El cártel de La Familia Michoacana ejerce un poder casi absoluto en el Estado de México. Mediante corrupción e impunidad, el exgobernador Alfredo del Mazo permitió que este cártel se entronizada en el territorio. Hoy es una pesadilla para habitantes de más de la mitad del territorio que viven bajo el terror de este grupo criminal que, según la Secretaría de la Defensa, está encabezado por Johnny Hurtado Olascoaga, conocido en el mundo del hampa como “El Pez”. La Familia Michoacana ha emboscado a policías y ha impuesto su ley mediante el cobro de piso en todo el estado. Nadie se salva. Los hechos más recientes de violencia ocurrieron en el municipio de Texcaltitlán, donde productores de haba, chícharo y avena asesinaron a machetazos a diez miembros de ese cártel, entre ellos a su líder, Rigoberto de la Sancha Santillán, “El Payaso”. La masacre ocurrió porque los sicarios exigían un pago de diez mil pesos por hectárea a cada productor. Ante la indiferencia oficial, los pobladores decidieron hacer justicia por su propia mano. Este hecho es un ejemplo que puede repetirse en todo el país como alternativa frente a la ineficacia del Gobierno de la Cuarta Transformación ante el crimen organizado. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que millones de mexicanos perciben que durante su Gobierno la seguridad pública ha mejorado. Quizá desde Palacio Nacional, en medio de muros y la paz imperturbable de la casa presidencial el mandatario observe un país casi paradisíaco.

Es posible, también, que su atención esté tan enfocada en la elección del 2024 que ya no escucha el fragor de la metralla en Guerrero, Estado de México, Veracruz y otras decenas de entidades donde todos los días ocurren balaceras y muertes, todo ello perpetrado por los cárteles de la droga que en poco más de cinco años su Gobierno no ha combatido.

Es por ello que en varias zonas del país el hartazgo ante la ineficacia oficial llegó a su límite. Es el caso de los campesinos del municipio de Texcaltitlán, enclavado en el explosivo Estado de México. 

El pasado 8 de diciembre ahí ocurrió una matanza, pero ésta vez no fueron los criminales los autores intelectuales y materiales sino los productores de avena, chícharo y haba los que dispusieron de sus armas –machetes y hoces –para defender su patrimonio ante miembros del cártel de La Familia Michoacana, el grupo criminal que ha sembrado terror y violencia en la entidad que ahora gobierna la maestra Delfina Gómez.

La Secretaría de la Defensa Nacional, según se sabe ahora, había alertado respecto de la presencia, cada vez más multiplicada, de miembros de La Familia Michocana en varias demarcaciones del Edomex, pero lo extraño es que nada hicieron: el cártel michoacano se afincó en esos territorios y también en Texcaltitlán. Vivían libres e impunes.

El líder de la célula criminal –Rigoberto de la Sancha Santillán, “El Payaso” –encabezaba un grupo de más de treinta hombres. Todos portaban armas de alto poder y lucían ataviados con uniforme militar. En resumen, todo un ejército de la extorsión.

Así como sometieron a más de la mitad del territorio mexiquense imponiendo el cobro de piso a comerciantes grandes y pequeños, el grupo encabezado por “El Payaso” quiso imponer su ley ante los productores agrícolas: les exigieron diez mil pesos por hectárea. El pago debía ser mensual, en efectivo y en una fecha inamovible.

La célula de La Familia Michoacana convocó al grupo de agricultores a una reunión para acordar los términos del pago. Por parte de los campesinos el representante era Noé Olivares Alpizar, identificado como delegado comunal.

Antes del 8 de diciembre sostuvieron la primera reunión en un campo deportivo. Ahí los sicarios al mando de “El Payaso”, envalentonados, exigieron la cuota fija sin escuchar a los campesinos, quienes trataron de conciliar: dijeron que les había ido mal en sus cosechas. Y argumentaron las razones: la falta de lluvias, baja producción, caída de precios, entre otras razones. “No podemos pagar esa suma”, dijeron.

Las presiones aumentaron y el tono de la exigencia fue más enfático. Acordaron una siguiente reunión para definir la suma que podían pagar los productores. Se programó para el 8 de diciembre.

Pero los agricultores decidieron no pagar y urdieron un plan para acabar con el problema. En concreto, la exigencia de los sicarios de La Familia Michoacana era a todas luces una extorsión, un cobro de piso por hectárea sembrada y los afectados no estaban de acuerdo con pagarle al crimen ni un solo peso.

