF información precisa del nivel del centro penitenciario. Es el cuarto penal de máxima seguridad del país, informó la dependencia a la autoridad municipal, de acuerdo con el consejo de seguridad.

Y sin embargo, empezó a operar

El elefante rosa despertó. Así bautizó la población al edificio del penal. El nombre, el edificio lo ganó por su tamaño y el color de su tabique. Pero sobre todo, por 13 años de ociosidad.

Iniciada su construcción en 1999 y concluido su equipamiento en 2004, con una inversión de 162 millones de pesos, la cárcel permaneció vacía hasta el pasado cinco de julio. Tiene capacidad para 2 mil 400 reos. Al edificio lo revoloteaban las lechuzas.

Y la razón para no operar durante todo ese tiempo, fue de gobierno. Después de su construcción, el gobierno estatal de Juan S. Millán adujo que no contaba con recursos y el federal de Vicente Fox respondió que tal cárcel no era de su competencia. El mismo argumento rebotó en las administraciones de Jesús Aguilar Padilla y Felipe Calderón.

A un año y medio del término de la administración calderonista y con Mario López Valdez como gobernador (candidato por la alianza que conformaron el PAN, PRD y Partido Convergencia), se hizo borrón y cuenta nueva. El penal ha empezado a funcionar. La sorpresa es de todos. El deterioro se había apropiado del sitio. Es un terreno entre parcelas de trigo y maíz, cercano a una empresa agrícola importadora de hortalizas donde trabajan cientos de jornaleros.

Dos temporadas de huracanes lo afectaron. Los tres módulos de las construcción: las oficinas, el hospital, los talleres, los espacios deportivos quedaron carcomidos por cientos de días de soledad. La vejez le llegó en forma prematura.

Poco antes del operativo del 5 de julio, le modificaron el rostro. Un equipo de albañiles le resanó parte del concreto y eliminó algunas enredaderas aferradas a la malla ciclónica.

En estos días, el sol se desploma sobre el edificio del nuevo centro federal de readaptación social número 8. A ese espacio, en el norte de Sinaloa, llegaron 200 reos procesados por delitos federales y con su presencia se inauguró el cuarto penal de seguridad del país. El municipio, que ha encadenado la pacífica producción agrícola con el sonido de bala, encara un nuevo destino.