Activistas y organizaciones dicen que el operativo “Transmisión del Poder Ejecutivo” para resguardar la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 inició una nueva relación entre Los Pinos y la sociedad, que implica “un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión”. La lista de agravios es larga en menos de 16 meses de gobierno del mandatario emanado de las filas del PRI, agregan. Pero esto apenas comienza…

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– En menos de año y medio, Enrique Peña Nieto y los legisladores priistas en ambas cámaras del Congreso de la Unión han diseñado un andamiaje jurídico para reposicionar la figura de la Presidencia de la República, orientado a controlar las cabezas de los órganos autónomos e incorporar la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación (Segob), dicen analistas, organizaciones y activistas.

En los últimos días, este armazón legal tendido desde Los Pinos pretende que el Senado le otorgue una Ley Federal Telecomunicaciones y Radiodifusión que implicará crear una norma con severos retrocesos en materia de libertad de expresión e información, así como graves violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.

“Esta ley de telecomunicación debe entenderse en su contexto y no de forma aislada: obedece a un agresivo paquete de reformas estructurales que entregan los bienes de la Nación al sector privado [Reforma Energética] y se vulnera los derechos de los trabajadores [reformas Laboral y Educativa]; obedece también a una reconfiguración del Estado mexicano en un Estado autoritario”, advirtió el padre Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Votoria.

Más aún, con la colaboración de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y hasta de la Revolución Democrática (PRD), este andamiaje jurídico ha pretendido criminalizar la protesta social. A través de distintos mecanismos, se han tomado acciones de diferente nivel para intentar limitar las voces disidentes y los espacios de protesta, coinciden.

“Frente a un gobierno autoritario, la libertad de expresión y de las ideas no son compatibles”, aseguró la Diputada federal Loreta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, una de las más férreas opositoras a la llamada Ley Sotomayor, o Ley para regular las Marchas en el Distrito Federal, propuesta por el panista Jorge Sotomayor.

En los congresos estatales de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y Distrito Federal se han implementado o pretendido implementar una serie de reformas legales para “regular” las marchas, evitar su tránsito por avenidas principales o para incrementar penas a manifestantes “violentos”.

En el Distrito Federal, los cuerpos policiacos iniciaron una serie de acciones administrativas y procedimientos que se traducen en constantes “encapsulamientos de contingentes”, lo que ha decir de activistas defensores de derechos humanos, pareciera más una provocación o un intento por inhibir la participación ciudadana en protestas legítimas, que un verdadero esfuerzo por preservar la seguridad de los manifestantes.

LEY TELECOM

La iniciativa para crear la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado, que se discutirá en comisiones a partir del 21 de abril, contiene disposiciones relacionadas con el control político de las telecomunicaciones y de violación a los derechos de libertad de expresión, de información, acceso a las tecnologías digitales, privacidad de las comunicaciones y libertad de asociación, entre otras.

Sin embargo, encierra también una amenaza para los sitios de periodismo digital y portales de noticias. “Están en absoluto peligro, basta con que la autoridad diga que no son convenientes para la seguridad nacional, incluso la ley no dice qué autoridad tiene que decidir eso, habla de la autoridad en abstracto. ¿Quién lo va a hacer?, ¿la policía?, ¿la policía federal?, ¿el Cisen?, o ¿la DEA? o ¿la CIA?”, afirmó el periodista y académico Virgilio Caballero, en entrevista para Sin Embargo.

El ex director general del Canal del Congreso se refirió a la fracción tercera del artículo 145 de la citada iniciativa de Ley, la cual se localiza en el capítulo “De la neutralidad de las redes”, respecto a la licencia para permitir el bloqueo de ciertos contenidos.

Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:

III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.

Virgilio Caballero lamentó la “masacre constitucional” que pretende legalizar la propuesta de Peña Nieto. De estos riesgos latentes, destacó el que se refiere a la libertad de expresión.