Ante la ineficacia gubernamental –inseguridad, corrupción, desatención en el municipio y denuncias desoídas por parte de las autoridades –los agricultores determinaron hacer justicia por su propia mano. El día 8 de diciembre el día rompió con un sol espléndido. Acudieron al campo deportivo, tal como lo habían acordado con los maleantes, pero los más de cincuenta hombres al mando de Noé Oliver Alpizar habían afilado sus machetes y sus hoces.  Estaban dispuestos a morir antes que pagarle al crimen el derecho de piso. Y así se hizo. En el momento del encuentro los miembros de la Familia Michoacana, con los ánimos crispados, exigieron que pagaran. Sacaron sus armas. “Si no pagan se mueren”, les gritaron. Los comuneros, superiores en número, se abalanzaron contra los sicarios y a machetazos asesinaron a diez integrantes del cártel michoacano, entre ellos, a Rigoberto de la Sancha Santillán, “El Payaso”, jefe de la célula criminal.

También murieron cuatro pobladores de ese municipio, entre quienes se encuentra el delegado de los comuneros –Noé Olivares Alpízar --, quien organizó a los campesinos.

Testimonios consultados sostienen que una señora fue la que mató a “El Payaso”, jefe del grupo criminal, a puñaladas; luego lo tundieron a machetazos igual que al resto de sus secuaces y, posteriormente, les prendieron fuego. Así se impuso la ley en Texcaltitlán ante la indiferencia oficial.

Edomex: Bajo el yugo de La Familia Michoacana

Durante el Gobierno de Alfredo del Mazo –quien sembró una verdadera pesadilla en el territorio debido a la impunidad de que gozó el crimen –La Famili Michoacana se apropió de la entidad y en todos los municipios impuso, a la fuerza, el cobro de piso a todo tipo de comerciantes. Hasta los taqueros le tenían que pagar al crimen para no ser desaparecidos o asesinados.

De acuerdo con información de la Sedena y la Fiscalía del Estado de México, el líder de La Familia Michoacana responde al nombre de Jhonny Hurtado Olascoaga y es conocido en el mundo del hampa como “El Pez”.

Este grupo criminal está ligado a otro que opera en el Estado de México: Los Hermanos Sánchez, encabezado ahora por Lencho Sánchez o “El Señor de los Caballos”; es hermano de Álvaro Sánchez Sánchez, “El Tartamudo”, quien el pasado mes de abril fue abatido en su rancho “Los Tres Hermanos, en Querétaro, por un grupo armado del que hasta ahora nada se sabe. El día de su muerte, el grupo irrumpió en el rancho y asesinó a Álvaro Sánchez, a su esposa –Orfelina Rebollar –y a otros tres familiares. El rancho contaba con diez mil cabezas de ganado: una parte fue asegurada y otra –aseguran pobladores --fue robada por la gente.

La Familia Michoacana, con el respaldo de las policías del Estado de México, domina varios municipios, entre otros, Nopaltepec, San Felipe del Progreso, El Oro, Villa Victoria, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Coacalco, Cuautitlán, Apaxco, Tepetraoxco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ecatzingo, Tonatico y Tlatlaya.

También controla Luvianos, Axapusco, San Martín de las Pirámides, Temascalcingo, Palotitlán, Timilpan, Jipilco, Tezoyuca, Sochitepec, Amecameca, Valle de Bravo y Zinancatepec, entre otra veintena de demarcaciones.

En todos estos municipios y, en muchos casos, con la protección de las policías e incluso de altos funcionarios de la Fiscalía mexiquense –el cobro de piso se convirtió en un flagelo tan pernicioso como los crímenes, levantones, secuestros y los asaltos carreteros. Las autoridades muestran impotencia ya por  complicidad o bien por incapacidad. Por ello, la impunidad campea por doquier.

Comercios establecidos en mercados o bien ambulantes, empresarios y hasta vendedores de seguros están bajo la ley del cobro de piso: se trata de cuotas que impone el crimen organizado; quienes no escapan a esta realidad también son los productores agrícolas –aguacateros, productores de limón y hasta los abarroteros --están forzados a pagar cuotas que van desde los cincuenta mil hasta el medio millón de pesos mensuales para no ser asesinados y desaparecidos.

Frente a este grave problema, en todo el territorio nacional miles de comerciantes han decidido cerrar sus negocios, pues aseguran que ya no pueden pagarle al crimen. “No podemos estar entregándole nuestras ganancias a los delincuentes”, dicen en medio de la impotencia.

