Las instituciones locales de seguridad, tanto las municipales como las estatales, son como esos pliegos de papel que, si no se manejan con cuidado, cortan. Aquellas instituciones y estos pliegos de papel se asemejan en tanto son, al mismo tiempo, débiles y capaces de dañar, es decir, su fragilidad no les impide utilizar sus escasas fortalezas en contra de los sujetos incorrectos, como en Iguala. En este contexto, la estrategia federal de seguridad busca más centralizar esfuerzos para solucionar crisis específicas de violencia que fortalecer instituciones locales.

El más grande error del presidente Calderón al diseñar su política de seguridad fue sobredimensionar el poder de las instituciones de seguridad y subestimar el de la organizaciones criminales. El mandatario quiso acabar de golpe con el crimen organizado en todo el país, pasando por alto que las instituciones del Estado mexicano, y particularmente las estatales y municipales, no tenían las capacidades suficientes para cumplir con tan alto objetivo.

La actual administración intenta resolver crisis de seguridad desde el centro, en lugar de apostar por el fortalecimiento institucional desde abajo. El ejemplo más nítido es Michoacán, donde se diseñó la figura del comisionado como respuesta al fracaso de las instituciones locales. Sin embargo, Michoacán no es un caso aislado. Esta misma lógica se replica, por ejemplo, en la creación de la Gendarmería, cuerpo de élite dedicado a hacer frente a crisis regionales de inseguridad.

En la entidad más recientemente colocada en el ojo del huracán, Guerrero, además de que las instituciones son débiles, se utilizan ilegalmente sus pocas capacidades, como en Iguala. La debilidad institucional se evidencia, por ejemplo, en las limitaciones de la procuraduría estatal para conducir una investigación pronta, minuciosa y transparente en el caso de los estudiantes desparecidos, así como en el personalismo del gobernador Aguirre, quien con sus desplantes de poderío aparenta que el gobierno estatal es de su propiedad.

A esta situación, de suyo complicada, hay que sumar condiciones estructurales que alientan la violencia en el estado, como la larga tradición guerrillera en las montañas, la accidentada geografía y la larga implantación de cárteles de la droga en el puerto de Acapulco, uno de los principales centros de consumo del país.

Ahora bien, la muestra más cruda de que las instituciones guerrerenses utilizan sus escasas capacidades para propósitos que violan la ley es la colusión del alcalde y la policía de Iguala con la delincuencia organizada, situación que derivó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

No es que esté mal per se la intervención del gobierno federal en Guerrero. Lo preocupante es que Guerrero se vuelva un nuevo Michoacán, donde se implementen decisiones tomadas desde el Centro para apaciguar la crisis, pero se postergue indefinidamente el fortalecimiento de las instituciones locales. El riesgo de la estrategia Michoacán y potencialmente de la estrategia Guerrero es que los mismos problemas que ahora sufren estas entidades se presenten de nueva cuenta en el futuro cercano, pues las instituciones estatales y municipales seguirán sin tener la fuerza y el apego a la legalidad requerido para enfrentar eficazmente al crimen.

Las intervenciones federales son reactivas, ajenas a las especificidades de cada estado y  centradas en el corto plazo, es decir, todo lo contrario del fortalecimiento de las instituciones, que es proactivo, inmerso en las particularidades del territorio en cuestión y proactivo. A veces será necesaria la intervención del gobierno federal, pero es un error no fortalecer a las instituciones locales al parejo que se interviene.

Aun cuando contar con instituciones efectivas es indispensable para combatir al crimen, esto no basta. Adicionalmente, debe asegurarse que el comportamiento de las instituciones se ciña a la legalidad. Actualmente, las instituciones de seguridad, aun cuando son de papel, cortan a inocentes, como en Iguala. En consecuencia, desarrollar instituciones fuertes que no ofrezcan garantías de legalidad, podría ser más una amenaza que una promesa. Instituciones fuertes sí, pero también comprometidas con la legalidad.

Si no se fortalecen las instituciones locales y se les redirecciona hacia la legalidad, nadie debe sorprenderse si surgen más crisis regionales de inseguridad, incluso en estados donde el gobierno federal ya ha intervenido.

@GermanPetersenC

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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