“Entre los peligros mayores está la agresión abierta a  derechos constitucionales, a libertades individuales y colectivas, que nunca habían intentado poner en las leyes mismas. Por ejemplo, la propia censura a internet es algo que ningún país se ha permitido poner en las leyes, lo llevan a cabo en los hechos, pero aquí se quiere imponer una tiranía policiaco-militar en la ley”, afirmó.

La iniciativa conocida por algunos como la Ley Peña-Televisa contiene, en el capítulo de “Colaboración con la Justicia”, un catálogo de disposiciones que otorgan poderes excesivos a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el monitoreo y vigilancia de contenidos.

“Realmente es una cuestión muy peligrosa que pase esta iniciativa porque tiene un tufo ‘echeverrista’, ni siquiera es del PRI neoliberal, es del PRI más autoritario, el que venía de [Luis] Echeverría y [José] López Portillo, cuando ya estaba tan deslegitimado que tuvo que volverse autoritario”, señaló a Sin Embargo María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora del Departamento de Sociología, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I).

La Ley Peña-televisa pretende otorgar facultades discrecionales a las agencias de seguridad del Estado (Secretaría de Gobernación, Cisen, PGR, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional) para solicitar a los concesionarios de servicios de telecomunicación bloquear señales en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional”.

En cuanto a los datos obtenidos mediante localización geográfica en tiempo real –misma que no necesitará orden judicial según el CNPP– los concesionarios de servicios de comunicación tienen la obligación de resguardarlos hasta por 24 meses a partir de la comunicación intervenida. Ello implica un lapso de tiempo desproporcionado e injustificado.

“Al menos encontramos 20 violaciones a la Constitución, muy graves, que no solamente nos regresan hasta antes de haber votado la reforma constitucional, sino que nos regresan hasta los tiempos López Portillo, cuando el Presidente decidía quién habla y quién no, quién opina y quién no, y que debería uno decir”, advirtió la Senadora Dolores Padierna, del PRD.

CONTRA PROTESTA SOCIAL

Diversas organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como Article 19; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica; Serapaz; y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria presentaron el Informe “Control del Espacio Público”.

Los activistas denunciaron que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República se endurecieron los mecanismos para criminalizar la protesta social, limitar a las voces disidentes al régimen político y reducir los espacios de expresión. Además, observaron que las acciones para inhibir la protesta social incluyen la deslegitimización, la censura en las calles, en las redes sociales, así como el castigo penal de la disidencia.

En el informe se explica que la protesta social es un derecho ciudadano incluido de forma intrínseca en otros derechos, como las libertades de expresión y de reunión. Asimismo, la manifestación es un elemento indispensable de todas las sociedades democráticas, ya que permite, a personas y comunidades, expresar su inconformidad ante acciones específicas del gobierno.

“Si es algo que nos preocupa mucho y que está en el origen del análisis de estas reformas constitucionales ilegales a nivel federal y de varios estados, que se esté pretendiendo, queriendo configurar y consolidar un Estado que inhibe, que castiga y que criminaliza la protesta”, dijo el director del Centro de Derechos Humanos, el Padre Miguel Concha Melo, en entrevista con SinEmbargo.

Para el investigador del Instituto Mexicano de Democracia y Derechos Humanos (IMDDH) Edgar Cortez, la tendencia de criminalizar las protestas sociales es de parte de gobiernos de todas las ideologías, no sólo del gobierno federal.

“No sólo el de Enrique Peña Nieto, hay una tendencia de todos los gobiernos, incluidos los de izquierda, lo que ha pasado en los últimos meses en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (en el DF), la expropiación que ha hecho del Zócalo se inscribe en esa lógica. Hay una perspectiva de los gobiernos, sean del PRI, PAN o PRD de querer tener a la sociedad controlada y como espectadora pasiva de sus políticas, que no sea participativa, que no esté involucrada, discutiendo temas públicos, que esté calladita, que vaya a votar y ya”.

Ambos activistas en derechos humanos consideraron que hay una estrategia de querer mostrar a quienes protestan como conflictivos, problemáticos y hasta como delincuentes.

