Diego Petersen Farah
15/04/2016 - 12:01 am
Corrupción y crimen organizado
Pablo Escudero, Senador plurinominal por el Partido Verde, se define a sí mismo como un funcionario de carrera, especializado en temas de control, transparencia y vigilancia
Pablo Escudero, Senador plurinominal por el Partido Verde, se define a sí mismo como un funcionario de carrera, especializado en temas de control, transparencia y vigilancia, según dijo al portal ADN Político, y no considera que su carrera esté vinculada para nada a Manlio Fabio Beltrones, aunque éste sea su suegro. Beltrones es, según él, un dato menor, circunstancial en su carrera política. Hoy, gracias a su experiencia como contralor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no a Manlio, preside la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado, una de las que está dictaminando la iniciativa ciudadana anticorrupción conocida como Ley 3 de 3.
Este Senador dijo que quienes impulsan la iniciativa están pidiendo a los senadores que violen la Constitución al proponer que se establezca la intervención de llamadas telefónicas para perseguir a los corruptos y dijo que los 600 mil ciudadanos detrás de la iniciativa “quieren que se viole la Carta Magna”.
La iniciativa 3 de 3 propone en el artículo 54 : “la autoridad encargada de la investigación podrá usar medios de grabación o medios ocultos para documentar las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que suceden los hechos en materia de discusión; para la intervención de comunicaciones privadas se requiere autorización del Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente…”
Efectivamente, en este país está prohibido grabar conversaciones ajenas, aunque los políticos lo hagan todo el tiempo, salvo en los casos de crimen organizado cuando un juez así lo autorice, y está expresamente prohibido hacerlo para asuntos de materia electoral, fiscal y administrativa. Pero, justamente de lo que se trata es de entender que la corrupción no es una asunto administrativo, sino de asociación delictuosa.
Mientras sigamos pensando, o permitamos que los políticos en turno impongan la idea de que la corrupción es un problema administrativo que se debe subsanar con contralorías o trabas burocráticas o que se trata de un tema cultural (el Presidente dixit) no vamos a salir del hoyo. Con los mismos argumentos alguien puede alegar que el narcotráfico es cultural, pues hay pueblos enteros que se han dedicado por más de tres generaciones a ello y porque la aspiración de muchos jóvenes, bajo el lema de más valen diez año bien vividos que una vida de jodidos, es convertirse en narcos.
Desde el momento en que se da la colusión para la corrupción, cuando el jefe tránsito le pide al subordinado una cuota de mordidas hasta las mochadas repartidas entre varios funcionarios por un concurso de obra o compras, ahí hay sociedad para cometer un crimen, ahí hay crimen organizado.
Sí, aunque les duela, hay que tratar a los políticos corruptos exactamente igual que a los narcos. No es un asunto de derecho administrativo ni electoral, lo que tenemos enfrente es una mafia que está esquilmando al erario.
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