La funcionaria del Poder Judicial apuntó que la publicación de la denuncia anónima en contra de Arturo Zaldívar constituye “un elemento desafortunado” tanto para la resolución jurisdiccional como para la coyuntura política.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que fue ilegal la publicación de la denuncia anónima en contra del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y otros impartidores de justicia del Poder Judicial, misma que procedió con la investigación en su contra, ordenada por la actual titular de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.
A través de un breve boletín, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que el mero acto de hacer pública una denuncia anónima y el acuerdo de inicio de indagatoria en contra del exministro presidente de la SCJN, sobre todo durante esta etapa electoral, implica una ilegalidad, pues alertó los riesgos que existen al proceso formal, además de que contraviene la práctica general de la Suprema Corte.
“La Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral”, dijo.
También comentó que la publicación de la denuncia en contra de Zaldívar constituye “un elemento desafortunado” tanto para la resolución jurisdiccional, si procediera, como para la coyuntura política actual.
Con relación a la denuncia anónima presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en virtud de que me han solicitado entrevistas al respecto, quiero hacer algunas precisiones.
No puedo adelantar criterio porque la… pic.twitter.com/S98v0YCnba— Lenia Batres (@LeniaBatres) April 15, 2024
Precisó que si bien no puede adelantar algún criterio porque la eventual decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puede ser revisada por la propia Suprema Corte, sí dio a conocer también que nadie la ha presionado para elegir al personal de su ponencia, así como tampoco a su coordinador. “De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión”, añadió.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que la investigación ordenada por la Ministra presidenta Norma Piña Hernández en contra de Arturo Zaldívar se trata de “una venganza”.
“Ahora hay un debate en contra del exministro [Arturo] Zaldívar; y, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima, y le dieron celebridad, justicia pronta y expedita. Y pues ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del Ministro Zaldívar“, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.
Cuando se le pidieron unas palabras para el abogado, el mandatario mexicano dijo: “Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes: porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara del combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial; y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese Poder que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones de jueces, de magistrados y de ministros”.
Desde Palacio Nacional, acusó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) “está al servicio de potentados, y de la mafia del poder económico y político”. De acuerdo con López Obrador, sus integrantes “no representan al pueblo”. Para sustentar sus declaraciones, mencionó algunas acciones recientes en las que se han detectado irregularidades.
“A ver si mañana que es [conferencia sobre] seguridad, se da a conocer cómo un grupo de magistrados ya resolvieron cancelar la prisión domiciliaria preventiva, la prisión preventiva oficiosa. Ya lo resolvieron, violando la Constitución. Todavía no resuelve la Suprema Corte y ellos ya resolvieron, y esto significa impunidad para presuntos delincuentes de mucha peligrosidad. Mañana vamos a tratar este asunto”, adelantó.
Por su parte, Arturo Zaldívar señaló que la Suprema Corte carece de un marco jurídico para sancionarlo.
Por medio de sus redes sociales, el expresidente de la SCJN aseguró que las acusaciones en su contra sólo demuestran que es un “problema político electoral” para demeritar al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.
La SCJN carece de un marco jurídico para sancionarme. Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T.… https://t.co/ca8h4UrSpA
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 14, 2024
“Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T”, mencionó.
Con base en un documento anónimo, presentado sin pruebas el 8 de abril, la Ministra presidenta de la SCJN ordenó iniciar una investigación contra Arturo Zaldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en cuyo escrito de denuncia se involucra también a jueces y magistrados, así como al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a Netzaí Sandoval, asesor de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.
En ese sentido, el Ministro en retiro, quien es el asesor de la candidata Claudia Sheinbaum para la Reforma al Poder Judicial, relató para SinEmbargo cómo empezó a circular en los chats dicha denuncia a la cual le quitaron los metadatos para que no pudiera identificarse de dónde salió.
“Desde ahí, para mí, era obvio que eso se había enviado desde la presidencia de la Corte, pero pensé que se iba a quedar en una cuestión mediática, pero el miércoles inopinadamente la Ministra Presidenta admite a trámite esta denuncia violando la normatividad de la materia y además todos los precedentes”, aseveró.
Arturo Zaldivar expuso que además de violarse el sigilo y la secrecía de las investigaciones, se vulnera el principio al debido proceso, el principio de presunción inocencia, el derecho de defensa y daña, de manera seria, la imagen y reputación de al menos 61 personas que trabajan y trabajaban en el Poder Judicial y todo sin ninguna prueba.