“Eso está generando tanto al marco jurídico y contribuyendo ellos a exacerbar, de querer poner  a los sectores sociales que protestan como rijosos, violentos y no como ciudadanos que tienen necesidades y requerimientos y en muchos casos vienen de tocar muchas puertas municipales, estatales e incluso del gobierno federal sin ser atendidos”, dice Cortez.

Agregó que lo que se vive actualmente “es una época donde el Estado tiene más tintes represivos y que construye un marco jurídico en contra de los ciudadanos y a favor del poder para un ejercicio de éste sin cortapisas, y eso sea rasgo del pasado o no, no podemos perder de vista que está pasando en muchos países donde hay una tendencia controlar a la sociedad. Entonces nuestra lucha hay que inscribirla en este debate de gobiernos que quieren acotar a la ciudadanía, y la ciudadanía que está buscando tener un papel más central, destacado e influyente en las decisiones políticas”.

La criminalización de la protesta asume múltiples formas: De manera directa, puede verse limitada a través de disposiciones normativas que expresamente intentan regular la manifestación pacífica e imponer medidas de restricción a los derechos que la integran, y que por tanto son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, también se criminaliza de forma indirecta, aquí la vía común es el incremento de penas a delitos que suelen utilizarse para emprender acciones legales contra manifestantes, con la creación de tipos penales abiertos que se utilizan para los mismos efectos, o con otras leyes que tengan implicaciones criminales sobre el ejercicio de la protesta social.

Cabe destacar que México, como muchos países de América latina y el mundo, no cuenta con mecanismos formales de participación y de respuesta a las demandas de distintos grupos que se consideran oprimidos o que no están de acuerdo con las políticas gubernamentales, aunque sí existen, en muchas ocasiones, campañas de animadversión por parte de los medios de comunicación oficiales.

“El problema que yo veo es primero la construcción cultural y social y la otra es la ausencia de mecanismos reales para resolver las demandas que están atrás de la protesta social. Una tarea importantísima de los medios es el reconocimiento de las identidades y de las agendas que motivan la protesta social, el poder explicarlas públicamente”, explicó Dolores González Saravia, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz.

En México no existe la figura de plebiscito y la reciente Ley de la Consulta Popular no dejó satisfecho a nadie, ni servirá para la reciente demanda de un amplio sector de la izquierda en México que pide consultar a la Ciudadanía sobre la reforma energética del Presidente Peña Nieto, que abre el sector energético a la iniciativa privada.

LEY SOTOMAYOR

El 23 de marzo de 2013, el Diputado panista Jorge Sotomayor Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para incluir el tipo penal contra la paz pública y sancionar de 10 a 20 años de prisión a quienes pongan en riesgo bienes públicos o privados por actos vandálicos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, en otras palabras, por fuego o por bombas, molotov.

“El derecho de manifestarse termina donde empieza el derecho de un tercero, no es posible que una persona utilizando una bomba molotov o utilizando fuego, se haga escuchar, no es posible porque está dañando a una persona o sus bienes, al tener este tipo de conductas”, afirmó Sotomayor al defender su propuesta ante comisiones.

La iniciativa que más tarde se conoció como “Ley Sotomayor” también planteó incrementar las penas si los manifestantes usaban máscaras, paliacates y pasamontañas. Asimismo, planteó regular las marchas, para evitar que los contingentes bloquearan avenidas principales o cerraran el paso a edificios públicos

Organizaciones civiles inmediatamente rechazaron esta ley con la advertencia de atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación.

“De aprobarse dicha iniciativa de ley, se daría un importante retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la Ciudad de México”, alertaron en un comunicado conjunto.

Pero la medida va más allá, la restricción sobre horarios y espacios en los que pueden realizarse las manifestaciones, pasa por alto lo señalado por los órganos de Naciones Unidas:

“…el Relator Especial recomienda como una de las mejores prácticas la aplicación de “leyes sobre la libertad de reunión [que] eviten prohibiciones generales con respecto a la hora y el lugar de celebración de reuniones y contemplen la posibilidad de imponer otras restricciones que impliquen una menor injerencia… La prohibición debe ser una medida de último recurso y las autoridades podrán prohibir una reunión pacífica únicamente cuando una medida menos restrictiva resulte insuficiente para lograr los objetivos legítimos de las autoridades”, se lee en el informe “Control del Espacio Público”.

