El editorial del diario El Mañana de Nuevo Laredo del domingo 13 de mayo, es la reacción a la acción emprendida contra ese medio y otros periodistas de investigación en México, por parte del crimen organizado y el narcotráfico.

Lamentablemente para los lectores y los ciudadanos mexicanos, el editorial de El Mañana es el anuncio del ejercicio de un periodismo cauto, la apelación a la autocensura como herramienta de defensa y supervivencia.

No es gratis tal situación, no fue la del consejo editorial de El Mañana una decisión tomada a la ligera, al calor de la situación, o por comodidad, cosa contraria es una acción que refleja la frustración, el coraje y la impunidad que en México acaba poco a poco con núcleos sociales, sectores industriales, comerciantes y que provoca éxodos.

El viernes 11 de mayo, pasadas las nueve de la noche, fueron baleadas las instalaciones del periódico radicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También fue lanzado un artefacto explosivo. Afortunadamente no hubo lesionados; más allá del daño físico a automóviles e instalaciones del medio de comunicación, lo que lacera es el mensaje de quienes gobiernan y dictan políticas públicas y editoriales apoyados por armas y explosivos, ante la incapacidad del gobierno local, y del federal también, para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, así como la seguridad de los gobernados incluidos aquellos que ejercen el periodismo.

En el editorial del domingo 13 de mayo, dos días después de ocurrido el atentado, señalaron los periodistas “… este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país. El consejo editorial y de administración de esta empresa ha llegado a esta lamentable decisión, obligado por las circunstancias que todos conocemos, y por la falta de condiciones para el libre ejercicio del periodismo. Sólo se abordará el tema a través de la opinión profesional de los analistas que estudian el fenómeno y lo tratan de manera responsable.

“Sin embargo, no desfallecemos ni claudicamos en el afán de promover los valores que dignifiquen a la sociedad mexicana: el valor de la justicia social y económica, la legalidad, la responsabilidad, el trabajo honesto y bien remunerado, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso con la educación”.

Los miembros del crimen organizado y del narcotráfico que atacaron las instalaciones del diario en Nuevo Laredo, han ganado una batalla. La impunidad que desde el gobierno federal se concede a estos delincuentes dio un fruto más en perjuicio de una sociedad informada.

Para quienes defienden al presidente Felipe Calderón Hinojosa, argumentando que no es una persona la causante del caos de violencia cruenta, la presión a periodistas y medios de comunicación, las miles de ejecuciones, y el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país en los últimos seis años, baste recordarles que él y nadie más que él, es el comandante supremo de las fuerzas armadas de México, que Calderón y nadie más, es el responsable de la seguridad, la procuración de justicia, de las estrategias de prevención y de mantener el estado de derecho para beneficio del pueblo de México.

Si los narcotraficantes, si los criminales que asesinan mexicanos, que atentan contra periodistas, no están en prisión, dicha acción se transforma en un mensaje de aliento para continuar derramando sangre, silenciando medios y tomando territorios.

En los últimos años cada vez más periódicos y medios en el norte de la República Mexicana recurren a la autocensura en temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, porque fueron víctimas de un crimen, sea la desaparición de un comunicador, la amenaza, los disparos y la muerte. Es evidente que no hay condiciones en los estados del norte para la libertad de expresión. Y esto se debe en grande medida a la falta de acción por parte de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y sus respectivas homólogas en los estados, para contener a partir de la investigación, la persecución y el procesamiento de los criminales que atentan contra la sociedad.

No es simplismo, es lógica: si el asesino de un mexicano, de un periodista, de un abogado, médico, joven o anciano, es perseguido, detenido, procesado y sentenciado, el estado mexicano aparte de cumplir con su obligación y responsabilidad, enviaría un mensaje de cese a la impunidad. En un escenario como en el que nos encontramos ahora mismo, donde empezando por el Ministerio Público, siguiendo con la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad, y los Juzgados, los delincuentes están libres, nadie va tras ellos, no son siquiera mencionados en una averiguación previa, y tienen altas posibilidades de haber cometido el crimen perfecto por el cual no recibirán pena alguna.

Nunca he estado de acuerdo con un trato preferencial para los integrantes de la prensa en México. Creo firmemente que es responsabilidad de los gobiernos promover la tranquilidad, la paz y la seguridad física y social de todos los mexicanos sin importar a qué se dedican, cuál sea su oficio o profesión. Los periodistas, sin embargo, están en medio de las entidades de poder y la sociedad. Los periodistas son los ojos, los oídos y la voz de una sociedad. Tienen la preparación y la vocación para buscar, conseguir, analizar y publicar información que un ciudadano común ocupado en su trajín diario no podría conseguir porque su gobierno se la oculta.

Los periodistas son los relatores de una realidad. Pero los periodistas en México están solos. Lo se de cierto: la información que se recaba para una publicación sobre el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la colusión de estos con el gobierno, está en manos de las autoridades. Los periodistas no inventan nombres, ni apodos, ni narcotraficantes, ni cárteles, los periodistas dan a conocer los entretelones de un mundillo corrupto donde aquellos que deberían investigar, ocultan información para favorecer no precisamente al desarrollo de una investigación, sino a la clandestinidad y la impunidad de una o varias personas, incluso de una organización.

Esta circunstancia vulnera a los periodistas. El Estado al servicio del crimen organizado es el principal enemigo de la prensa en México, y de la sociedad, que con decisiones como la tomada por el consejo editorial de El Mañana, pierde acceso a la información, pierde noción de la realidad, se vuelve ciega.

En estas condiciones de horror, en los últimos doce años, más de 100 periodistas han sido asesinados en México. Sus casos no están resueltos en la mayoría, por lo tanto no se sabe a ciencia cierta si el crimen está relacionado con el ejercicio del periodismo o en otra circunstancia. Nunca como ahora los periodistas han tenido tal vulnerabilidad. Entre los conteos que realizamos en el Semanario ZETA, uno tiene que ver con los atentados a los periodistas.

Aquí las cifras logradas por el reportero Enrique Mendoza Hernández, en su último reportaje sobre el tema, titulado: “México, lugar equivocado para el periodismo”: “Tres homicidios contra periodistas fueron cometidos durante la administración de de Díaz Ordaz (1962-1970); seis en la gestión de Luis Echeverría (1970-1976); 12 en tiempos de López Portillo (1976-1982); 33 en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988); 46 en el mandato de Salinas de Gortari (1988-1994); 24 cuando gobernó Ernesto Zedillo; 28 cuando Fox; y 75 en cinco años y medio de gobierno del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

Los números son logrados a partir de la consulta de la estadística en poder de asociaciones de defensa, protección y organización de periodistas en México y en el mundo. La realidad es preocupante. Mientras el estado mexicano, siga protegiendo –por omisión, por incapacidad, o por decisión– a los asesinos de los periodistas y la sociedad en general, las muertes no cesarán.

Adela Navarro Bello

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