Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Organizaciones no gubernamentales denunciaron la situación de violencia y discriminación contra las mujeres en México y dijeron que es consecuencia de la falta de políticas públicas adecuadas para abordar de manera integral y con perspectiva de género “las problemáticas estructurales que subsisten en el país”.
“México sigue siendo un país de contrastes, en el que los avances normativos que se difunden y la creación de instituciones gubernamentales que se promocionan por parte de las autoridades coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad, en el cual las mujeres enfrentan mayores riesgos y obstáculos”, dijeron en un comunicado de prensa varias ONGs.
Es el caso de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, entre otros organismos, que señalaron: “La violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una problemática estructural arraigada en un sistema patriarcal de profunda desigualdad”.
Dijeron que la militarización en el país ha agravado esta situación provocando un aumento de la violencia, afectando con particular a las mujeres de todas las edades. Aunado a ello, denunciaron el alto nivel de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.
“México cuenta con un marco legal amplio tanto a nivel estatal y federal, ha ratificado múltiples convenciones internacionales encaminadas a la eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Sin embargo las deficiencias normativas y la falta de coordinación entre las instituciones y la falta de un presupuesto suficiente y etiquetado no han permitido la implementación satisfactoria de este marco”, dijeron las ONGs firmantes.
Refirieron que una de las manifestaciones más visibles de la violencia de género en el país es el aumento de los índices de feminicidios en todo el país. Como ejemplo, dijeron que en los dos primeros meses del año en curso en Oaxaca aumentaron 300% los feminicidios en comparación con el mismo periodo el año anterior.
Asimismo denunciaron que en el estado de Chihuahua en el 2014 han sido registrados 27 casos de feminicidio. “En muchos de estos casos, los feminicidios han sido en contra de niñas y mujeres adolescentes”.
Los organismos civiles indicaron además que las garantías de los derechos humanos de las mujeres de comunidades indígenas presentan rezagos significativos respecto de otros grupos poblacionales. “Ser mujer y ser indígena en México sigue implicando dificultades materiales específicas al momento de acudir a las instancias de justicia”, dijeron.
Recordaron que a partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción en 2008, la criminalización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado.
“Durante el período 2009 – 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto. Ello implica un incremento significativo, ya que de 1992 a 2007 fueron en promedio 62 mujeres denunciadas y/o procesadas. Es decir, en el comparativo entre ambos períodos, un promedio de 163.8 mujeres más son denunciadas cada año. Lo anterior resulta preocupante en un país donde la tercera causa de mortalidad materna es el aborto”, denunciaron.
Las ONGs precisaron que dadas las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, “las mujeres están en riesgo de ser procesadas y sentenciadas por ‘cometer’ el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo”.
Informaron que se tiene el registro de 34 casos y documentados otros 10 por parte de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el periodo que va de junio de 2011 a marzo de 2014, de mujeres sujetas a procesos penales por el delito de aborto.
Sobre la política implementada en materia de una vida libre de violencia para las mujeres en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y su Reglamento, dijeron que contienen un novedoso mecanismo denominado alertas de violencia de género (AVG) para enfrentar la violencia feminicida.
Recordaron que del 2008 hasta la fecha, se ha solicitado ocho veces dicha alerta en el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, desde su existencia nunca se ha emitido a pesar de las solicitudes, aún con nuevos procedimientos anunciados a principios de 2014.
En cuanto a las agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó recientemente las agresiones contra 242 activistas y comunicadoras en todo el país en donde existe un 97% de impunidad en los casos.
“Tan sólo en el primer trimestre de 2014, la RNDDHM registró 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. Dicho esto, es importante señalar el subregistro existente, en la medida en que en muchas ocasiones las mujeres defensoras y periodistas s no denuncian las agresiones y amenazas que enfrentan”, denunciaron los organismos civiles.