Asimismo, las restricciones sobre las vías de comunicación, principales y secundarias, restringe desproporcionadamente el uso del espacio público y puede considerarse a esto un mecanismo de censura indirecta, prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos.

REGULAR MARCHAS

El 20 de noviembre de 2013,  las bancadas de PRI, PAN y PVEM en el Senado, encabezados por la panista Mariana Gómez del Campo, presentaron la iniciativa para crear la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, que tendría aplicación concurrente en la federación, las entidades federativas y los municipios.

La iniciativa que se quedó “congelada” en comisiones de la cámara alta, atenta contra los derechos fundamentales de manifestación, asociación, reunión y tránsito contenidos en los artículos 6, 9 y 11 de la Constitución.

Establece horarios, permisos, prohibiciones absolutas de utilizar vialidades primarias y un esquema de responsabilidad solidaria por presuntas infracciones cometidas durante protestas.

Aquí algunas de las regulaciones:

• Los organizadores de la marcha tiene la obligación de dar aviso a la Secretaría de Gobernación, o a la entidad pública estatal, del Distrito Federal, municipal o delegacional; encargada de la concertación política, 72 horas antes del evento.
• Los participantes deberán marchar sin armas, sin proferir injurias y sin violencia.
• Las marchas, asambleas, protestas, plantones o manifestaciones, sólo tendrán lugar en lugares públicos como parques, jardines, áreas verdes, explanadas, zonas de recreo, centros deportivos y vialidades.
• Se prohíben terminantemente los bloqueos.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, con opinión de la Comisión especial de movilidad para los trabajos legislativos.

También para el Distrito Federal, pero en esta ocasión en la Asamblea Legislativa, se planteó la Ley de Movilidad del Distrito Federal, presentada por Diputado local, Manuel Granados, del PRD.

El incremento en el número de manifestaciones en la Ciudad de México, como respuesta a las reformas estructurales cocinadas en el seno del Pacto por México, en las materias de educación pública, energía y cambios fiscales, provocaron un enorme descontento en la ciudadanía, que fue aprovechado por el legislador para posicionar su iniciativa.

En el Distrito Federal se realizaron más de nueve mil marchas en las calles capitalinas en 2013, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF).

En el informe “Control del Espacio Público”, se advierte que la sobre regulación de un derecho, como es el caso de la protesta social con leyes como la Iniciativa de Movilidad “provoca que la materialización y efectiva garantía de los derechos se encuentre entorpecida”.

Agregó que las restricciones desproporcionadas relacionadas con la protesta generan un efecto de silenciamiento, lo que resulta perjudicial con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas.

“FASCISMO CARIBEÑO” 

La Ley de Ordenamiento Social del Estado de Quintana Roo fue aprobada el 24 de marzo de este año por el Congreso del estado, y sólo falta la ratificación del Gobernador Roberto Borge Angulo, para que entre en vigor.

Diversos activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, capítulo México, han advertido aspectos “alarmante” en esta ley, entre ellos, que se dan facultades al gobernador para establecer un mecanismo de imposición de una verdad moral y ética a la sociedad de Quintana Roo.

Esta ley amplia restricciones a la expresión de la protesta social, contempla como sanción hacer ruido por cualquier medio, que “atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo contra la salud”. Impone sanciones por marchar sin permiso y luego si intervienes de alguna manera frente a otra marcha, plantón o bloqueo que sí pidió permiso y se lo autorizaron.

Así también, impone multas altas, hasta cinco mil salarios mínimos para infracciones vagas, ambiguas y totalmente discrecionales.

Amnistía Internacional calificó esta ley como “preocupante”, porque contiene disposiciones de carácter “ambiguo y vago” que más que regular las manifestaciones, parecieran estar encaminadas a producir un efecto silenciador o amedrentador sobre la libertad de expresión, que es contraria a los estándares internacionales de este derecho.

