Hace unos días el Instituto para la Economía y la Paz presentó su actualización del Índice de Paz México 2016.

Patricia de Obeso, la Directora para el capítulo México, explicó los principales hallazgos del estudio. Yo tuve el gusto de participar en la sección de expertos con un texto sobre periodismo en tiempos violentos. 

Para mí, el hallazgo más relevante tiene que ver con el estancamiento en la tendencia de “paz negativa” (ausencia de violencia) que muestra el país en los últimos dos años y el crecimiento de “paz positiva” (factores que fortalecen a sociedadades pacíficas) en ciertas regiones del país para el mismo periodo.

Este estancamiento evidencia que la estrategia de combate al crimen organizado a través del uso de las fuerzas armadas y la decapitación de carteles no funciona, como el Gobierno federal insiste en repetir.

Otro hallazgo que preocupa mucho es la discrepancia entre los homicidios que reportan las Procuradurías Estatales y los registrados en el INEGI según actas de defunción. Eso explica, por ejemplo, que Veracruz figure como uno de los estados más pacíficos en el país, pues la discrepancia es del 37 por ciento. Es decir, el gobierno de Javier Duarte solo registra 6 averiguaciones por cada 10 homicidios en la entidad. Si eso no es simular seguridad, no se que sea.

“Hemos señalado tres factores en el reporte: el primero de ellos, el más alarmante y que más nos cuestiona, es la discrepancia que hay en las cifras de homicidios… eso es una dificultad para quienes trabajamos con cifras oficiales, porque estamos viendo que de alguna manera no está reflejada la realidad”, dijo Patricia de Obeso en entrevista con SinEmbargo. 

Pero lo que yo más aprecio del índice es su aspiración ambiciosa por monitorear y evaluar fenómenos tan complejos como la violencia, la inseguridad, el crimen organizado y la eficacia del sistema judicial a través de un enfoque multidisciplinario y con un claro propósito de construcción de paz.

En un país en que los datos no son materia prima común, sino un preciado tesoro, es de agradecer que se pretenda, con todo lo difícil que resulte el ejercicio, aplicar herramientas complejas e innovadoras para comprender mejor nuestra realidad social vía la transparencia y el conocimiento técnico.

Un contraste apreciable también en el reporte es que existe mayor violencia en lo estados “ricos” del país (el norte en general). Me atrevo a explicarlo debido a que esa zona representa un mayor pastel económico a repartirse entre el crimen organizado y por eso vale la pena pelear “la plaza”. También la cercanía con la frontera estadunidense y el mercado de drogas más lucrativo del mundo, ayuda para comprender la importancia de la posición estratégica de dichos estados.

Muchas de las interpretaciones anteriores conducen a un destino muy claro: la eficacia del sistema de justicia es igual de mala en todo el país. (Ver gráfica arriba)

Los datos de impunidad son brutales. Entonces el índice sirve para entender que las variaciones entre estados no obedecen necesariamente a la capacidad de las autoridades para ejercer su poder y aplicar justicia, sino más bien a las dinámicas internas de ajuste violento entre los carteles y las condiciones de las regiones en las que operan: mercados, pactos, concesiones, códigos.

Pero sobre todo, hay un comportamiento que no pude dejar de notar y que incluso comenté con Paty: en los estados más violentos es donde se aprecia una mayor evolución en la construcción de paz positiva.

¿Error de la metodología? No lo creo, al contrario, aventuro una hipótesis esperanzadora: ahí donde el miedo y la violencia (sobre todo los homicidios) están más presentes, es donde la sociedad ha empezado a construir (o al menos lo intenta) sus anticuerpos. En Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa la sociedad se organiza cada vez mejor para incidir en su realidad social.

No soy ingenuo, los resultados todavía están muy lejos de lo deseable. Las buenas intenciones y los esfuerzos de los ciudadanos por incidir en temas de seguridad, corrupción policial, prevención del delito o procuración de justicia todavía no alcanzan a traducirse en políticas públicas efectivas e instituciones confiables.

La narcopolítica, el crimen organizado y el sistema corrupto siguen allí, resistiendo cualquier posible viento de cambio.

Pero sí creo que empezamos a poner las cosas en su sitio: a prestar atención a los temas que duelen y proponer alternativas para cambiarlos. Aunque la clase política nos diga que sí sobre la mesa de cabildeo y luego no ningunee en la toma de decisiones, los ciudadanos estamos en el camino de construir (a pura presión) los mecanismos institucionales que nos empoderen en serio.

Insisto. El índice es sumamente perfectible. Una herramienta multidisciplinaria para intentar medir algo tan complejo como la paz no puede nunca estar acabada. Como dijera el periodista Marco Lara Klahr durante la presentación: la construcción de paz es un proceso continuo y permanente. Realmente celebro que empecemos a contar con mejores herramientas para comprender a fondo nuestra realidad violenta.

Esa realidad que grita todos los días la profunda crisis de derechos humanos que habitamos. Una realidad negada por el Presidente Peña Nieto lo mismo en Europa que ante el relator de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mientras tanto, las autoridades siguen siendo incapaces de decirnos dónde están los 43 de Ayotzinapa. A ojos de todos, nuestras instituciones hacen agua. Resulta imposible pedir confianza a la ciudadanía, pero sí podríamos oponer un acompañamiento exigente del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ambos mecanismos son poderosos, pero tampoco van a funcionar si los ciudadanos los dejamos al libre arbitrio de la clase política. Tenemos que empujar en el Congreso Federal y en los Congresos Locales su implementación correcta y rápida.

Si queremos empezar a revertir nuestra realidad violenta y poner a los criminales en su sitio, primero los ciudadanos tenemos que asumir el nuestro: el de la responsabilidad.

Adrián López Ortiz

https://www.sinembargo.mx/author/adrianlopez

Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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