Nadie frena el cobro de piso

Crímenes, desapariciones, feminicidios, emboscadas contra policías y un perturbador cobro de piso son los flagelos que ocurren todos los días en el país y la entidad más crítica es el Estado de México, gobernada ahora por la maestra Delfina Gómez, quien recibió una entidad plagada de violencia y criminalidad.

La entidad está atenazada por tres cárteles de la droga: La Familia Michoacana es el más poderoso; le siguen Los Viagras y algunos brazos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, éste último es considerado como la organización más bélica del país. Actualmente disputa el control territorial en el Edomex con los grupos mencionados.

La Familia Michoacana es el cártel que más municipios domina en el Estado de México; en todas las demarcaciones ha impuesto su ley a base de muertes, venganzas y amenazas a la población en general, pero particularmente a los comerciantes, pues les exigen cobro de piso y para ello les piden “de la manera más atenta” que aumenten los precios de sus productos para cubrir la cuota semanal, quincenal o mensual al grupo delictivo.

Este flagelo perturbador ha sido denunciado por algunos comerciantes en el municipio de Luvianos, demarcación localizada a unas tres horas de Toluca, muy cerca de Tejupilco, entraña del crimen.

Cuentan que los sicarios y operadores de La Familia Michoacana arribaron al lugar y anunciaron su irrupción con mantas en las que destacaban sendos mensajes respecto a su presencia; ofrecieron limpiar de violencia el territorio, pero les pidieron a los comerciantes pagar su cuota correspondiente. Y tras la petición vino la amenaza: “El que incumpla se muere”.

Entre los comercios que ingresaron a la lista del crimen figuran gaseras, tortillerías, tiendas de abarrotes, molinos de nixtamal, carnicerías, pollerías, pescaderías, tlapalerías, talleres mecánicos y talacheros (levanta ponches), juguerías, misceláneas, tiendas de materiales de construcción, papelerías, taquerías establecidas y ambulantes, licorerías y ultramarinos, bares, burdeles, table dance, restaurantes, fonditas, cocinas económicas, estacionamientos y hasta los llamados “Viene Viene” le deben pagar a La Familia Michoacana tres pesos por cada auto que estacionan. Tampoco escapan los lavadores de automóviles callejeros y establecidos, así como lustradores de calzado que deambulan por las calles y parques.

El cártel michoacano también pasó la charola por las purificadoras de agua, veterinarias, tiendas de alimentos para ganado de todas las especias y razas –las forrajerías --y no quedaron fuera del “entre” mueblerías ni los espacios comerciales que ofertan aparatos eléctricos y materiales para electricidad.

Los talleres de torno y soldadura recibieron el mensaje de que debían pagar el piso correspondiente, así como hoteles, moteles y casas de asistencia y hasta los llamados changarritos que venden fritangas deben cubrir, puntualmente, su pago a la Familia Michoacana.

El mensaje criminal también llegó a los tianguis que se colocan en calles céntricas los fines de semana o días festivos: ahí deben pagar los vendedores de plásticos, ropa, comida, zapatos y también los que ofertan utensilios de cocina. El modesto taquero ambulante no se escapa. El piso también lo deben pagar despachos contables, negocios dedicados a los bienes raíces y hasta el vendedor de una propiedad debe reportar la venta de una casa o automóvil y pagar por ello.

A través de su mensaje, el crimen organizado solicitó a todos los comerciantes de Luvianos –y de una treintena de demarcaciones más del Estado de México --aumentar el precio de sus productos entre un tres o cinco por ciento a fin de que “su economía no resienta” y, de esa forma, puedan cumplir con el obligado pago. “A cambio, recibirán protección”, ofrece el cártel de La Familia Michoacana.

El flagelo del cobro de piso ha avanzado en todo el país, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador cierra los ojos ante la perturbadora práctica forzada. Desde Palacio Nacional criminaliza cualquier crimen, como ocurrió con los cuatro estudiantes de Guanajuato. Dijo que los habían asesinado por comprar drogas. Pero los exámenes toxicológicos, practicados a los difuntos, revelaron que los jóvenes asesinados no habían consumido ningún narcótico.

El consumo de drogas no debe criminalizarse. En otros países se respeta porque impedir el consumo de alguna sustancia viola los derechos humanos. Así, mientras el mandatario criminaliza incluso el consumo de drogas el crimen sigue viviendo un festín en el sexenio de la impunidad, pues mata, desaparece, cobra piso y no pasa nada. Y nada, es nada.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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