En respuesta a las críticas, en su momento Gabriel Mendicuti Loría, Secretario de Gobierno de Quintana Roo calificó la Ley como “muy positiva”, porque responde a las quejas de los ciudadanos y turistas que se ven afectados cada vez que una marcha bloquea  las principales vialidades de la entidad, la zona hotelera o sus accesos.

EL DERECHO A MARCHAR EN SLP

La Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del estado de San Luis Potosí, fue propuesta por el Diputado Alejandro Lozano González, del Partido Acción Nacional, conocido como “Boris”, con el argumento de que las manifestaciones violan el derecho al libre tránsito.

Su propuesta, que se encuentra en análisis en comisiones del Congreso estatal, pretende reglamentar la Ley de Tránsito del Estado para establecer que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos (de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30). Impone a las personas dar aviso sobre el motivo de la manifestación, fecha y hora, lugar, itinerario, número aproximado de participantes y medidas de seguridad previstas.

Así, la ciudadanía inconforme deberá pedir permiso para manifestarse justamente al generador de la inconformidad y este decidirá si aprueba o no la manifestación. La propuesta llega al extremo de prohibir la participación de niños y niñas en las marchas “que no comprenden el alcance de los eventos en los que se encuentran y que al hacerlo dejan de asistir a la escuela y los colocan en una situación de riesgo innecesaria”.

Señala que  se impondrían multas de 50 a 100 días de salario mínimo y arresto de 36 a 72 horas a quienes se manifiesten sin avisar previamente por escrito, a quienes se manifiesten con el rostro cubierto o a quienes tomen una vía de transporte.

En el informe “Control del Espacio Público”, se advierte que esta iniciativa de ley representa un bloqueo para ejercer los legítimos derechos humanos a la expresión, manifestación y asociación.  Alberga en su articulado prejuicios sobre la idea que las manifestaciones representan un peligro para la integridad de las personas.

Además, faculta a los cuerpos de seguridad para que se disperse una manifestación cuando esta “altere el orden público” o no se realice de “forma pacífica y con un objeto lícito”, esto quedando a consideración de las autoridades.

Las organizaciones no gubernamentales advirtieron que la criminalización de la protesta no es expresión del Estado de derecho, por el contrario, lleva los conflictos de la esfera política al campo judicial, así se configura lo que se ha llamado la judicialización de los conflictos sociales.

LÍMITES EN JALISCO

La Ley que Regula las Reuniones y Manifestaciones en Lugares Públicos del estado de Jalisco, fue redactada por la diputada del PAN, Gabriela Andalón Becerra, y se presentó en septiembre de 2013.

Como las anteriores propuestas, propone establecer como días y horarios para manifestarse de lunes a jueves de las 10:00 a las 12 horas, y de las 16:00 a las 18:00 horas.

Prohíbe la celebración de manifestaciones o marchas en lugares públicos “con valor histórico, cultural, turístico y de notable importancia para el desarrollo y administración del Estado de Jalisco” y la utilización de vialidades de un solo carril.

Un punto de suma preocupación para defensores de derechos humanos es que la ley dispone la responsabilidad colectiva de los “líderes, representantes y manifestantes” por las alteraciones al orden público y afectaciones al patrimonio público o privado, al medio ambiente y a terceros, que generen con su protesta pública.

Ante esté andamiaje judicial para criminalizar la protesta social y atentar con ello la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, la Diputada federal Loreta Ortiz, señaló que es un contrasentido intentar regular una expresión ciudadana, porque se convierten en herramientas para legalizar que las autoridades incurran en represión desproporcionada, así como la investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática y desde una óptica delincuencial de las organizaciones que protestan.

Asimismo, enfatizó no hay necesidad práctica para incrementar penas por disturbios que se generen en las manifestaciones públicas, pues las leyes actuales ya contemplan sanciones para esos supuestos.

“Existen tipos penales que ya sancionan a las personas que comenten delitos como lesiones, homicidio, daños en propiedad ajena, en fin, y van aumentado su penalización con base en la gravedad de daño ocasionado”, afirmó la Diputada federal.