Preferencias y simpatías electorales a un lado, nadie que crea que en México hay una alternativa civil para enfrentar el desafío que supone el crimen organizado puede respaldar la iniciativa de reforma sobre la Guardia Nacional que propuso el presidente el 5 de febrero. Así de simple.

Como se sabe, la reforma rescata la aspiración del presidente López Obrador de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso de por sí es problemático. Sin embargo, como corolario de esa decisión, la reforma esconde varios elementos más, algunos de mayor gravedad que otros. Todos, sin embargo, en contra de la viabilidad de una alternativa civil al reto de la seguridad pública.

Llamo la atención sobre seis elementos de la reforma presidencial:

1) Reconoce, de manera formal, a la Guardia Nacional, junto al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, como una más de las corporaciones de la Fuerza Armada Permanente. Elimina por completo el carácter civil de la institución (artículo 21).

2) Los guardias nacionales quedan sujetos al fuero militar en el supuesto de faltas disciplinarias que éstos cometan (artículo 13).

3) Faculta al presidente de la República disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública sin apenas controles (artículo 89).

4) Elimina la prohibición constitucional de que las Fuerzas Armadas se encarguen de tareas ajenas a la disciplina militar. Al hacerlo, habilita la posibilidad de que éstas reciban responsabilidades y presupuestos civiles para realizar encargos que nada tienen que ver con seguridad nacional (artículo 129).

5) Otorga facultades de investigación a los miembros de la Guardia Nacional (artículo 21), deformando así la función de la justicia civil. Esta reforma deja de lado, además, el único consenso que existe entre analistas como método para mejorar la respuesta del Estado ante el fenómeno criminal: dotar de capacidades de investigación a las policías locales.

6) Elimina a todo el “personal procedente de la existente Policía Federal” de la Guardia Nacional (artículo 6to. transitorio).

Ya habrá espacio para mirar con atención las consecuencias de cada una de estas propuestas, como digo, algunas más graves que otras. Por ahora, dos consideraciones. La primera: con esta decisión, el Estado mexicano renuncia a la posibilidad de contar con una institución civil dedicada a la prevención e investigación de delitos federales. Es una renuncia histórica y que atenta contra el espíritu liberal del Estado mexicano. Así de sencillo. La segunda consideración es igual de espinosa: aumenta significativamente el poder relativo de la Secretaría de la Defensa Nacional frente al resto de las instituciones civiles del Estado. Basta leer algo de historia latinoamericana para conocer las nefastas consecuencias que estas mismas determinaciones provocaron en el pasado.

En la búsqueda de un matiz, aquí una última reflexión: tengo para mí que México necesita a sus Fuerzas Armadas para enfrentar el desafío que supone el crimen organizado. No veo un escenario en el que estas Fuerzas (al igual que otras instancias de inteligencia), dejen de jugar un papel relevante en la respuesta estatal a la inseguridad que enfrentamos. El poder de fuego de los grupos delictivos, así como su diversificación y expansión territorial, demanda una movilización de todas las estructuras gubernamentales para atender el mayor reto que enfrenta el país.

Los alcances de la participación de las Fuerzas Armadas son, por lo demás, dilemas que enfrentan, sin excepción, y más allá del espectro político al que pertenecen, todos los gobiernos de América Latina. Es una discusión repleta de grises, balances y equilibrios que supera, por mucho, nuestras fronteras. Es una discusión global.

En última instancia, ninguno de los argumentos anteriores puede justificar la apuesta por la militarización plena y permanente de la seguridad pública en México. Se trata de una decisión que escapa a la crisis de seguridad actual y pone en entredicho la propia estructura liberal y republicana del Estado mexicano. Suena exagerado, pero no lo es.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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